La Argentina sufrió un revés este viernes en el juicio por la expropiación de la petrolera YPF: la Justicia de los Estados Unidos decidió avalar el reclamo de los ex accionistas de la compañía que podría superar los 15.000 millones de dólares en concepto de indemnización.
La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, aceptó el planteo que promovieron el grupo británico Burford Capital y Eton Park, al considerar que el Estado argentino no pagó la indemnización correspondiente luego de reestatizar YPF en 2012.
Ante la consulta de este medio, en YPF rescataron una de las interpretaciones de la jueza Preska y que el revés no supone un riesgo para los activos de la compañía petrolera.
“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes”, evaluaron.
Burford Capital es un mega bufete de abogados se caracteriza por financiar litigios y, en este caso, opera con los derechos para reclamar de la compañía Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su reestatización.
En tanto, Eton Park ingresó en 2010 a YPF con la compra del 1,63% del capital por unos U$S 250 millones. Esa participación se redujo en 2012, poco después de que se aprobara en el Congreso de la Nación el proyecto que envió la entonces presidenta Cristina Kirchner para reestatizar la compañía. Sin embargo, Eton Park se mantuvo como el quinto mayor accionista.
Por lo pronto, en la demanda contra Argentina se reclaman más de U$S 15.000 millones, pero la jueza Preska evitó avalar el monto. La magistrada concedió una sentencia sumaria para los litigantes pero pidió realizar nuevos cálculos para determinar el monto de la indemnización.
Al respecto, los representantes legales del Estado argentino y de YPF rechazan la cifra que elevó el grupo Burford Capital y creen, que en caso de tener que pagar, el monto no podría superar los 146 millones de dólares.
El Estado argentino aún tiene instancias para apelar el fallo pero, según trascendió, Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.
