Fecovita pide celeridad en sus causas judiciales

En el anexo de la Legislatura en calle Espejo el jueves, miembros del directorio de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), acompañados por 50 productores, se reunió con los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, a fin de exponer “las falencias en el pedido de imputación que hace el fiscal Iturbide”, comentó Rubén Panella, presidente de Fecovita.

La entidad, que se encuentra en el centro de un debate que abarca tanto la esfera legislativa como judicial, pide celeridad en sus causas judiciales. En el contexto de la presentación, Panella expuso las discrepancias de la entidad con la imputación por orden del fiscal Alejandro Iturbide, la cual atribuye irregularidades en la relación entre la federación y la empresa Iberte, representada por el empresario español Retamero.

El fiscal sostiene que Fecovita es deudora de Iberte y que hubo demoras en la inscripción de la sociedad por parte de la federación, señalaron desde Fecovita durante la presentación. Pero, Panella afirmó que la documentación demuestra lo contrario, señalando que “la deuda es de Iberte hacia Fecovita” y que las demoras fueron responsabilidad de la firma española. En su exposición, el dirigente resaltó la importancia de un fallo que “archive la causa”, como ya había decidido previamente el fiscal Damore.

“La comisión dijo que se iba a reunir, debatir el tema y llevar al recinto, así que creemos que vamos a continuar el tema en la parte legislativa”, señaló Panella. Quien agregó que en terreno legal han apelado, ante la jueza de Garantías, “la decisión del fiscal Uturbide. Estamos esperando que la jueza fije audiencia para tratar este tema, por eso la imputación no se concretó y se suspendió por el pedido que hicimos ante la jueza Arenas”, explicó.

En Derechos y Garantías

Por su parte, el diputado José Luis Ramón, integrante de la Comisión de Derechos y Garantías, destacó la trascendencia de la reunión, a la que asistieron más de 50 representantes de las cooperativas que forman Fecovita. Quienes presentaron ante la comisión nuevos documentos sobre la empresa Iberte.

“La pregunta, déjame que se la haga. Es decir, ¿cuáles serían, así concretamente, los elementos que surgen de toda esa investigación que se ha llevado en Eslovaquia que es el origen de la empresa? -dijo Ramón-. Exactamente. -contesto Panella-. “La última vez que se hizo un balance fue en 2012. Balance 2023 no han presentado. Fuimos a su domicilio. Ese domicilio, hoy día, es un portón cerrado con un buzón que dice Iberte para destacarlo. Es todo lo que exista en Eslovaquia de esta empresa”, agregó Panella.

Finalizada la reunión, el diputado del monobloque subrayó que, “tras analizar la documentación aportada, surgen dudas sobre la legitimidad de Iberte”. Afirmó que la empresa no habría cumplido con los requisitos iniciales para su participación, careciendo de un capital real y un domicilio conocido en Eslovenia. Esta información, obtenida a través de investigaciones y consultoras especializadas, será clave en el proceso legislativo y en la revisión de la acción judicial.

¿Y esto qué significa? “Que hay papeles que indican que es una empresa, Iberte, la que generó todo; que no tiene el capital que dijo que tenía para aportar en su momento y no tiene un domicilio real conocido en Eslovaquia”, explicó José Luis Ramón.

“Como Comisión viene un proceso de discusión entre todas las fuerzas políticas que la integran y en la Cámara de Diputados, porque queremos pedir información, queremos saber qué es lo que está ocurriendo en la justicia penal y por qué no se está resolviendo como corresponde”, enfatizó el legislador del bloque de Consumidores y Ciudadanos.

“Porque de toda la documentación y testimonios que hemos logrado recaudar, demuestran a las claras que se está persistiendo un hostigamiento judicial y penal en contra de una cooperativa que es una nave insignia para toda la población”, concluyó.

Impacto económico y social

El conflicto no solo afecta a Fecovita como institución, sino también a los más de 5.000 productores que dependen de la federación. Ramón expresó su preocupación por el impacto económico y social que este tipo de conflictos genera en las cooperativas, calificando la situación como un “hostigamiento judicial” hacia un modelo asociativo clave para Mendoza y Argentina.

La comisión legislativa anunció que seguirá debatiendo el tema, con la intención de solicitar mayor información sobre el desempeño del sistema judicial en este caso. Según Ramón, las pruebas aportadas no estarían siendo consideradas de manera adecuada por los fiscales, lo que suscita cuestionamientos sobre la imparcialidad de las decisiones tomadas hasta el momento.