El Gobierno se apresta a anunciar la semana que viene su decisión de incrementar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de forma “más acelerada” que lo acordado con los gremios y las patronales en abril pasado, después de haber dado luz verde para la revisión de las paritarias con incrementos de hasta el 45% para este año.
El 27 de abril se desarrolló la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en la que se definió un aumento del 35 por ciento del salario mínimo, vital y móvil en 7 tramos no acumulativos.
De esta manera el nuevo monto, definido por mayoría con 31 votos a favor y 1 abstención, pasará a ser de 29.160 pesos recién en febrero de 2022. El acuerdo preveía un escalonamiento de un 9% en abril, 4% en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en agosto y 5% en noviembre de este año, sumando un último tramo también de 5% en febrero del año próximo.
Esa aprobación se hizo en medio de un fuerte rebrote inflacionario, que había comenzado ya en diciembre. Incluso, para entonces ya estaba en duda la proyección de inflación del 29% estipulada en el Presupuesto 2021. A comienzos de junio el Gobierno dio por sepultada aquella previsión.
A pocos meses de las elecciones legislativas, fue el propio presidente Alberto Fernández quien salió a ponerle el cuerpo a ese reconocimiento de que la inflación está muy por encima de lo previsto por el Gobierno. El 23 de junio fue personalmente a la Asociación Bancaria y rubricó en carácter de “testigo” el aumento salarial del 45% que consiguió el gremio tras la revisión.
Inyección al consumo
Ahora, el Gobierno busca acelerar el incremento del Salario Mínimo que en julio trepa a apenas 25.920 pesos. Ese monto es solo el 40,2% de los 64.445 pesos que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ya en mayo para no caer por debajo de la línea de la pobreza. Al tipo de cambio “solidario”, el SMVM es de apenas 155 dólares.
Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Fernández, fue el primero en confirmar la idea de aumentar más rápido el salario mínimo. En televisión, habló del objetivo oficial de “inyectar más recursos de los trabajadores” en la economía y “hacer girar la rueda del consumo”, el cual representa el 70% del PBI argentino.
En el acuerdo de abril, hubo dos puntos que hicieron prever que esto podía ocurrir antes de las elecciones: se fijó una cláusula de revisión permanente; y Fernández se reservó la facultad para aumentarlo. En caso de hacerlo, esto se aplicará también a las prestaciones por desempleo que paga el Estado.
Este jueves, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo en declaraciones a la radio AM 750 que “la decisión de incrementar el salario está tomada”. Y precisó que ahora el Gobierno está viendo cuál es la herramienta más adecuada. Si es una reunión del Consejo o si se puede adelantar uno de los tramos. Pero el objetivo está claro y es que evolucione más rápido el salario mínimo”, dijo Moroni.
Tensión con la UIA
Moroni salió este jueves a defender la decisión de prorrogar hasta el 31 de diciembre la prohibición de despidos. “Es una medida que ha mostrar una eficacia enorme en beneficio de la comunidad, en medio de este fenómeno del medioevo en el siglo XXI. Lo que teníamos que hacer era mantener los contratos de trabajo”, dijo.
El funcionario afirmó que esa prohibición de despidos se dio en un marco en el que el Estado asistió a las empresas para que pudieran pagar salarios, primero con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y después con el denominado Repro.
De esta manera, el ministro le respondió a la Unión Industrial Argentina (UIA), desde donde en las últimas horas salieron críticas al Gobierno por prorrogar hasta el 31 de diciembre la prohibición de despidos, lo cual se oficializó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 413.
En la central fabril esperaban que la prohibición cesara el 31 de agosto. Ahora, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja elaborará el martes en reunión de Consejo Directivo un documento para presentárselo a Moroni, en el que pedirán rever la medida.
También la UIA propondrá avanzar con la “modernización” de los convenios colectivos de trabajo para poder generar nuevas adecuaciones laborales que permitan a las empresas acelerar la demanda de mano de obra.
Pero Moroni aclaró que “no está en la agenda del gobierno” una reforma laboral como la que desde hace varios años vienen planteando no solo los industriales sino gran parte de las patronales del comercio y otros sectores.
“Lo dijimos de entrada, la reforma laboral no está en nuestra agenda. Y no es un capricho que no esté, sino que no hay demostración empírica que demuestre que las modificaciones laborales en ese sentido mejoren la situación del empleo. Las series más grandes de crecimiento del empleo fueron entre 2006 y 2012, con estas mismas normas laborales. Tenemos una excelente ley”, dijo Moroni en declaraciones a la radio porteña AM750.
Fuentes oficiales consultadas por este medio dieron por descartado que el Gobierno vaya a rever el DNU 413. Incluso para Moroni la prohibición de despidos permitió salvar entre “800 mil y un millón” de puestos de trabajo.
Moroni dijo estar tranquilo con la situación. Afirmó que hubo empresarios con los que habló y le dijeron que si ellos hubieran reducido sus planteles como en el peor momento de la crisis pretendieron hacerlo, hoy no podrían tener a sus compañías en actividad.
“Entonces, si los empresarios dicen eso, a veces cuando hay una declaración para analizar de una entidad que intermedia, a veces es para calmar los ánimos internos. La verdad es que no me preocupa mucho”, afirmó Moroni.
