El G6, que reúne a las compañías más grandes del país, y numerosas asociaciones de pequeñas y medianas empresas (pymes), expresaron hoy un fuerte llamado al oficialismo y a la oposición para que aprueben en el Congreso el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el FMI para refinanciar la deuda que el país tiene con ese organismo.
Los dirigentes empresariales coincidieron en forma unánime en que un default multiplicaría los problemas estructurales y coyunturales de la Argentina, aumentaría de inmediato la pobreza y la indigencia, y dejaría al país en un aislamiento internacional imposible de sortear.
Gustavo Weiss, nosotros queremos señalar enfáticamente que estamos absolutamente de acuerdo en el no default. Las consecuencias macroeconómicas y sociales de un default serían dramáticas con consecuencias enormes y distorsiones aún más profundas que las actuales.
Por este motivo abogamos por el acuerdo, que es muy superador de cualquier otra alternativa posible. Y queremos señalar con agrado que uno de los fundamentos que se mencionan claramente es que la inversión en infraestructura económica y social va a aumentar.
“Esto es absolutamente inusual porque cada vez que hubo acuerdo con el FMI lo primero que se restringió fue el gasto y lo más fácil era ajustar el gasto de capital. Y este no es el caso, porque la inversión se incrementa a 2% del PIB”, dijo Weiss.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, expresó que “el campo está convencido que mucho peor sería el escenario de un default”. Y pidió que a partir del acuerdo se ordene la macroeconomía, se reduzca la inflación, se logre un único tipo de cambio, se reduzca la presión tributaria y se mejoren las expectativas.
“Creemos también que la Argentina debe aprovechar la postergación de los desembolsos hasta 2026 para instrumentar mecanismos que permitan un mayor desarrollo económico en base a la inversión y al empleo”, dijo Pino.
El ruralista dijo que si el Gobierno le levantara las trabas e intervenciones que tiene el sector agropecuario, el campo podría incrementar su aporte a la economía de la Argentina para los años de crecimiento que se necesitan.
Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, afirmó que por la delicada situación de la Argentina se necesita “patear para adelante un poco” y “hacer las cosas que hay que hacer”, porque si no “en tres o cuatro años la Argentina estará en una situación similar”.
“Hay que hacer los cambios que se necesitan para comenzar a transitar el camino hacia un país normal. No puede ser 45% de pobreza. No puede ser que chile tenga 55 empresas cada mil habitantes; México, 50; y Brasil, 25; y en Argentina hay 13″, se quejó Grinman.
Javier Bolsico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, dijo que no existe punto medio en esta situación: “O hay acuerdo o hay default”. E indicó que los banqueros son “conscientes de lo difícil que son estas negociaciones” por lo que la entidad ya ha “expresado nuestro reconocimiento al Poder Ejecutivo por haber alcanzado este acuerdo técnico”.
“La refinanciación de la deuda per sé no resuelve ninguno de los problemas económicos y sociales que tenemos actualmente, pero sí genera las condiciones necesarias para que sean abordados por el Gobierno”, dijo Bolsico.
El banquero señaló que una nueva cesación de pagos “se transformaría casi inmediatamente en mayor pobreza y exclusión”.
“No acordar con el Fondo aislaría a la Argentina del mundo, de los mercados económicos y financieros. Sería algo parecido a que sacaran al país de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT)”, dijo Bolsico.
El sistema SWIFT representa a más de 11.000 instituciones en más de 200 países del mundo. Contiene diseños de software junto con un modelo de varios niveles de respaldo y una infraestructura tecnológica de claves públicas que le permite a distintas entidades poder realizar todo tipo de transacciones.
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dijo: “Estamos absolutamente de acuerdo que junto con el acuerdo con el FMI es imprescindible que el Gobierno de una vez por todas presente un plan económico”.
El empresario dijo que ese plan económico no solo debería indicar cómo será la reducción del déficit fiscal, sino que también debe “incentivar a la inversión privada para que sea el motor de la generación de empleo de calidad, el motor de la nueva Argentina”.
“Sin un sector privado pujante no hay contribuyentes y sin ellos es improbable un Estado presente”, advirtió Gabbi.
El empresario dijo también que “a los argentinos no nos cuestionan la capacidad de pago sino la voluntad de pago”. Y por eso insistió para que haya un “verdadero plan económico para que se evite volver a caer en los problemas en los que la Argentina ya ha caído”.
Y agregó: “Apoyamos fuertemente este acuerdo que, leyendo su letra chica, es realmente muy positivo para el país porque hay tiempo para mejorar las deudas fiscales y la situación de la gran cantidad argentina que están pasando hambre”, sostuvo.
Por último, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, también apoyó el acuerdo y señaló que lo que resta de la pandemia y los conflictos bélicos van a afectar los procesos de recuperación de los países.
Funes de Rioja llamó a resolver no solo la refinanciación de la deuda, sino los problemas estructurales de la Argentina, como por ejemplo: “La estructura tributaria y la burocracia tributaria”.
“Y otro problema es mirar el mundo del trabajo: no hablamos de restringir derechos laborales, sino que debe haber sistemas permeables, a través de la negociación colectiva, con mecanismos para más y mejores contrataciones”, sostuvo el presidente de la UIA.
Por último habló Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “Somos conscientes que la cesación de pagos no es una opción. Los compromisos asumidos deben ser honrados”, dijo y pidió que se acompañe la aprobación del acuerdo.
También dieron su apoyo el presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski; Julián Moreno, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME); Marcelo Fernández, de la CGERA; y Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos.
