El Consejo Empresario Mendocino elaboró un informe en el que analizan la evolución de las finanzas provinciales en la última década y resaltan como positiva la reducción del gasto público que se inició a partir de 2016. Desde la entidad aportan que este proceso se debe sostener y profundizar, al mismo tiempo que enfatizar la calidad y eficiencia de ese gasto. También, aplicar una baja en la presión tributaria, que impulse la inversión y el empleo formal privado, e incrementar la obra pública prioritaria.
El dato desde el que se parte, y que en más de una ocasión se ha planteado como preocupante desde el sector privado, es que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) refleja el estancamiento de la economía argentina desde mediados de 2011. Así, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) real creció un 3%, la población aumentó un 11% en el mismo período, lo que se traduce en una reducción del ingreso por habitante (per cápita) del 7% y en el aumento de los niveles de pobreza. La situación, aunque con diferencias, se replica en Mendoza.
En este contexto, de estancamiento de la actividad económica, el Estado provincial aumentó un 3% su participación relativa en la economía provincial: desde representar el 20,6% del Producto Bruto Geográfico en 2012 pasó al 21,3% en 2022. El documento del CEM señala que esa mayor estructura estatal debió ser solventada por un sector privado productivo cada vez más pequeño.
Esto, porque, para poder sostener el incremento del gasto público, se elevó la presión impositiva provincial, que pasó del 3,2% del PBG en 2004 al 7,9% en 2017. El mayor aumento se dio entre 2010 y 2014. En tanto, desde 2017, este indicador inició una tendencia bajista hasta llegar a un estimado de 6,6% en 2022. Sin embargo, sigue siendo más del doble de la de 2004 (3,2%).
En cuanto al tamaño del Estado, analizan que, en la última década, se observan tres etapas: de crecimiento sostenido del gasto entre 2012 y 2015; de amesetamiento de estas erogaciones entre 2016 y 2019; y de gasto a la baja entre 2019 y 2022. Pero una vez más, el peso del Estado provincial en la economía es casi el doble que hace casi dos décadas, ya que alcanzaba el 11,7% del PBG en 2004.
El informe resalta que “el aumento paulatino del gasto público se tornó agobiante para el sector privado”. Desde el CEM indicaron que esto tuvo su repercusión en la creación de empleo. Pero también sumaron que el tamaño en sí mismo del Estado no es un problema, sino su eficiencia (los Estados nórdicos son muy grandes, pero eficientes). Y acotaron que un principio básico es que su estructura pueda ser financiada y permita que el sector privado se pueda desarrollar.
Otro punto que resaltan es que, el año pasado, Mendoza cerró con superávit operativo por segunda vez consecutiva; algo que no sucedía desde 2006. Este resultado alcanzó al 5,1% de los recursos corrientes. El Estado provincial venía registrando déficits operativos desde 2009 sin excepción (el máximo déficit se produjo en 2015 y fue de -13,5% de los recursos corrientes).
A partir de esto, el CEM considera que “el esfuerzo de austeridad fiscal debe profundizarse”. En este sentido, resaltan que es positivo el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que, como principales metas, prevé el endurecimiento de las reglas de fin de mandato, el rediseño del Fondo anticíclico para poder garantizar su constitución (tras 17 años de suspensiones) y la creación del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, como ámbito para fortalecer el diálogo en materia fiscal entre la provincia y los municipios, así como para mejorar la transparencia en las cuentas públicas.
“El tamaño del Estado no puede ser mayor al que puede financiar el sector privado. La austeridad de las administraciones públicas provincial y municipales es parte importante de la agenda de competitividad de Mendoza, con foco en la creación de empleo privado formal”, plantean. Y concluyen que el escenario fiscal actual, con dos años consecutivos de superávit, “pueden ayudar a fortalecer una agenda de competitividad mediante la reducción de la carga tributaria, la promoción de inversiones y la realización de inversión pública prioritaria”.
Impuestos distorsivos
El presidente de la Unión Industrial de Mendoza, Matías Díaz Telli, coincidió en que, hasta 2015, el Estado provincial creció mucho y que esto no se tradujo en una mejor prestación de servicios, sino que, por el contrario, empeoraron los índices de salud, educación y seguridad. Y señaló que no se debería volver a la situación de endeudarse para solventar el gasto corriente y de llegar a fin de año sin fondos para pagar los aguinaldos y a los proveedores.
También consideró que hay que mantener ese superávit y la prudencia en las cuentas públicas, ya que, en nuestro país, un resultado positivo puede desaparecer en un mes si no se tiene cuidado. Sobre todo, porque resaltó que ese excedente no es demasiado significativo. Y sumó que, al igual que el CEM, desde la UIM ven con buenos ojos el nuevo proyecto de ley de responsabilidad fiscal, en el que han tomado varias sugerencias que aportaron desde las cámaras, en particular la de imponer limitaciones al Ejecutivo en los años electorales.
Díaz Telli manifestó que, a partir de ahora, se puede discutir qué hacer con ese excedente. En esta línea, señaló que hay impuestos provinciales que son “sumamente distorsivos y entorpecedores de la actividad”, por lo que apuntaría a reducirlos o eliminarlos, con lo que se favorecería un mayor nivel de actividad y de generación de empleo; lo que se traduce en mayor recaudación.
No sólo se refirió a Ingresos Brutos, sino también a Sellados. Sobre este último, indicó que, en algunos casos, se aplican sobre derechos eventuales, como un contrato de alquiler. Así, para calcular el valor del tributo, se toma el monto total de la renta, por lo que, si se rescinde antes del plazo acordado, se paga sobre un monto que no se cobró en su totalidad.
Otro de los focos para el futuro, apuntó, debería ser la obra pública, que siempre es uno de los principales motores de la economía. Pero, una vez más, con responsabilidad y un plan integral que permita cuidar los gastos. Y, sobre todo, haciéndola más eficiente. “Cuando se tiene una cierta espalda financiera y se le puede pagar al proveedor en tiempo y forma, también se le puede exigir que cumpla con los plazos previstos. Y esto es un beneficio inmediato para el ciudadano, que no tiene 18 meses una calle cortada”, planteó.
El titular de la UIM comentó que sabe que se está trabajando mucho, con las cámaras de la construcción, en esta eficiencia. Y que también se dificulta porque hay faltantes de materiales esenciales, como cemento, hierro, luminarias de cierto voltaje. Contar con fondos, señaló, permite comprar rápido estos elementos cuando están disponibles.
Asimismo, se refirió a los sueldos de la administración pública y señaló que, siempre con prudencia, deberían mejorarse los de policías, docentes y médicos. Si bien resaltó que lo ideal es que estén equiparados los salarios del sector público y privado, para que los profesionales no se planteen dejar la actividad privada para ir a trabajar al Estado, indicó que tampoco deberían tener que ir a buscar trabajo a otras provincias, donde hay mejores condiciones.
“Es mucho más difícil construir que destruir”, lanzó Díaz Telli. Planteó que, si bien se puede señalar que la reducción de los impuestos podría haber sido más rápida, por lo menos los empresarios tienen la certeza de que no se les va a subir la alícuota. Pese a eso, consideró que se debe ir hacia una reforma impositiva integral, que elimine en todo el país Ingresos Brutos, para reemplazarlo por un tributo que sean menos regresivo y distorsivo; como también para que se abandonen los impuestos (nacionales) a los débitos y créditos bancarios.
El presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Daniel Ariosto, comentó que estos son temas que la entidad analiza en los documentos semanales, a partir de datos propios y del observatorio económico de la Cámara Argentina de Comercio. Expresó que los indicadores sobre la situación de la provincia son variados, pero que no se debe dejar de lado la percepción de la gente común, que percibe el nivel de pobreza, que no se avanza y que la inflación, alimentada por una emisión desmedida, hace que siempre se vaya por detrás de los problemas.
“Estamos mal”, lanzó y detalló que las actividades productivas no alcanzan el desarrollo que deberían tener; que la carga impositiva nacional, provincial y municipal ahoga a las empresas; que no existe un sistema “pro empresario” que les permita evolucionar; que no hay créditos para infraestructura ni un plan de obra pública agresivo. “Debería haber acciones coherentes nacional y provinciales, al máximo, y que se entienda que los ajustes no se pueden hacer sobre el sector privado y que los Estados no están para hacer negocios”, planteó.
Gastos inflexibles a la baja
“En cualquier libro de finanzas, en el primer capítulo, se va a encontrar que los gastos son inflexibles a la baja”, planteó el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Víctor Fayad. Sumó que cualquiera que se siente en su sillón puede desconocer el “primer mandamiento” de las cuentas públicas: que cualquier decisión que se tome vinculada a las erogaciones corrientes después es muy difícil de revertir.
Como el informe está elaborado a partir de datos del Ministerio de Hacienda, señaló que, al igual que otros análisis objetivos que realizan instituciones de la provincia sobre esos números, no son opinables. Sí señaló que le parece importante que no sólo el Gobierno provincial manifieste que hay buenas noticias vinculadas a las cuentas públicas.
El funcionario destacó que se observa un punto de quiebre en este análisis de lo que sucedió en la última década. Entre 2008 y 2015, puntualizó, el empleo público creció mucho y eso trajo aparejado un aumento de la presión fiscal. “Nos encantaría ir más rápido con la baja de los impuestos, pero si no se acompaña con una reducción del gasto, de alguna manera hay que obtener fondos”, detalló.
Sobre esto, indicó que en las dos gestiones anteriores del PJ se sumaron casi 25 mil empleados públicos y que, muy de a poco, se ha ido disminuyendo la planta; al tiempo que ha cambiado su composición, ya que no es lo mismo el personal administrativo que el docente, de la policía, sanitario. En particular, en un contexto de incremento de la demanda de servicios públicos de salud -muchos más pacientes recurren a los hospitales porque no cuentan con cobertura-, educación -la matrícula de las escuelas públicas viene creciendo- y seguridad (dado la situación general del país).
Y añadió que el “segundo pecado mortal” es endeudarse para gastos corrientes. Asimismo, indicó que en 2022 se volvió a estar por encima del promedio en erogaciones de capital, no sólo de obra pública, sino de equipamiento y de aportes para que los privados realicen inversiones productivas, como son los créditos del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y el programa Mendoza Activa.
El informe del CEM detalla que las erogaciones de capital -inversiones del Gobierno provincial en bienes de capital, trabajos públicos, transferencias para financiar erogaciones de capital e inversión financiera- promediaron 6,8% de los recursos corrientes de la provincia entre 2012 y 2016, para crecer al 9,8% entre 2017 y 2019. En pandemia cayeron al 3,8% y empezaron a recuperarse hasta alcanzar el 11,2% de los recursos corrientes en 2022, con lo que se ubican en niveles prepandemia y por encima del promedio de la década.
En cuanto a la presión tributaria, Fayad expresó que quizás vienen avanzando más lento de lo que las empresas quisieran, pero que, si no se acompaña de una disminución en los gastos es complejo. Consideró más importante dar la señal, a quienes invierten en la provincia, de que no se van a subir impuestos -como ha sucedido en los últimos seis años-, que disminuirlos y tener que volver a subirlos después.
En cuanto a cómo se avanzará en la disminución de las alícuotas en 2024, indicó que planean seguir en la misma línea de enfocarse en las actividades intermedias, porque las primarias ya tienen tasa cero, y en las pymes, que son, en su gran mayoría, empresas mendocinas. Por otra parte, al centrarse en sectores como industria y construcción, se reduce el efecto distorsivo de los Ingresos Brutos.
El superávit como fin en sí mismo
La visión del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (Cefim) es menos auspiciosa. Uno de sus integrantes, el economista Nicolás Aroma, quien es asesor del PJ, plantea que vienen señalando el costo de esta mejora en términos fiscales. “Nada es gratis”, señaló.
Acotó que el mismo Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea) explica que hay cuatro motores en la economía provincial y que uno de ellos es el sector público; además de los mercados laboral, financiero y externo. Y subrayó que, más allá del grado de intervención del Estado que se considere conveniente por una cuestión ideológica, no se puede negar que, al achicarse, este motor tiene menos fuerza, lo que comienza a impactar en la economía.
Aroma indicó que, en Mendoza, ese achicamiento del Estado, lejos de promover inversiones privadas, las está reduciendo. Y esto, porque los salarios públicos también motorizan la actividad y están muy retrasados. Por otra parte, se ha producido un ajuste en la obra pública, que se encuentra en niveles mínimos, lo que repercute en el sector de la construcción de modo directo y en el consumo y la generación de empleo privado de manera indirecta.
El economista detalló que, en los primeros cuatro meses de 2023, se había ejecutado un 5% de las obras públicas presupuestadas para este año, mientas que se había recaudado el 34% de lo estimado. De esta manera, se observa que los gastos van a un ritmo más lento que los ingresos.
Pese a esto, resaltó que no plantean, bajo ningún punto de vista, que se deba gastar por encima de los ingresos, sino que se debe prestar atención cuando “el objetivo es que haya superávit a cualquier costo”. Añadió que hay un consenso, en distintos centros de economía, de que la macro está teniendo un impacto diferente en Mendoza, porque este excedente es un costo para el sector privado y sostenerlo, cuando la actividad económica atraviesa un ciclo crítico, no tiene sentido.
Por otra parte, manifestó que el Estado nacional está inyectando muchos recursos porque hay crecimiento económico, con alta inflación, y se genera un flujo de recursos coparticipables, que se ajustan por la evolución de los precios. Esto hace que la provincia siempre cuente con fondos, aun reduciendo impuestos.
