A fines de enero, los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, Rodolfo Vargas Arizu y Gustavo Fernández deslizaron que, entre los diversos puntos de una agenda común en la que estaban trabajando, había una mirada compartida de que se deben ir eliminando las regulaciones por parte del Estado y permitir que el mercado sea el que se autorregule. Esto incluye el acuerdo de diversificación de la producción de uva.
En aquel momento, tan sobre la cosecha, se planteó que no se iba eliminar en 2024 y, de hecho, ambas provincias acordaron que se debía destinar un 17% a otros fines que no fueran la elaboración de vino. Sin embargo, las autoridades de ambas provincias volvieron a la semana pasada y se retomó la idea de derogar la ley interprovincial.
La pauta diversificadora, más conocida como el acuerdo Mendoza - San Juan, es una norma creada en 1994 con el objetivo de mantener equilibrados los stocks vínicos. Obliga a los industriales a destinar un porcentaje de su producción a otros productos vitivinícolas. En principio, solo se diversificaba con mosto, pero en 2018 se incluyeron otras opciones, como las exportaciones, la posibilidad de hacer destilados o inmovilizar vino de exportación a futuro. Cuando las provincias no se ponen de acuerdo, el tratado sostiene que debe diversificarse el 20% de la producción.
El viernes, durante la reunión que mantuvieron en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Vargas Arizu y Fernández, con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, se acordó avanzar en la desregulación de la industria. Pazo, quien es el segundo del ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, estimó necesario evaluar la continuidad de la ley que da origen a la Coviar y opinó que debería derogarse o modificarse la obligatoriedad de la contribución transformándola en voluntaria.
Pero también se habló de eliminar el acuerdo Mendoza - San Juan. Fernández comentó a Los Andes que esta decisión ya cuenta con el apoyo del sector privado y sumó que, este año, se fijó un cupo del 17%, pero las condiciones del mercado llevaron a que el 24% de las uvas cosechadas en todo el país se utilizaran para elaborar mosto. Y ese porcentaje llegó al 48% en San Juan.
Esto reafirma la idea de las autoridades de ambas provincias de que no tiene sentido que los funcionarios fijen un porcentaje -que, además, suele demandar un buen tiempo de negociaciones-, cuando son las necesidades del sector las que van estableciendo los destinos en cada temporada.
Desde el Ministerio de Producción de la provincia se estimó la necesidad de crear un entorno de negocios en el que prevalezca “mayor responsabilidad entre las partes y menos intervención del Estado”.
El organismo provincial sostuvo que en muchas ocasiones el exceso de regulaciones ha impedido que los productores se adapten a las demandas del mercado actual, provocando que sigan produciendo lo mismo que hace 30 años y transfiriendo estos costos a la administración pública.
Para ilustrar su postura, declararon: “¿En qué otra actividad, si una empresa quiebra, la deuda pasa al Estado o si el precio es bajo, el Estado sale a comprar? En ninguna”.
Asimismo, agregaron que una vez derogada la ley, las mosteras deberán adquirir uva en el mercado, al igual que lo hacen las bodegas, ya que esta regulación beneficiaba a un reducido grupo de mosteras, alrededor de “5 o 6″, que gozaban de un mercado cautivo. “El empresario y el productor deberá asumir los riesgos en la próxima cosecha y decidir si producir vino o mosto, según su análisis de la situación. Este es un riesgo que no debería asumir el Estado”, afirmaron.
Además del acuerdo entre Mendoza y San Juan, se busca derogar la Ley de Contratos que obliga a registrar los contratos entre los industriales y los productores.
Aunque parece que la decisión ya fue tomada, aún no se ha establecido una agenda de trabajo concreta. “No tenemos prisa en implementarla, ya que durante todo este año seguirá vigente”. Desde el ministerio confirmaron que será el gobernador Alfredo Cornejo quien determine los tiempos para celebrar reuniones con los legisladores y enviar los cambios a la Legislatura.
La desaparición del Fondo Vitivinícola
El Fondo Vitivinícola fue creado en 1994 por la ley 6.219 y es el encargado de gestionar e implementar el acuerdo Mendoza-San Juan sobre diversificación vitivinícola. Además promueve el consumo responsable del vino, realiza la difusión de la cultura de la vid y el vino y contribuye al desarrollo armónico de la vitivinicultura argentina, ya que parte de su financiamiento proviene de las multas que cobran a quienes incumplen la Ley. Pero si Mendoza y San Juan deciden dar por concluido definitivamente el acuerdo de diversificación, también pasará al olvido el Fondo Vitivinícola.
Así lo reconoció Sergio Villanueva, sin embargo, el gerente de la entidad aseguró que todo es parte de una operación de prensa e insistió en que no hay ninguna comunicación oficial que respalde la teoría de un final abrupto para el acuerdo Mendoza – San juan.
“No tenemos ninguna comunicación oficial, esto es una ley, es un acuerdo interprovincial”, dijo Villanueva y sin pelos en la lengua agregó: “Hay un operativo de prensa que se llama “uva barata”. Tiene que ver con lo de la Coviar, con lo de la importación de vino, tiene que ver con aprovechar el momento del país para tratar de posicionar determinadas posturas. Todos sabemos cómo viene este esquema y el acuerdo Mendoza - San Juan es para que no haya excedentes y eso tiene que ver con el precio del vino”.
“Yo creo que vienen tiempos duros, muy duros, porque los despachos, con esta crisis van a caer, entonces ahí se va a valorizar lo que son estas herramientas como el acuerdo que no tienen ningún costo fiscal”, indicó.
Y agregó: “hay empresas, y lo hemos visto últimamente, que tratan de presionar importando en plena cosecha. La verdad que todo el operativo, incluso destruir la Coviar que es un ámbito de discusión y articulación público-privado, es el operativo “uva barata”. Eso es un poco lo que se está planteando”, remarcó.
Villanueva sostuvo que el acuerdo Mendoza San juan cuenta con “mucho consenso en la industria como son los sectores cooperativos, que elaboran gran parte del mosto que se hacen en Mendoza” y acto seguido consideró que toda la discusión que se generó, en el fondo es “una discusión de modelos, si vamos a seguir con el modelo que tenemos hoy: donde hay muchas hectáreas y mucha gente trabajando o vamos a ir un modelo mucho más industrializado manejado por una sola empresa”.
“Eso es lo que está pasando, es un tema con el precio del vino, el precio de la uva, no hay otra cuestión”, remató.
En cuanto a la desaparición del Fondo Vitivinícola, en caso de caerse el acuerdo interprovincial de diversificación, el gerente aseguró que “si, no existe más” y “tampoco la promoción del vino en el mercado interno”.
“Hay mucha gente que cree que la vitivinicultura son 40.000 hectáreas de algunas variedades y el resto no existe y entonces no le dan importancia al mercado interno que si es muy importante”, sostuvo Villanueva.
“Son proyectos distintos, si nosotros queremos mantener pueblos, gente, capital humano, municipios, tenemos que trabajar por esos litros. Así que sí, desaparecería todo (por el Fondo Vitivinícola) porque en realidad, quieren la destrucción de todo bajo una especie de discurso, acorde a los tiempos”, sentenció”.
