Los gobiernos de San Juan y Mendoza se encuentran en plena negociación para acordar el porcentaje de uva que se deberá destinar este año a la elaboración de productos no vínicos, como el mosto, a fin de prever equilibrios en los stocks vínicos. La próxima semana está previsto un encuentro entre autoridades de ambas provincias. Desde los diferentes sectores de la vitivinicultura suman presiones para llevar la balanza hacia uno u otro lado.
En primer lugar, la Mesa Vitivinícola, compuesta por entidades de Mendoza y San Juan, pidió este jueves, a los gobiernos de ambas provincias, que la pauta de diversificación que se acuerde no supere el 10%, aunque en conjunto recordaron que el acuerdo interprovincial debería ser derogado.
En el otro extremo, desde la Unión Vitivinícola Argentina señalaron que el acuerdo es una ley que se sustenta en la búsqueda del equilibrio, en la que “operan fuerzas dispares”, pero que debe respetarse. Al mismo tiempo, señalaron que hay sectores que buscan una menor diversificación para bajar el precio de la uva que, en la actualidad, se encuentra en aumento.
Posiciones encontradas
La nueva Mesa Vitivinícola Nacional, en la que participan 250 bodegas nucleadas en Bodegas de Argentina (BA) y entidades viñateras fuertes de San Juan, Salta y Mendoza (el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, entre ellas), se fijó como meta trabajar en soluciones estratégicas para solucionar los principales problemas que tienen los eslabones que participan en la cadena y contribuir al desarrollo económico del país.
En ese marco, plantearon que, sin resignar a la “convicción de que dicho acuerdo debe ser derogado”, algo que han manifestado de forma recurrente, y “en virtud de la decisión mostrada” por los gobiernos de Mendoza y San Juan, de intervenir con similares programas de asistencia financiera vitivinícola, “complementariamente y en coherencia con esa línea, la pauta de diversificación anual de la producción de uvas, de mantenerse la vigencia de la ley, no debe superar el 10%”.
El pedido es parte de una breve carta que enviaron a los gobernadores Rodolfo Suárez (Mendoza), y Sergio Uñac (San Juan), y en la que aparecen en copia, el presidente del instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, y el ministro de Producción de la vecina provincia, Andrés Díaz Cano.
Al respecto, Mauro Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, señaló que al menos hace 15 años que piden que el acuerdo ya no esté vigente (20 años, el resto de las entidades que conforman la mesa). “Hoy hay que tener muy claro que no estamos hablando de la derogación (aunque mantienen el pedido), pero si hay que firmar un acuerdo con San Juan, se debe hacer en función de la legislación vigente de cada provincia “, aclaró.
Ambas provincias fijaron políticas crediticias para tonificar el precio de las uvas, y es por eso que Sosa destacó que entienden que, si se va a complementar con el acuerdo, no debería excederse ese porcentaje.
“Para ser coherente con esa línea, hay que fijar un porcentaje bajo, para que quienes necesitan la materia prima, por ejemplo, para el mosto, salgan a competir por esa materia prima”, indicó.
“Si estamos con una cosecha baja, es muy difícil cumplir un porcentaje alto de diversificación, porque no habrá uva. Fijar un porcentaje bajo, ayudará a que también se tonifique el precio por la misma disputa por esa materia prima.
Si fijamos un porcentaje alto, indudablemente se genera un mercado cautivo consolidado. Teniendo en cuenta que si no hay acuerdo entre las provincias se fija un 20% por defecto, esperamos que acuerden, y lo hagan por debajo de ese porcentaje”, cerró Sosa.
Por el contrario, el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Sergio Villanueva, consideró que se debe respetar el acuerdo, por tratarse de una ley que tiene un sentido en la búsqueda de la “diversificación y el equilibrio”.
“Obviamente operan fuerzas dispares y hay una fuerte presión de algunos grupos que compran uva para bajarle el precio, en un año en que la disponibilidad es menor. Se está buscando bajar el precio, pero esto ya pasó en 2014 y 2l015, y se generó un desequilibrio que terminó con protestas en Casa de Gobierno”, recordó Villanueva.
De acuerdo con el referente de la UVA, “siempre un 20% o un 30% de la producción va hacia el mercado del mosto, en donde se les da un uso correcto a ciertas variedades (a fin de evitar el sobrestock). Ya tenemos 12 meses de stock de blancos”, informó.
Para Villanueva, con la última modificación que se le hizo al acuerdo por la que se permitió que una parte se diversifique con mosto, y otra con vino exportado, este año no hay una presión excesiva para que las empresas deban autorregularse.
“Si no hay acuerdo entre las partes, quedaría en el 20%, pero para Mendoza con lo que exporta, la uva destinada a mosto sería poca porque se exporta mucho vino”, agregó, y señaló que este tipo de pedidos se hacen visibles cada vez que se tensiona el precio del vino, y algunas partes intentan regular sus estructuras de costos con una baja en el precio.
“Es lógico que quienes necesitan materia prima, pero durante los últimos tres años pagaron poco, y con una cantidad de cheques en cómodas cuotas, ahora se queden sin uvas, y quieran romper el sistema institucional. Pero eso ha generado que pasemos de 25 millones de quintales a 19 millones, y no se puede aumentar la competitividad bajando costos a costa del productor primario”, cerró Villanueva.
Las negociaciones entre provincias
Desde la cartera económica provincial señalaron que las negociaciones recién han comenzado, y que la próxima semana tendrán lugar reuniones para acordar el porcentaje entre ambas partes. Por el momento, no se puede adelantar nada.
El año pasado, el acuerdo que firmaron entre ambas provincias implicó destinar el 26% de la producción de uva a diversos usos, más allá de la elaboración de vino para consumo interno.
Las estrategias para tonificar el precio del vino
El Gobierno provincial financiará a más de 40 bodegas que se inscribieron en el programa de financiamiento de Mendoza Fiduciaria SA para anticipo de cosecha, acarreo y elaboración de uvas básicas con destino a mosto sulfitado y uva malbec.
La convocatoria, que fue impulsada desde la cartera económica provincial, financiará a productores, contratistas y bodegueros en la cosecha 2021. “El operativo de anticipo de cosecha para uva malbec es un hito, ya que por primera vez en la historia el Estado interviene en este mercado en busca de tonificar los precios y mejorar la rentabilidad de los productores”, señaló el director ejecutivo del Banco de Vinos, Alfredo Aciar.
Los productores, los contratistas y las bodegas devolverán sus créditos con el producto obtenido: mosto sulfitado y vino malbec, ambos con calidad de exportación. Para la cosecha y acarreo de la uva con destino a mosto, se otorgará un financiamiento de $300 por quintal. Para las uvas malbec, el financiamiento estará en un rango de entre $300 y $400, según el oasis donde se encuentre el viñedo.
Para la elaboración de mosto, las bodegas recibirán un financiamiento de $200 por quintal, mientras que las que elaboren malbec percibirán $250 por quintal elaborado. El precio referencial para las variedades de uva, aptas para la elaboración de mosto, es de $20 por kilogramo, mientras que para la uva malbec se estableció $40 el kilo para la zona Noroeste de la provincia, $50 para la Primera Zona y la Región Sur y de 65 para el Valle de Uco.
