El miércoles, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió la resolución 5339/2023, por la que deja en suspenso hasta el último día de 2023 el régimen por el que las grandes y medianas importadoras podían estar exentas del pago de IVA y Ganancias, cuando demostraban saldos a favor. Con esta medida, apuntan a aumentar la recaudación tributaria por unos $979 mil millones, lo que, advirtieron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), equivale al 1,1% del PBI nacional.
Ahora, los importadores no podrán utilizar ese “certificado de exclusión” y deberán adelantar un 6% de Ganancias, aun cuando tengan crédito a favor en este período fiscal. Y también tendrán que pagar un 20% de IVA -si los productos que importan están gravados al 21%- y o 10% (si están gravados al 10,5%, como los artículos tecnológicos). Pero las percepciones ingresadas no podrán ser computadas “hasta el noveno período fiscal posterior a la fecha del despacho de importación”.
Fernando López Chiesa, del estudio Lisicki Litvin y Asociados, resaltó que, por efecto de la inflación, ese crédito fiscal va a perder el 50% del valor que tiene en los 9 meses que fija la normativa. Por eso, se puede considerar un préstamo gratuito que le hace la empresa al Estado para financiarlo. Y si bien están excluidas las micro y las pequeñas empresas, el tributarista resaltó que son muy pocos los importadores de esta categoría.
Muchos esperan que este aumento en el valor de la importación se traslade a precios, pero López Chiesa advierte que todo dependerá del mercado en que la empresa opere, ya que, si es muy competitivo, difícilmente pueda incrementar el valor a menos que haya un acuerdo en el sector. Por otra parte, planteó que las compañías que tenían un certificado de exclusión lo habían tramitado, luego de validar una serie de controles, por no tener capacidad financiera para afrontar esos pagos y porque tenían saldos a favor.
El tributarista añadió que hace dos semanas ya se implementó otra retención, del 3%, a los distribuidores responsables inscriptos que venden productos alimenticios o de cuidado personal a otro responsable inscripto. Esto, añadió, está generando inquietud en las empresas y tendrá un efecto de potenciar la inflación al trasladarse al consumidor.
La Unión Industrial Argentina emitió un comunicado en el que plantea que la medida afecta al sector productivo “porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones”. Para ilustrar esto, un referente del sector importador de Mendoza explicó, de modo sencillo, que si una empresa importa insumos vitivinícolas por un valor de U$S 100 mil al mes, deberá pagar un 26% más; es decir, tener capacidad para pagar U$S 126 mil mensuales.
Esto equivale, después de los 9 meses en los que no se pueden computar a favor, a más de dos meses de pago (U$S 234 mil), que, en caso de que la empresa tenga saldo favorable, le serán devueltos en pesos. El especialista en comercio exterior resaltó que se trata, en la práctica, de una devaluación, y que también se puede considerar un préstamo compulsivo, por un total de más de 900 mil millones de pesos, y que sólo tiene como fundamento explícito “necesidades de administración tributaria”.
La UIA resalta que, para obtener los certificados de exclusión, las empresas “deben tener acumulados saldos a favor por el equivalente al 20% del promedio del impuesto determinado en las últimas 12 declaraciones juradas y cumplimentar todos los requisitos impuestos por AFIP”; es decir, las que tienen un significativo crédito fiscal a favor.
Por otra parte, indican que, si bien la medida excluye a las micro y pequeñas empresas, las afecta porque, en general, aunque no realicen importaciones en forma directa, se abastecen mayoritariamente a través de distribuidores que sí pueden estar incluidos.
Impacto en la venta de fertilizantes
En las últimas horas, algunas empresas de agroquímicos comunicaron a sus clientes que suspenden las ventas de fertilizantes para poder determinar el impacto de la resolución de AFIP. Aunque se trata de un tiempo de baja para los cultivos y estiman que esta detención sería por una semana, tanto productores como quienes venden estos insumos en la provincia plantean que impactará en el precio y anticipan dificultades para la nueva temporada.
Daniel Merlo, de Luján Agrícola, comentó que su principal proveedor emitió un comunicado de que suspendía las ventas hasta nuevo aviso y sumó que, en general, las otras empresas se van acoplando en las horas posteriores. Es que, destacó, se trata de una medida muy reciente. Y, en general, este tipo de paro en la comercialización se extiende por unos pocos días, hasta que los importadores pueden evaluar cuál será el nuevo precio y adecuan sus sistemas de facturación a los cambios impositivos.
Merlo detalló que las entregas que ya estaban pactadas se estaban realizando con normalidad (al menos en la mañana de ayer). Pero reconoció que ellos mismos también debieron frenar las ventas hasta conocer cuál será el valor de reposición de los productos. Pese a esto, explicó que si llega al local un pequeño productor de ajo -en plena temporada- que quiere comprar 10 bolsas de fertilizantes, se las venden, pero que, si uno grande pide 100 bolsas o un equipo de fertilización, no pueden responder al pedido hasta que se aclare el panorama.
Sin embargo, más allá del valor, dudó que vaya a haber problemas en la provisión en los próximos meses, porque, por la sequía en la Pampa Húmeda y las heladas en buena parte del país, hay sobrestock de agroquímicos en todos los canales: productor, distribuidor y fabricante. Pese a esto, adelantó que sí podría haber inconvenientes para la próxima campaña, porque no van a estar los dólares de la soja, el maíz y el trigo -de hecho, la medida de AFIP tuvo como finalidad recaudar más divisas- y eso complicaría la importación de fertilizantes para la temporada 2023-2024.
Fernando García, de Agronomía San Rafael, confirmó que hay empresas que han paralizado las ventas y anticipó que es de esperar que la medida de AFIP genere que los precios, que venían bajando, suban nuevamente. Sobre esto, explicó que los valores en dólares de muchos agroquímicos se habían reducido, porque si bien la guerra Rusia-Ucrania no ha terminado, sí se ha regularizado bastante el comercio internacional.
De ahí que el precio de una tonelada de urea sea hoy de la mitad, en dólares, del techo que alcanzó por el conflicto bélico. Aunque también señaló que la devaluación constante del peso, del 5% al 7% mensual, compensa un poco esa reducción del valor internacional. Y si bien el menor consumo de fertilizantes en la Pampa Húmeda también hacía prever una baja en los precios, este cambio en la normativa revertirá la tendencia.
En cuando a la disponibilidad, indicó que es un momento de baja en algunos cultivos, lo que, sumado a la menor demanda, no plantea un escenario complejo. Pese a esto, mencionó que, por las restricciones a la importación, los fertilizantes y las semillas no se consiguen de inmediato, sino que se debe esperar dos o tres meses la autorización para traerlas, y adelantó que en primavera-verano podría cambiar la situación.
Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), comentó que, al enterarse de la resolución, consultó a los proveedores de la entidad y le confirmaron que las pocas multinacionales que importan fertilizantes en el país han frenado las ventas hasta saber cómo continuará la actividad.
Acotó que estaban en pleno proceso de hacer los pedidos de productos para la próxima temporada, con el objetivo de adelantarse a una posible suba del dólar después de las elecciones, como ya sucedió en 2018. De todos modos, indicó que los comerciantes le han aclarado que lo más probable es que la situación se regularice en una semana. Aunque también subrayó que es de esperar que el 20% de beneficio que les han retirado se traslade a precio.
Ruggeri comentó que no cree que se produzca un desabastecimiento de fertilizantes en el corto plazo, porque la vitivinicultura suma unas 300 mil hectáreas en todo el país y la soja, afectada por la sequía, supera los 42 millones. Pero sí planteó la irracionalidad de una medida que va a impactar en la producción y, con ello, en la recaudación futura, en especial en un contexto de marcada baja productiva.
En el sector del ajo, indicó Maximiliano Di Cesare, gerente de Asocamen (Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de la Provincia de Mendoza), no ha habido inconvenientes por la falta de fertilizantes. Por su parte, el presidente de la entidad, Fabián Fusari, precisó que tienen insumos para los primeros seis meses del año.
Esto, porque la Pampa Húmeda ha utilizado muy pocos y los productos que trajeron las empresas importadoras no se han vendido, por lo que estimó que habrá suficiente stock para las economías regionales. Aunque también planteó la duda de lo que pueda suceder a partir de agosto o setiembre, cuando comience la nueva temporada.
