Tres años y un mes han pasado desde que el Estado Nacional y Provincial pusieron 20 millones de dólares para quedarse con el 98% del paquete accionario de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), 21% para la Mendoza que aportó 5 millones de dólares y el 63% restante para la Nación que puso la diferencia: U$S 15 millones. Los bonistas se quedaron con el 10% y la familia Pescarmona con el 5%.
En la empresa están acostumbrados a recibir empresarios que tienen interés por la firma, dicen que se quedan muy impactados y si es necesario se avanzará en el proceso para que sepan cuál es el estado de la compañía para luego transferir las acciones. Entienden también que si se sanciona la Ley Bases fluirá todo mucho más rápido debido a las ventajas que tendrán los inversores. No dudan que la decisión política del Gobierno Nacional y del provincial es transferir las acciones al que la quiera gestionar, y trabajan para que esto suceda antes del 2025.
Mientras tanto siguen con el objetivo de impulsar negocios para la compañía, debido a que es el mandato que han recibido los directores debido a que “valía nada” cuando se hicieron cargo de Impsa. Ahora entienden que la empresa tiene un buen nivel de contratos y un gran potencial por lo que se viene con las concesiones hidroeléctricas en el país, hay muchas cuyas turbinas son de los años ‘70 y ‘80 y consideran que la única empresa de Argentina que las puede modernizar o fabricar nuevas es la firma mendocina.
Estatización y catástrofe
Que el Gobierno Nacional y Provincial se hicieran cargo de la empresa en el 2021, generó todo una polémica debido a que muchos se oponían a que el Estado mendocino interviniera en la operación alegando que no era su función estar en ese tipo de negocios. Los aires liberales comenzaban a tomar fuerza por esa época.
Impsa tenía una deuda que rondaba los 600 millones de dólares y ahora está por encima de los 100 según el balance. Además en concepto de todo tipo de impuestos, el año pasado pagó 23 millones de dólares. La cifra le hace pensar a muchos de los que están en el managment que Mendoza ya recuperó los 5 millones de dólares que puso.
Pero además se evitó “una catástrofe social”. Es que iban a quedar unas 700 personas sin empleo y cerca de 100 pymes que le venden servicios también dejarían de facturarle, con lo cual corrían riesgo unos 1.400 puestos de trabajo indirectos más.
Negocios
Si bien la operación recibió fuertes críticas desde distintos sectores, en la empresa consideran que la capitalización del Estado ayudó a que la compañía siguiera funcionando y “como tiene muy buen managment” comenzaron a generar contratos. Como la firma fue la número dos en el mundo en la construcción de grúas para puertos, ahora está volviendo al rubro y hará obras en la base del Puerto General Belgrano.
Se lamentan de que por cuestiones políticas Impsa no pudo llevar adelante la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic de Santa Cruz. La firma mendocina ganó la licitación dos veces de esas obras por U$S 5.000 millones, pero finalmente el negocio quedó en manos de Enarsa y la Unión Transitoria de Empresas formada por la china Gezhouba y las argentinas Eling Energía e Hidrocuyo. Algo parecido sucedió con obras en Yacyretá.
Como vemos, la empresa de 117 años todavía tiene páginas de historia por escribir.
