El anuncio del ministro de Economía Luis Caputo de prohibir la incorporación de impuestos provinciales o tasas municipales en la boleta de la luz o el gas que son ajenos al servicio, generó un gran revuelo en Mendoza y entre otras cosas, puso en duda la implementación del sistema de lucha antigranizo en el sur mendocino.
Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre) le bajaron el tono a la disputa y aseguraron que en la provincia esa situación ya está regulada, con lo cual, tanto Alvear como San Rafael podrán seguir adelante sin inconvenientes.
Sin embargo hay algo que le puso signos de interrogación. En San Rafael, que ayer se disponían a tratar la ordenanza para establecer la nueva tasa, entró a tallar la Cámara de Comercio y puso serios reparos, lo que terminó dilatando el debate. La entidad pretendía que el cargo fuese una suma fija y no un porcentaje.
La regulación en Mendoza ya está
La resolución 267/24 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación que fue publicada en el boletín Oficial establece que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”. Además estipuló un tiempo de adecuación a la normativa de 30 días.
Apenas conocida la norma, desde una distribuidora dijeron a Los Andes que “la Nación no puede entrometerse en las autonomías municipales pero además el servicio eléctrico es de competencia provincial y esa facultad no está delegada, por lo tanto no es esfera nacional.
En la misma línea se expresó la Municipalidad de Capital. Justificando el cobro por el servicio del alumbrado público, indicaron que “el Municipio tiene plenas facultades para imponer la tasa y la forma de percepción aun cuando la Secretaria de Comercio de la Nación diga lo contrario. La resolución en cuestión está invadiendo facultades tributarias propias del municipio”.
En el equipo económico del ministro Caputo son conscientes de esa situación y por lo bajo sostienen que en realidad lo que buscan es transparentar al usuario cuál es el nivel de cobro de provincias y municipios por los servicios.
Esta pelea no es nueva. En 2019 el entonces presidente Mauricio Macri también se había quejado por los cargos extras que aparecían en la boleta de la luz y engrosaban el monto final, pero en aquella oportunidad fue solamente contra las cooperativas.
Andrea Molina, presidente del Epre, puso blanco sobre negro y aseguró que la regulación que busca implementar el Ministerio de Economía, en la provincia ya se aplica desde hace años.
“Nosotros tenemos reglamentados todas estas cuestiones y transparentado como corresponde la parte eléctrica en ese sentido. Desde el marco regulatorio de antes que existiera el Epre en Mendoza ya decía que las tasas de cualquier naturaleza debían ser discriminadas de forma expresa”, explicó Molina.
A partir de 2019 con la resolución 156 dictada por el Epre “lo que se hizo fue ordenar la factura y todos esos conceptos que no estaban asociados a la parte eléctrica se discriminaron” entonces “esos conceptos no eléctricos podés pagarlos o no y no te afecta el servicio eléctrico”, agregó.
De acuerdo a la normativa provincial, el cupón de pago de una boleta discrimina los ítems estrictamente eléctricos de tal forma que el usuario pueda abonarlos de manera independiente, de aquellos cargos que no tienen vinculación directa con el servicio, en los cuales el pago es opcional.
Para redondear la idea, Molina enfatizó en que “acá en Mendoza, si el usuario no quiere pagar esos conceptos no eléctricos no pasa nada, no hay interrupción del servicio e incluso puede ir a la distribuidora, renunciar y que se lo saquen de la factura”.
Lucha antigranizo: Alvear si, San Rafael complicado
Para recaudar los 500 millones de pesos que debe aportar General Alvear al sostenimiento de la lucha antigranizo en el Sur, se adecuó una ordenanza que regula el espacio aéreo y que solo estaba suspendida.
En este caso, fuentes municipales indicaron que “están tranquilos” ya que la norma está considerada dentro de los cargos por la energía eléctrica, por lo que, está en consonancia con la medida adoptada por la Nación.
Desde el Epre también coincidieron en que un tributo por el “el uso del espacio aéreo” puede incluirse dentro delos conceptos eléctricos.
En San Rafael la situación está empantanada pero la pelea fue por el monto a cobrar y no así por la resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación. Los reparos partieron de la Cámara de Comercio.
Originalmente el aporte para el sistema de mitigación de granizo sería un 4% sobre el consumo neto de energía, igual que en Alvear, y también estaría encuadrado como uso del espacio aéreo.
La cámara empresaria, que avaló el aporte, no está de acuerdo en que sea un porcentaje y pretende un monto fijo por usuario y que no exceda los $4.000.
En la mañana de este miércoles el Concejo Deliberante inició la sesión con la intención de aprobar la ordenanza, sin embargo apenas dieron comienzo, el bloque justicialista pidió un cuarto intermedio que terminó extendió hasta la noche, mientras desde la comuna negociaban el aval de la Cámara empresaria.
“No quieren enviar el proyecto sin que la Cámara esté de acuerdo”, comentó un edil opositor. Además se mostraron totalmente disconformes con la situación porque “aún no conocemos el proyecto que hay que debatir”.
