El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional de 2022 expone claramente que los precios de bienes y servicios en Argentina registraron subas significativas, el acumulado anual fue del 94,8%, próximo al valor de tres dígitos que proyectaban la mayoría de consultoras y especialistas. El elevado nivel de inflación se ha transformado en el problema económico más importante que el gobierno debe resolver en el corto plazo, máxime si incluye un proceso electoral.
Los datos vigentes identifican los sectores que integran la grilla de la medición nacional y cuyo valor fue superior al índice general. “Prendas de vestir y calzado” finalizó el año con una suba general del 120,8%. Otros rubros con aumentos mayores al índice general fueron “Restaurantes y hoteles” (108,8%); “Bienes y servicios varios” (97,8%); “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (97,2%) y “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (95%).
El IPC Nacional registra tres categorías:
a) “precios estacionales” que tienen un comportamiento marcado en algunos meses en particular que se repiten todos los años
b) “precios regulados” que están sujetos a alguna normativa estatal, como por ejemplo las tarifas de los servicios públicos, que son acordadas por el gobierno y
c) “IPC Núcleo”, precios de bienes y servicios que no integran las categoría precedentes.
En el caso de precios regulados, con alta incidencia del estado a la hora de autorizar incrementos, se destaca que “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” y “Comunicación” con registros del 80,4% y 67,8% respectivamente, representan subas sensiblemente menor al índice general del IPC Nacional.
La difícil situación que origina la inflación en Argentina no deriva solamente en una constante evaluación de los números, sino en el impacto macroeconómico, las causas y las políticas para resolverla. El Ministerio de Economía implemento diversos instrumentos para desacelerar el progresivo incremento de los precios, el más reciente es “Precios justos”, hasta el presente no se han logrado los objetivos propuestos.
Evolución del IPC Nacional
El IPC Nacional cuya modalidad de medición se inició en 2017 (24,8%) ha exhibido sucesivos incrementos de precios con dispar volumen. En 2019, último año del mandato del ex-Presidente Mauricio Macri, la inflación anual registro un 53,8%. En 2020 inicio de la gestión Fernández, la medición fue del 36,1%, la reducción se explica por la caída de la actividad económica como respuesta a las restricciones sanitarias impuestas a nivel nacional e internacional por la pandemia Covid19.
En 2021, la paulatina eliminación de las barreras sanitarias, posibilitó una recuperación moderada de la economía, el comercio internacional comenzó a dinamizar la demanda de productos. Las economías desarrolladas otorgaron prioridad a recomponer sus stocks de materias primas y alimentos. Argentina enfrentó un escenario mundial con una incipiente tendencia incremental de precios en bienes de consumo, que las empresas locales con estructura oligopólica incorporaron inmediatamente.
Los incrementos de precios originados en las unidades productivas se trasladaron a las cadenas de comercialización, este procedimiento derivo en una espiralización de los precios. El gobierno fue incapaz de morigerar la situación descripta, por lo tanto la inflación alcanzó un 50,9% superando las previsiones proyectadas.
La economía nacional recurrentemente registra episodios de alta inflación que son la antesala de estancamiento de su estructura productiva-comercial. En la historia económica mundial no existen economías de crecimiento sostenido con una inflación superior al 30%.
Causas de la inflación en Argentina
La literatura económica postula que las causas que dan origen a la inflación se identifican por exceso de demanda agregada (consumo mayor a la cantidad ofertada, en una economía con plena producción y empleo), inflación de costos: cuando el costo de la mano de obra o las materias primas se incrementa y para mantener la rentabilidad el empresario sube el precio de sus productos. La inflación también puede asociarse a una emisión de dinero superior a la tasa de crecimiento de la economía y por último la visión estructuralista que plantea que la inflación es de origen estructural y obedece sobre todo a rigideces y asimetrías de la economía.
En Argentina no se logró una postura aceptada mayoritariamente y por lo tanto las medidas anti-inflacionarias tuvieron distintas recetas para el mismo problema. No obstante las últimas experiencias otorgan a los economistas estructuralistas y especialmente al progresismo político una cuota de mayor de aceptación en el origen de la suba de precios.
La inflación argentina es un fenómeno multicausal, enfrentar la problemática de la suba de precios con medidas de restricción monetaristas (reducir la cantidad total de dinero circulando en la economía), sin vincular las mismas a la regulación cambiaria y tarifaria fue el error más recurrente de los partidarios de la ortodoxia económica.
En los últimos meses se observa que los incrementos del IPC de periodos pasados (lo que los economistas definen como inercia), la sucesiva depreciación del peso frente al dólar, los incrementos de precios regulados y la tasa de interés aplicada por el BCRA a instrumentos de política monetaria, determinan efectos sobre la inflación en diferentes magnitudes.
Argentina en una etapa reciente perdió capacidad de intervención estatal, que la actual gestión intenta recuperar, a pesar de la férrea oposición de los principales grupos económicos, cuyo accionar se asocia al presente de las sucesivas escalada de precios de los bienes y servicios.
