El anuncio del ejecutivo provincial de abandonar el uso de los aviones para la lucha antigranizo generó el descontento de distintos sectores de la producción en Mendoza; en el Oasis Sur las cámaras de San Rafael y General Alvear motorizaron el reclamo al que también adhirieron las comunas. Mientras analizan la manera de mantener el sistema activo, ayer por la mañana, los intendentes de Rivadavia, San Martín y Junín fijaron su posición con una carta que le dirigieron al Gobernador y a su ministro de Producción.
El combate activo contra el granizo mediante aviones sigue generando tensiones, desde un municipio en el Este, señalaron que “los intendentes están escuchando a los productores”. En este marco, Ricardo Mansur (Rivadavia), Mario Abed (Junín) y Raúl Rufeil (San Martín), el miércoles presentaron una carta al gobernador Alfredo Cornejo y al ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, manifestando su “total desacuerdo con la decisión de eliminar el Sistema de Mitigación de Granizo”.
Una oposición de los tres intendentes basada, según expresan en el texto, en la “naturaleza intempestiva” de la decisión que tomó el ejecutivo. Argumentaron además que la misma careció de fundamentos técnicos “que demuestren su ineficiencia”, agregando la carencia de “consultas con los sectores de la producción” y con quienes suscribieron esa carta.
Ricardo Mansur, señaló que “estamos en desacuerdo en su eliminación”, agregando que no solo se trata del tema puntual de la agricultura, “sino también los problemas sociales que esto tiene aparejado. Los tanques de agua, las membranas en los techos, la desocupación que provoca cuando hay un desastre agropecuario, los consumos, el comercios”.
Los puntos de desacuerdo
Los intendentes subrayaron que consideran “inviable” que los productores de la zona puedan proteger sus cultivos mediante la colocación de malla antigranizo, “debido a los elevados costos, la falta de acceso al créditos, el tiempo insuficiente para implementarlas en este ciclo, los sistemas de conducción de viñedos existentes, la complicada situación económica y baja rentabilidad de sus productos”.
Consultado por Los Andes, Mansur explicó que en el caso de la vid, una de las principales actividades económicas del departamento, “el 63% del sistema de conducción de la planta es por medio de parral y el costo para protegerlo con malla antigranizo es muy caro, porque hay una serie de transformaciones que también hay que tener en cuenta”. El intendente detalló que hay que ver las estructuras, además de la disminución del rendimiento a causa de la perdida de aire y sol.
En el texto, los intendentes hacen hincapié en que no se puede “afrontar futuros ciclos de producción sin la protección adecuada o con un seguro que no cubre lo costos reales de producción, coloca a los productores en una situación de riesgo elevado y casi irreversible ante un desastre agropecuario causado por el granizo”.
Destacan que sus departamentos son mayoritariamente agropecuarios y que su desarrollo es fundamental para el Producto Brutos Geográfico (PBG). “Además una fuerte granizada provocaría además importantes problemas sociales”. Es oportuno recordar que el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, declaró el Estado de Emergencia o Desastre Agropecuario a raíz de las heladas tardías, viento zonda y granizo registrados durante el periodo agrícola 2023/24; quedando afectados 43 distritos sumando los tres departamentos del Este.
Reversión de la decisión
Los intendentes solicitaron por lo expuesto previamente al ministro de Producción, solicitaron revertir “de forma inmediata la decisión de eliminar este sistema de Mitigación de Granizo, hasta tanto se discuta y demuestre su ineficiencia”. Agregando que se otorgue a los productores el tiempo y las herramientas necesarias para encontrar soluciones viables a “esta situación inesperada e insostenible de forma individual debido al avanzado estado del ciclo de producción”.
Una transición ordenada
Fuera del texto, fuentes de una de las intendencias señalaron que “sorprende que en otros departamentos se intente implementar cuando el ministro, muy claramente, ha dicho que es una inacción”. En el Sur reconocen que el sistema no es completamente efectivo, pero consideran que el ataque aéreo es “solo una variable entre muchas otras”, mientras analizan alternativas público-privadas para sostener la mitigación, han incorporando en el debate el impacto que causa el granizo en otras actividades como el turismo, además de los daños urbanos y del impacto social.
Por su parte, Julio Acevedo, director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Martín, reconoció que a causa de esta medida “los productores manifiestan una gran preocupación. Muchos están llamando en forma constante, inquietos por el futuro de sus cultivos y por la posibilidad de enfrentar una granizada sin una protección adecuada”.
El Director municipal afirmó que el sistema de lucha antigranizo ha funcionado durante 30 años y que si bien su eficiencia ha sido cuestionada en ocasiones, “su duración sugiere su efectividad. La vitivinicultura, uno de los motores económicos de Mendoza, ha dependido de este servicio y reemplazarlo abruptamente sin un sistema alternativo adecuado genera una transición problemática”.
En números oficiales entre el 8% y 14% de la cosecha se pierde anualmente a causa de la “piedra”; de acuerdo a datos de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), durante la campaña 2022-2023 fueron afectadas 14.647 hectáreas al 100% por el granizo en Mendoza.
Un tiempo mínimo necesario
Acevedo destacó que el reemplazo del sistema de lucha antigranizo “por un sistema bancario subsidiado es complicado” debido a la falta de acceso a créditos y a las garantías por parte de los pequeños productores de 3 o 5 hectáreas. “Muchos de ellos no tienen los papeles necesarios ni la capacidad de asumir deudas, especialmente en un contexto de fluctuaciones económicas y precios del vino”, señaló.
Agregando que el proceso de implementación de un nuevo sistema requiere tiempo. Acevedo hizo hincapié en que el tiempo mínimo necesario “para que los productores obtengan créditos, instalen mallas y puedan completar todos los procesos administrativos necesarios es de 12 a 18 meses, lo que no es viable dado el ciclo de producción actual y la proximidad de la temporada de granizo que comienza en noviembre”.
Acevedo argumentó que la transición debe ser ordenada, con un sistema nuevo que reemplace al anterior de manera adecuada. “La implementación de un sistema bancarizado en una economía aún inestable es problemática y podría excluir a los productores pequeños y medianos”, concluyó.
A continuación el texto que enviaron a Gobernación:
