En el marco del juicio por la expropiación de YPF en 2012, el fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que autorice la transferencia de la totalidad de las acciones de la empresa que posee el Estado argentino, las cuales corresponden al 51% de la empresa.
La petición se basa en el incumplimiento de un fallo que ordena a Argentina pagar US$ 16.100 millones vigente desde septiembre del 2023, informó Noticias Argentinas.
Burford, que adquirió los derechos de Petersen Energía, la empresa de la familia Eskenazi asociada con un 30% del cobro si la Justicia falla a favor del fondo, busca ahora hacerse con todas las acciones que el Estado tiene en YPF.
El proceso legal, que ya lleva más de 9 años de trámite y está en proceso de apelación, generó tensiones entre Argentina y Burford. La jueza Preska falló previamente en contra del país, hallándolo culpable de la expropiación en 2012 bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
La solicitud de Burford se hizo inicialmente en secreto, pero Argentina pidió que se hiciera pública, lo que finalmente sucedió esta tarde. Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, la petición incluye también las acciones de YPF en manos de las provincias argentinas.
Maril explicó que Preska anteriormente indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no asignadas a las provincias, podrían utilizarse como garantía para evitar futuros embargos. Sin embargo, Preska aún no tomará una decisión al respecto hasta la primera semana de junio.
La ley de Expropiación en Argentina establece que cualquier transferencia futura de acciones requiere autorización del Congreso votada por dos tercios de sus miembros, según explicó S. Maril.
Además, explicó que esto sucede debido a que Argentina “no colocó una garantía en enero como se había previsto anteriormente, y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo”.
Aunque la autorización para la transferencia de acciones podría ser una opción, el incumplimiento por parte del Estado argentino podría resultar en un desacato con la corte norteamericana.
“Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido”, indicó.
