El gobierno de Alberto Fernández y los principales acreedores del país arribaron a un principio de acuerdo económico para reestructurar la deuda en dólares emitida bajo ley extranjera, pero se extenderá el plazo de negociación porque aún falta resolver cuestiones legales.
Con el aval de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo y sus aliados, el país podrá finalmente así avanzar en una reestructuración de bonos por 66.238 millones de dólares, con un alivio en el flujo de caja cercano a los 35.000 millones para la próxima década.
Además, de cerrarse finalmente el acuerdo, será un enorme alivio para las provincias, que tienen previsto (algunas ya comenzaron y otras esperan) renegociar deuda por 11.000 millones de dólares y para las empresas, que en 2021 deben refinanciar 3.800 millones de dólares.
En principio, el mercado se mostró ayer con euforia. En una jornada que había comenzado con los activos en terreno negativo, la novedad del acercamiento dio vuelta los ánimos y los bonos en dólares (que forman parte de la negociación) saltaron hasta 4,6%.
El indicador riesgo país de la Argentina, que elabora la banca estadounidense JP Morgan, se hundió 6,6% hasta los 2.119 puntos. El S&P Merval saltó 6,6% y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York se dispararon hasta 12,5%.
Paso a paso, golpe a golpe
Este proceso se inició el 19 de diciembre de 2019, cuando el ministerio de Economía publicó una lista de lineamientos para la reestructuración. A mediados de enero se inició el diálogo informal. Y la negociación formal comenzó el 21 de abril, con un Valos Presente Neto (VPN) ofrecido por la Argentina que fue calculado por el mercado en 39 dólares.
Hasta aquí el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo cuatro ofertas: en todas cedió una quita menor y todas fueron rechazadas. En la última, la distancia entre el VPN ofrecido y el exigido para los nuevos papeles había quedado en tres dólares.
Según trascendió ayer en Wall Street, el Gobierno y los bonistas decidieron partir la diferencia y llegar a un punto de entendimiento. En el mercado se habló anoche de un VPN de 54,30 dólares por lámina de cien. Otras versiones indicaban 54,80 dólares.
No obstante, como aún hay cláusulas legales que son determinantes, tanto las fuentes oficiales como la representación legal de los bonistas del país apelaron a la prudencia antes de dar por cerrado el acuerdo, ante la consulta de este diario.
Entre la información que se filtró de las negociaciones se indicaba que Argentina empezará a pagar en junio de 2021 y se adelantarán los pagos subsiguientes tres meses, por lo que el vencimiento posterior será en enero de 2022.
También Guzmán habría cedido en lo que tiene que ver con las cláusulas de reasignación y el umbral de aceptación necesario para que la reestructuración sea completa, elevándolo a en torno al 70%, cuando el gobierno pretendía que fuera del 60%.
Optimista, sin anuncios
Guzmán estuvo anoche en Casa Rosada en un acto con otros funcionarios. En la tarde había tenido una videoconferencia con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y otros legisladores.
Ese encuentro fue para hablar del proyecto de ley para el canje de deuda local, que la Cámara baja sancionará hoy. Sobre la deuda externa el funcionario se mostró “optimista” en ambos encuentros, pero nunca dio por cerrado el proceso.
El mediodía el funcionario que fue elegido para el cargo por el Presidente pasó por el departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, para ponerla al tanto de las negociaciones que había tenido el fin de semana.
El dialogo se enfocó sábado y domingo con el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos de Argentina (Ad Hoc), el Grupo de Accionistas de Bonos del Canje (Exchange) y el Comité de Acreedores de Argentina (ACC, por sus siglas en inglés).
La cuarta oferta había alcanzado una adhesión del 35% sin estos tres grupos. Ahora, de cerrarse finalmente con ellos –liderados en los hechos por BlackRock-, se alcanzaría el porcentaje necesario para reestructurar todo el pasivo externo.
Fuentes de ambas partes señalaron a este medio que en caso de sellarse un acuerdo sobre el VPN que el país reconocerá para los nuevos papeles que surjan del canje, se abrirá entonces un proceso que podría llevar entre uno y dos meses para cerrar la cuestión legal.
Como hoy vence el plazo legal de negociación, el Gobierno podría pedirle a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) extender el tiempo hasta fines de mes con la idea que tener para entonces todo resuelto.
