Este martes la Corte Suprema de la Nación dio por concluida, por inactividad procesal, la demanda de un frigorífico contra el estado de Mendoza por el cobro de una tasa llamado “servicio de inspección de productos comestibles de origen animal” cada vez que un transporte ingresaba al territorio provincial, según informaron fuentes judiciales.
Al disponer la “caducidad de instancia”, uno de los “modos anormales de conclusión del proceso”, el máximo tribunal dejó sin efecto la medida cautelar que se había dictado en agosto de 2017, por la que ordenaba a la provincia abstenerse de exigir el pago de esa tasa retributiva, prevista en la ley local 6959.
Para el frigorífico la tasa era “ilegítima e inconstitucional” porque “impide la libre circulación territorial en el país de la mercadería que elabora”, erigiéndose Mendoza en “una verdadera aduana interior al recaer exclusivamente sobre los productos elaborados en otras provincias que se encuentran en tránsito interjurisdiccional o federal”.
La Corte, que actuó con competencia “originaria” por tratarse de la demanda de un particular contra una provincia, evaluó que “desde la última actuación del Tribunal del día 31 de octubre de 2017 hasta la promoción del incidente de caducidad (casi dos años después), ha transcurrido el plazo establecido” en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sin que se haya impulsado el proceso, que al prever la caducidad da por terminada la causa cuando no se instare el curso de la causa dentro de los seis meses.
La resolución unánime de la Corte, dictada sin que Mendoza haya tomado intervención en el proceso, fue firmada por su presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
