Se realizó la primera de las audiencias públicas por los servicios del gas y la electricidad, que la Secretaría de Energía de la Nación convocó para esta semana. En este caso, se analizaron los nuevos precios del gas mayorista o en boca de pozo, que se aplicarán a partir del 1 de junio. La propuesta oficial plantea, para los usuarios residenciales, un incremento promedio del 42,7% y para los que cuenten con tarifa social, del 21%. En tanto, los de mayor capacidad de pago, perderán el subsidio y deberán afrontar subas más importantes.
En tanto, hoy se realizará la audiencia para discutir los valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que también regirán a partir del 1 de junio, y el jueves será el turno de tratar el esquema de segmentación que se utilizará para definir qué usuarios deberán pagar la tarifa plena de electricidad y gas, sin subsidios. Además, se decidirá qué usuarios conservarán un cierto nivel de bonificación; y cuáles mantendrán un aporte significativo por parte del Estado nacional.
Qué ítem aumenta
Para entender qué se está discutiendo, se debe tener en cuenta que la factura del servicio de gas está compuesta por cuatro componentes básicos: el precio del gas en sí mismo, el transporte, la distribución y los impuestos y tasas. El caso del primero de estos factores, los valores no sólo dependen de lo que se acuerda con las empresas productoras de gas natural en el país, sino también del costo del que se importa de Bolivia y del GNL importado y regasificado.
Desde la Secretaría de Energía destacaron que entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 no ha habido variaciones en el precio del gas que se factura a los usuarios finales. Sí hubo aumentos en otros componentes, como el transporte y la distribución. También plantearon que, actualmente, el 75,6% del precio promedio ponderado del gas natural lo absorbe el Estado nacional y solo el 24,4% lo pagan los usuarios.
Para calcular los incrementos, se tomó como referencia el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2021 alcanzó el 53,4%. Para los usuarios residenciales, se aplicará una suba equivalente al 80% de ese CVS; en decir, del 42,7% en promedio. En tanto, los beneficiarios de la tarifa social solo podrán tener una suba del 40% de ese CVS, que arroja 21,3% para todo 2022.
Como en marzo ya se aplicó un incremento en las facturas, por el concepto de Transporte y Distribución, los usuarios con tarifa social no tendrán un nuevo aumento en junio. Mientras que los restantes tendrán un ajuste del 18%. Se debe recordar, además, que, desde agosto de 2021, los usuarios mendocinos comenzaron a recibir boletas con un 30% o un 50% de descuento, por haber quedado incluido todo el territorio provincial en el régimen de Zona Fría.
En el informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Hidrocarburos se presentan algunos ejemplos de distribuidoras genéricas y se plantea que un usuario R3.1 del centro del país pasará a pagar una factura promedio mensual de $ 3.758 en julio.
En tanto, se estima que un 10% de los usuarios, aquellos con mayor capacidad de pago, deberán empezar a pagar la tarifa plena, sin subsidios. En la audiencia de mañana se definirá quiénes serán incluidos en esa categoría, pero ya se adelantó que serán afectados aquellos usuarios ubicados dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), quienes vivan en urbanizaciones cerradas o tengan ingresos superiores a 3,5 Canasta Básica Total de un hogar tipo 2 del Indec (hoy equivale a $ 314 mil). También serán alcanzados los propietarios de tres o más inmuebles, tres o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años aviones o embarcaciones de lujo.
Poca información
El secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, manifestó que tienen dudas sobre lo que se planteará en las audiencias de esta semana, ya que “el Gobierno nacional viene hablando de la posibilidad de una segmentación en las tarifas desde 2019″, pero no brinda información al respecto. “Tampoco la han enviado a los entes de regulación provinciales, como el Ente Provincial Regulador Eléctrico, señaló.
En un sentido similar, Romina Ríos, presidenta de la Asociación de Defensa al Consumidor Protectora, comentó que se sabe que los usuarios mendocinos del segmento medio tendrán un aumento del 18,5% en las boletas de gas y que el impacto será menor que en otras provincias, por estar incluidos en el régimen de Zona Fría. Sin embargo, indicó que en el caso de la electricidad es muy difícil saber cómo va a repercutir la suba en el precio mayorista de la energía en las facturas locales, una vez que se aplique la segmentación.
Por su parte, el economista Jorge Day, del Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea), planteó que, en una economía inflacionaria, las tarifas deberían seguir la evolución de los precios, pero las organizaciones defensoras de los usuarios y el mismo gobierno buscan que suban menos, para que la inflación no siga creciendo.
En el mundo, acotó el economista, estos servicios son muy caros, pero en Argentina son comparativamente baratos, aunque por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que se está dando en el país, una pequeña variación genera malestar.