El recalentamiento de los precios en el arranque del año diluyó la esperanza oficial de establecer un sendero que permita contener las expectativas inflacionarias en la antesala de otra elección bisagra para el futuro político de la Argentina. Los cálculos privados auguran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volverá a saltar por encima del 6% mensual en febrero y que uno de los rubros más afectados será el de los alimentos.
La foto que ya se vislumbra sobre la evolución de los precios en el primer bimestre permite suponer que la meta del 60% anual que el ministro de Economía Sergio Massa estableció en el Presupuesto 2023 se convertirá en el piso de un resultado incierto. Ese es ya un fenómeno crónico en la Argentina.
El IPC que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) saltó 6% en enero y confirmó que la inflación aceleró su marcha a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional para establecer referencias en las góndolas. Ese resultado fue incluso 0,4 puntos porcentuales (p.p) superior al que barajaron los analistas que el Banco Central consulta para realizar el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).
“Los datos de enero y lo que está arrancando de febrero está mostrando todo lo contrario. Siendo ya mediados de febrero, los datos muestran que la inflación, lejos de desacelerarse, está mostrando aceleración en un mes que habitualmente es muy tranquilo en términos inflacionarios”, evaluó la economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, en referencia a la meta del 60% que estableció el gobierno nacional.
Castiglioni precisó, en declaraciones a radio Rivadavia, que el IPC podría avanzar otro 6% en febrero. “Los datos apuntan a una inflación parecida al mes de enero o incluso mayor. Estamos entre 6 y un poco más, sobre todo, porque se está acelerando mucho alimentos y bebidas. La carne es un factor importante”, apuntó.
En enero, el rubro “Alimentos y Bebidas” volvió a ser el de mayor incidencia en el aumento del índice: avanzó 6,8% mensual, cuando en el último trimestre registró una evolución promedio del 4,8%.
Un informe de la consultora LCG, con datos relevados hasta la segunda semana de febrero, señaló que “el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 6,4% promedio en las últimas 4 semanas y 7,2% punta a punta en el mismo periodo”.
El estudio confirmó que, “por tercera semana consecutiva, Carnes fue la categoría que más aportó a la variación semanal (1,3 pp en promedio)”.
La firma Eco Go, que dirige la economista Marina Dal Poggetto, calculó que “la inflación de alimentos consumidos en el hogar en febrero treparía a 7,3% mensual”. Esta consultora espera que la inflación termine el año con una carrera acumulada del 118%: ese porcentaje coincide con la tasa efectiva anual que el ministerio de Economía estableció en la última licitación de Lede a 100 días.
Los guarismos proyectan un escenario más que complejo para la economía y, en el plano electoral, para el gobierno del Frente de Todos que encontró en la inflación un conflicto existencial.
La velocidad que adoptó la carrera de los precios, además de duplicar los malos resultados de la gestión Cambiemos, desataron las tensiones internas y apuntalaron condiciones contradictorias para cualquier campaña peronista: la semana pasada el Indec confirmó que el costo de vida aumentó 7,2% y que así una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en enero $ 163.538 para no ser considerada pobre.
En ese escenario se impone el fenómeno de los trabajadores pobres, por el que Cristina Kirchner atacó sin cesar a la administración de Alberto Fernández. Es una cuestión irresuelta que los dirigentes gremiales empiezan a tomar con mayor cuidado, atento a los reclamos de sus bases.
La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, salió en las últimas horas a ratificar el plan que fijó Massa, para tener una inflación semestral no mayor al 30%. Pero en el mundo sindical ya existen quienes rechazan la pauta anual del 60% con reclamos salariales más elevados o exigiendo que se incluyan cláusulas de revisión. “Hay que resolver la macro”, reclaman los representantes de los trabajadores.
Las gestiones del gobierno nacional para reducir el déficit fiscal, con la hoja de ruta que se consensuó con el Fondo Monetario Internacional, expone otra de las contradicciones vinculadas con el drama de la inflación.
En Economía resaltan que esas metas se cumplieron en 2022, y se terminó con un déficit primario de 2% del Producto Bruto Interno (PBI). “La inflación jugó un papel clave en la reducción del déficit fiscal. En un contexto de aceleración de la inflación mientras los ingresos tributarios suben a un ritmo similar al de los precios, la mayor parte del gasto público se actualizó por debajo de la inflación”, señaló al respecto un informe de Idesa.
El trabajo agregó que “un ejemplo muy ilustrativo y relevante –por ser el principal componente del gasto público nacional– es la pérdida de valor real que vienen sufriendo los haberes previsionales como consecuencia de la inflación” y remarcó que, “por eso, resulta contradictorio esperar que baje la inflación cuando se la está usando para reducir el déficit fiscal”.
“Si la inflación bajara, disminuiría la licuación del gasto público y aumentaría el desequilibrio fiscal”, advirtió el estudio.
