Cuando se habla de que la provincia se ha estancado y que en la última década casi no ha habido crecimiento de la economía ni del empleo, se suele hacer referencia a la necesidad de ampliar o reformular la matriz productiva. Sin embargo, es mucho menos frecuente que se mencione que la actual infraestructura energética supone una limitación a ese potencial desarrollo.
Cada invierno, algunas industrias conserveras, entre otras que necesitan hacer un uso intensivo del gas, tienen cortes programados en el suministro durante algunas horas o jornadas, para asegurar el abastecimiento a los hogares para calefacción, debido a que el recurso es insuficiente. Pero el motivo de esta insuficiencia no es que en el país no se pueda producir este insumo, sino que se necesitan inversiones para procesarlo y distribuirlo.
En tanto, si una empresa decide desarrollar un proyecto con una importante demanda de energía eléctrica también puede enfrentarse a dificultades para obtener la factibilidad y, luego, para contar con la infraestructura para acceder a este suministro. Y lo mismo sucede con la posibilidad de generación en parques fotovoltaicos, por la necesidad de contar con más líneas de alta tensión en el territorio provincial y en las zonas donde pueden asentarse estas instalaciones.
Mariano Guizzo, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), comentó que, cuando llega un proyecto a la provincia y busca ubicarse en una zona industrial, debe solicitar la factibilidad y reconoció que es complejo cuando necesita una cierta potencia eléctrica, y que lo mismo sucede cuando requieren gas de media o alta presión.
Esto involucra, detalló, a cualquier industria que desarrolle un proceso que utilice hornos, electrodeposición, fundición y a las electrointensivas en general. Sumó que hay sitios en los que, por más que el privado esté dispuesto a afrontar la inversión para ampliar la capacidad eléctrica, la infraestructura existente no soporta este crecimiento.
Gloria Magnaghi, presidente de Aderpe (Asociación de Empresarios Rodríguez Peña), comentó que, cuando, en 2021, se instaló una importante empresa nacional en esta zona, necesitaba una subestación eléctrica. Pero, cuando tramitaron la solicitud, desde la distribuidora les informaron que estaba en los planes, pero para construirla dentro de un año y medio. La alternativa que le ofrecían al privado era que él mismo financiara la obra completa.
Magnaghi indicó que le parecía poco correcto que una sola empresa debiera hacerse cargo del monto total, cuando luego podrían aprovecharla otras compañías que se asienten en la zona. Finalmente, con la intercesión de Aderpe y del Gobierno provincial, se acordó que la distribuidora eléctrica construya la subestación en un plazo de cinco años (ya que la potencia es importante).
Esta zona industrial y comercial, que ocupa una franja de 12 kilómetros de largo y 5 de ancho, con el carril Rodríguez Peña como eje, albergaba, antes de la pandemia, unas 170 empresas en la parte de Godoy Cruz, otras 25 en Guaymallén y cerca de 190 en Maipú. En total, estas industrias, comercios y prestadoras de servicios, de las que el 90% son pymes, daban empleo a unas 12 mil personas.
Problemas energéticos
La titular de Aderpe señaló que el abastecimiento de gas, para las industrias, pero también para las viviendas, representa un problema en la provincia y que, en general, los tendidos de todos los servicios públicos están viejos. Recordó que, a fines del año pasado, por un problema de cañería maestra, varias empresas tuvieron que comprar camiones de agua durante casi tres meses porque se quedaron sin suministro. Señaló que, por un lado, no hay fondos para financiar ciertas obras, pero que, además, hay dificultades para conseguir insumos, por las trabas a las importaciones y la falta de dólares.
Magnaghi comentó que están intentando avanzar en un nuevo máster plan para la zona industrial, porque el de hace una década ha quedado desactualizado. Esto, para definir en qué hay que avanzar, como agua, luz, gas, conectividad, alumbrado, ya que la entidad puede lanzar concursos públicos y acceder a financiamiento internacional. El objetivo es preparar la zona para el momento en que lleguen inversiones, ya que hoy estiman que hay un 60% de capacidad ociosa.
Lucas Carballo, autor del libro “Un análisis de las Políticas Públicas y Transformaciones en los Parques y Zonas Industriales de Mendoza”, indicó que el país tiene problemas estructurales en la provisión de energía, particularmente a las industrias, que establecen un límite al crecimiento, ya que se debe “administrar la escasez”.
El también docente de la maestría internacional en Economía Humana (en Barcelona) señaló que, después de las grandes obras hidroeléctricas de hace 20 o 30 años atrás, no se han hecho grandes inversiones en cuanto al suministro eléctrico. Y sumó que tanto el Gobierno nacional como el provincial y los municipales deberían avanzar en políticas para el recambio energético, ya que la matriz basada en el uso de combustibles fósiles está agotada porque no es sostenible. Asimismo, resaltó que Argentina tiene un inmenso potencial para la generación solar y eólica, que debe fomentarse con incentivos, como existen en otros países.
El gas en invierno
Algunas industrias suelen sufrir cortes en invierno, ya que, cuando el suministro no es suficiente, se prioriza que llegue a los hogares, para calefacción. De ahí que las empresas deban presentar planes de producción para estos meses, con menor cantidad de metros cúbicos, y, en ocasiones, se les notifique de interrupciones programadas. El año pasado, por la ola de frío y los problemas que ocasionó la guerra Rusia-Ucrania, no sólo hubo varios días sin abastecimiento a conserveras y secaderos, sino que incluso de produjeron faltantes de GNC en las estaciones de servicio del sur provincial.
Leandro Roldán, gerente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), explicó que, para la mayor parte de las conserveras, la temporada fuerte de producción es en el verano, por lo que no tienen inconvenientes. Pero algunas, como las que elaboran mermeladas o ciertos preparados de tomate, trabajan en el invierno y tienen restricciones en la disponibilidad de gas.
Si bien es raro que deban cerrar, no pueden hacer turnos completos ni tener la planta produciendo al 100%, ya que deben concentrar las tareas entre la media mañana y las primeras horas de la tarde (cuando se alcanza la temperatura máxima). Y cuando se llega a un corte, por lo general son programados, que se notifican con antelación.
Roldán comentó que en la cámara no han tenido noticias de inversiones que se hayan frenado por dificultades para acceder al gas o la electricidad. Sí, en cambio, por la imposibilidad de importar maquinaria y acceder a financiamiento.
Pese a esto, mencionó que las industrias enfrentan distintos problemas vinculados con estos servicios. En el caso del gas, los contratos se hacen en dólares y, si bien se toma el tipo de cambio oficial, se ha ido devaluando y esto aumenta los costos. En cuanto a la electricidad, las conserveras utilizan potencia máxima durante 4 meses, pero el período de contratación establecido es de 3 y, como solicitan energía que no usan en los dos meses “sobrantes”, cada año deben pagar multa por eso (han reclamado en diversas oportunidades a Nación, sin respuesta).
Nuevo gasoducto
Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, detalló que el pico máximo de producción de gas en el país se produjo en julio de 2019 y luego decayó fuertemente, producto del congelamiento tarifario y la disminución de la demanda industrial durante la pandemia, lo que desalentó las inversiones. El plan Gas 4 favoreció que se recuperara la senda ascendente, al asegurar el precio del gas por cuatro años y en dólares, lo que brinda certidumbre a las empresas.
Sin embargo, no había infraestructura para distribuir ese recurso que se generaba, por lo que nació el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, cuya primera etapa se inaugurará en junio. Pese a eso, el investigador advierte que, en el invierno, se importan unos 60 millones de metros cúbicos de gas natural -y gasoil-, mientras este nuevo tendido apenas permite incrementar el suministro local en 10 millones. En una segunda etapa, se llevaría a 20 millones y, en una tercera, a 40 millones (en 2025). Es decir, que este año no va a resolver el problema del abastecimiento en el mercado doméstico.
Un factor que mejora la ecuación con respecto al año pasado, cuando se llegó a un déficit de US$ 7.000 millones es que, en 2022, por la guerra Rusia-Ucrania, se pagaron US$ 40 por millón de BTU (cuando la media histórica ronda los US$ 8 a 10), mientras este año bajó el precio internacional y se pudo comprar a U$S 15 el millón de BTU; con lo que el resultado negativo de la balanza comercial -entre el gas que se exporta y el que se importa- va a ser menor.
Carnicer señaló que Vaca Muerta tiene una capacidad enorme de producir gas, pero que se necesita infraestructura para licuefaccionarlo y para transportarlo. Sin embargo, indicó que una planta para enfriarlo demanda una inversión de US$ 4.000 millones y la primera etapa del gasoducto requirió de US$ 1.500 millones. Y que, además, es fundamental contar con seguridad jurídica -de que no se van a cerrar las exportaciones ni a aumentar la brecha del tipo de cambio- para que esas obras se realicen.
