Mientras el empleo asalariado público creció 36% en el último decenio, el empleo asalariado privado lo hizo apenas 4%. Una de las causas de esto, tiene que ver con la cantidad de empresas registradas en Argentina: 13,5 empresas activas cada 1.000 habitantes, un número exiguo comparado con otros países, pero que además se redujo 13% respecto de 2012 (dato 2022).
Los datos responden al último informe sobre Competitividad del Consejo Empresario Mendocino y aunque no muestran un panorama positivo por sí mismo, incluyen pautas claras para revertir esa situación y adoptar un sendero de crecimiento.
En cuanto a la cantidad de empresas, Mendoza también ronda las 13,2 empresas cada 1.000 habitantes, en línea con el promedio país y por debajo de provincias como Santa Fe, Córdoba y Neuquén, aunque por encima de Buenos Aires, San Luis y San Juan (según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial ).
La menor cantidad de empresas registradas, se traduce en una economía estancada, caída del empleo privado y una menor recaudación. A contramano de lo que los empresarios consultados por Los Andes señalaron que debería hacerse, la presión tributaria continuó en aumento y no se incentivaron nuevas inversiones.
Consultado por el rumbo del país y la provincia, para ir hacia un sendero de crecimiento que logre revertir esos números, el actual presidente del CEM, Martín Clément, señaló que, “en la medida en que se vayan reglamentando la Ley Bases y el DNU 70/23 se van a ir creando las condiciones para que la actividad económica y el empleo crezcan”.
“Mientras el gobierno provincial mantenga un camino de austeridad, de eficiencia del gasto y el nivel de endeudamiento en niveles razonables, como lo viene haciendo, aquellas condiciones tendrán impacto positivo también en la Provincia. Pero va a ser un proceso paulatino que además exigirá de los privados, desde el más pequeño al más grande, hacerse protagonistas y abandonar posturas reactivas”, agregó.
En el mismo sentido sumó que el RIGI (Regimen de Incentivo para Grandes Inversores), que se incluye en la Ley Bases, apunta a beneficiar directamente a que sean las grandes compañías las que inviertan en el país, “con la expectativa de mejorar el clima de negocios” y así, beneficiar también a las empresas más pequeñas. “La Ley está pensada para generar mejores condiciones a todas, y que las Pyme son las que más generación de empleo producen”, recordó.
En la misma línea, el gerente de Montemar, Federico Pagano, señaló que “hoy uno de los principales problemas que se advierten son los costos que tiene ser emprendedor o empresario en la Argentina”.
“Los costos laborales hacen que cada trabajador sea caro para el empresario pero que, este, a su vez cobre poco porque, prácticamente la mitad del sueldo de una persona se lo lleva el Estado (además de la cuota sindical y demás aportes que deben pagarse por cada trabajador registrado)”, sumó.
A esto se suma la cantidad de trámites diarios que deben realizarse en una empresa. “Mientras más trámites se exijan a la hora de hacer negocios, es menos probable que estos se realicen”, comentó Pagano y señaló que, por el contrario “si el Estado se achica y disminuye su peso sobre el sector privado, las opciones para emprendedores y empresarios aumentan”.
¿Cómo sería un ‘Estado Pequeño’?
Para el CEM, lo importante no es solo el tamaño del Estado, sino su eficiencia y productividad, y su foco en sus funciones indelegables. Sin embargo, un Estado eficiente y enfocado en lo que debe hacer será, lógicamente, más pequeño que el actual.
“Esto implica también que el gasto público reduzca su prociclicidad (una de las más elevadas del mundo según el Banco Mundial), es decir que aumente sin justificación evidente cuando la economía crece. Además, un Estado más eficiente y con sus cuentas equilibradas deja de competir por financiamiento con el sector privado, permitiendo que el ahorro nacional se destine a inversiones privadas productivas. El gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios) de Argentina promedió 30% del PIB en las décadas de los 80s/90s y hasta 2005, aumentando desde entonces hasta un máximo de 47% en 2016 y 2020, para ubicarse en 42% en 2022″.
“El sistema impositivo también debe simplificarse, considerando que 10 impuestos recaudan el 92% de los recursos tributarios, y otros 145 impuestos solo el 8% restante. Argentina tiene que encaminarse a un nuevo orden económico que ponga en valor al sector privado como factor clave para el desarrollo del país. Entendemos que la Ley Bases, el paquete fiscal y el DNU 70/2023 son herramientas necesarias que señalan un cambio en sentido correcto, al buscar racionalizar el gasto estatal, la mayor eficiencia en la gestión y un mejor clima de negocios e inversión, al proponer un régimen de incentivos a grandes inversiones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento económico, las exportaciones y el desarrollo de clústeres productivos y PyMEs locales. Estas iniciativas buscan el mejor funcionamiento de mercados de factores claves, y la mayor transparencia fiscal, aspectos que impulsan la competitividad de nuestro país”, se explica en el informe.
Clement explicó a este diario que, “a nivel provincial sería deseable que se eliminen o disminuyan las tasas de impuestos distorsivos como el de Sellos y el que grava los Ingresos Brutos”, mientras que a nivel nacional, “se eliminen aquellos como el impuesto al cheque, el impuesto PAIS o la “Tasa de estadística” que se encuentra en niveles que rozan la expoliación desde hace casi 6 años”.
“Lamentablemente el deterioro fiscal nacional es tan acuciante que esto debe ser acompañado de un proceso de crecimiento, que como dije anteriormente, se dará lentamente”, sumó Clement.
Pagano coincidió con el empresario a cargo del CEM y comentó que con la excepción de Turquía, Ingresos Brutos no se cobra en ningún otro lugar del mundo, y sumó las “retenciones” como una traba para el crecimiento de la actividad económica que debe ser eliminada. “Son sobrecostos que te hacen poco competitivos a nivel internacional”, explicó y agregó que en una economía equilibrda, no debería haber más de 3 o 4 impuestos, pero con los 167 (impuestos, más tasas y otras cargas estatales) que existen actualmente, “estamos lejos de ese ideal”.
Mejorar las condiciones para exportar e importar también resulta clave de acuerdo con Clement y en este sentido, si pudo señalar un signo de avance. “Aún dista de ser lo deseable (el escenario actual), ni siquiera parecido a las de un país normal, como en cualquiera de nuestros vecinos. Persisten problemas con los pagos al exterior, con esquemas de plazos aún demasiado largos”, comentó pero señaló que, “de todos modos, este gobierno fue muy creativo para intentar a través de los Bopreal recomponer lo que más resultó dañado en el gobierno anterior: nuestra reputación como argentinos en las transacciones comerciales”.
“Servirse de las empresas, sin esquilmarlas”, el pedido de la UIM
Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, resumió en seis puntos fundamentales el papel preponderante que tiene para una economía sana la creación de empresas y la sustentabilidad de las mismas y las barreras o “costos” que evitan que esto ocurra.
“1.- Es muy importante y muy valioso poner en valor a las empresas y el rol que cumplen en el entramado productivo y social.
2.- Existe un costo (proporcionalmente) muy alto para dar el salto desde la informalidad total a poder constituir una empresa. Esto desalienta la creación de micro empresas.
3.- Existe otro costo que (proporcionalmente) también es caro y es el costo administrativo. Una empresa, por más chica que sea, requiere permanentes presentaciones administrativas en infinidad de organismos públicos, sindicatos, obras sociales, bancos, contadores, abogados, municipalidades, etc.
4.- El costo transaccional para operar entre empresas es carísimo. Básicamente impuestos distorsivos: Sellos, Ingresos Brutos, Impuestos a los créditos y débitos, etc.
5.- Las políticas públicas de incentivo (algunas muy buenas) no siempre tienen perdurabilidad en el tiempo y la vida de las empresas (y de los humanos en general) no se resetea cada 4 años.
6.- Seguridad: en Mendoza hoy la seguridad es todo un tema que encarece y hace muy riesgosa la existencia de algunos emprendimientos. La Policía y el Poder Judicial no ven en las empresas un sujeto que deba ser protegido”, señaló.
“Es muy importante poner en valor el rol que cumplen las empresas en el entramados social y productivo. De esa forma se va a cambiar la mirada muchas veces hostil hacia las empresas por otra mirada según la cual hay que servirse de las empresas sin necesidad de esquilmarlas”, insistió.
Mirando hacia adelante, la propuesta del CEM
A nivel local, el Consejo Empresario Mendocino destaca que después de “muchos años de desequilibrios fiscales que hicieron eclosión en 2015, desde 2016 el Estado provincial inició un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas con resultados evidentes a la fecha (6 de los últimos 8 años con superávits corrientes y los 3 últimos años con superávits operativos). Este
desempeño fiscal ha permitido, inclusive, reducir significativamente el stock de deuda pública, asegurando la sostenibilidad de la misma. Mantener el desempeño fiscal actual es un aporte a la competitividad local que, debe ser complementado con otras iniciativas”, tales como:
“Continuar el proceso de racionalización del gasto público provincial, y acompañarlo de una reducción paulatina de la presión tributaria provincial (que pese a la paulatina reducción desde 2017 aún duplica la de 2004), con especial énfasis en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, un impuesto distorsivo que representa $8 de cada $10 de recaudación provincial, pasando del 2% del PBG en 2004 al 5% del PBG en la actualidad”.
Esto se completa con pautas para que los estados municipales también sean más austeros y eficientes. “Es importante que los logros de la gestión fiscal provincial se repliquen en todos los municipios”, con (entre otras) iniciativas para reducir la presión fiscal municipal y “establecer instancias de capacitación cruzada entre municipios (capacitación de pares) y con el sector privado, y promoción de buenas prácticas en el manejo de la información.
Asimismo, aseguran que resulta importante promover la conformación de espacios de trabajo conjunto y permanente entre sector privado y sector público, para identificar oportunidades, obstáculos, desafíos y acciones que mejoren el desempeño productivo y la competitividad de diversos sectores y cadenas de valor. El Foro de Inversiones y Negocios que anualmente realiza el Consejo Empresario Mendocino junto al Gobierno de Mendoza es un ejemplo concreto de colaboración público-privada.
De igual manera, a nivel nacional, hablan de esperanza “porque Argentina comienza a dar pasos hacia un nuevo orden económico que pone en valor la contribución del sector privado, de sus emprendedores y de sus empresas, como factor clave para el desarrollo armónico del país y la creación de riqueza”.
“En este sentido entendemos que la Ley Bases, el paquete fiscal y el DNU 70/2023 son instrumentos necesarios porque señalan un cambio en el sentido correcto, al considerar una reforma del Estado que busca racionalizar el gasto público y una mayor eficiencia en la gestión, al incluir reorganizaciones administrativas, privatizaciones, racionalización del empleo público (que creció considerablemente mientras el empleo privado se estancaba) y cambios procedimentales que simplifican y agilizan la administración, alivianando el peso del Estado sobre el sector privado. al mismo tiempo que establece mecanismos de concesión competitivos para la construcción de infraestructura”, aseguran, con el desafío ya planteado de que todo esto mejore el ecosistema emprendedor y atraiga inversiones para Mendoza y el país.
