El viernes pasado, en su visita a la provincia para participar de la convención anual del IAEF, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mencionó, entre las desregulaciones que están aplicando en el sistema de salud, que seguirá de cerca el pedido de la provincia de Mendoza a la Anmat para que autorice la importación de medicamentos producidos en India. El Ejecutivo local estima que, como mínimo, se ahorrarían US$ 700 mil anuales.
El ministro de Salud y Deportes de la provincia, Rodolfo Montero, se había reunido en junio con el embajador de India en Argentina, Dinesh Bhatia, para analizar la posibilidad de importar medicamentos. El funcionario mendocino resaltó, en una publicación en X, que “ese país se ha convertido en uno de los mercados de mayor producción mundial y tiene laboratorios de gran prestigio internacional”.
Luego del comentario de Sturzenegger, Montero volvió a viajar a Buenos Aires el lunes, para tener una nueva reunión con el embajador y algunas empresas de India, con las que ya había mantenido encuentros virtuales, pero ahora vinieron al país para traer documentación que requiere la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Se trata de la única provincia que está realizando esta solicitud.
El objetivo principal de esta gestión es poder administrar los fondos provinciales con mayor eficiencia. El ahorro dependerá de los medicamentos cuyo ingreso autorice la Anmat. La provincia ha pedido la cotización de 178 en total -las tratativas han sido con laboratorios indios que ya exportan a la Unión Europea y Estados Unidos-, pero si sólo compraran 25, implicaría gastar US$ 700 mil menos en un año.
Entre las medicaciones que se importaría están las que sirven para tratar hipertensión (enalapril, losartan); diabetes (metformina); e hipotiroidismo (levotiroxina). También antipirético y analgésico (ibuprofeno); antiácido (omeprazol); antibióticos (amoxicilina, cefalexina, azitromicina); y antifúngico (fluconazol), entre otros.
Avance de la desregulación
En su revisión de las desregulaciones que el Gobierno ha realizado en estos primeros nueve meses de gestión, Sturzenegger mencionó algunas que se han aplicado en el sistema de salud, obviando la pregunta de la periodista Florencia Donovan -quien moderó el panel del IAEF- sobre las idas y vueltas sobre el establecimiento de topes al aumento de las prepagas.
Enumeró que el DNU 70 impuso la receta electrónica para que los médicos tengan que recetar genéricos y permitió que las ventas de medicamentos sean online (recordó que en Mendoza se presentó una medida cautelar). El ministro nacional planteó que el motivo que esgrimen las farmacias es que quieren proteger a la gente, pero lanzó que el omeprazol genérico sale $3 mil y el de marca $23 mil. Por otra parte, indicó que las personas que viven en zonas alejadas no pueden comprar hoy un ibuprofeno en el kiosco en ciertos días y horarios, y deben viajar varios kilómetros para conseguir una farmacia de turno.
Planteó otro cambio importante y es que las prepagas pasaron a ser parte del sistema de las obras sociales y hoy se puede ingresar en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud y optar por la que se prefiera, con un trámite online “que tarda un minuto”. Además, si la persona tiene contratada la prepaga a través de un sindicato, puede hacerlo en forma directa, sin intermediarios.
En esta línea, Stuzenegger mencionó al gobernador Alfredo Cornejo y celebró el pedido que hizo el Gobierno provincial a la Anmat de autorizar la importación de medicamentos de la India. “Quedate tranquilo, que lo voy a estar mirando así”, le dijo, con un gesto de enfoque. Sumó que el pedido apunta a medicaciones que ya están autorizadas en Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que si el organismo llega a decir que no… “Esto es la casta en acción. Esta es la batalla”, lanzó.
Preocupación
Si bien el Gobierno provincial considera que se trata de un espaldarazo al pedido de importación, desde el sector privado no están tan conformes con la medida. Una fuente del sector farmacéutico mencionó que esta gestión hubiera tenido sentido si apuntaba a los medicamentos de alto costo, que se compran para los hospitales públicos y los programas de atención provincial para personas que no tienen cobertura médica.
Esto, porque el 50% de gastos en medicamentos que hacen los estados, en todo el mundo, son para el tratamiento del 20% de enfermedades. Pero si se trata de drogas ambulatorias e incluye a las que se receta a los afiliados de OSEP perjudicaría a las farmacias, porque la mitad de la facturación depende de esta obra social y PAMI.
Por otra parte, si fuera para estas medicaciones de alto costo, habría un sistema de distribución más claro. En cambio, para otras habría que resolver cuestiones logísticas e impositivas, ya que, como en otros sectores, la producción nacional tiene una alta carga de impuestos, y habría que ver en qué condiciones se permite el ingreso de medicamentos de afuera.
De todos modos, el consultado consideró que se puede tratar más de una medida que apunte a impulsar una baja en los precios, de un modo similar a cuando el presidente Javier Milei anunció que facilitaba las importaciones de alimentos para intentar controlar la inflación. Esto, porque, en la práctica, cuando se trae un nuevo medicamento del exterior se deben realizar análisis de control de calidad, aun cuando esté homologado, y se trata de un proceso que toma un tiempo.
En cuanto a la receta online, subrayó que no está reglamentada y coincidió en señalar que existe un amparo presentado en los juzgados federales de Mendoza. Además, resaltó que la potestad de reglamentar la cadena comercial de los medicamentos es de la provincia y en Mendoza el Gobierno ha manifestado que no tiene intención de adherir porque la venta por Internet conlleva riesgos, por ejemplo, de que los productos sean truchos.
Beatriz Cucchi, tesorera del Colegio Farmacéutico de Mendoza, indicó que el medicamento no es como cualquier bien, ya que se administra a una persona que está enferma, para que se sane, y esto implica que el paciente acceda en tiempo y forma a un producto que está en buenas condiciones y ha sido conservado de modo adecuado.
Para eso, resaltó, existe un profesional universitario, que es el farmacéutico, quien asume esa responsabilidad. Recordó que en los ‘90 se intentó avanzar en el mismo sentido y empezó a llegar dipirona de un país limítrofe que estaba falsificada y no tenía ese compuesto, con el riesgo sanitario que conlleva. En este sentido, recalcó que no se trata únicamente de una cuestión de economía.
El presidente de la Federación Médica de Mendoza, José Lodovico Palma, indicó que desde el gremio médico consideran que, durante décadas, se ha privilegiado a la industria farmacéutica, por lo que es “momento de que los funcionarios de turno piensen más en políticas de salud serias, dirigidas al paciente, y no les den tantos beneficios a los laboratorios multinacionales”. De todos modos, consideró que esto tiene que estar enmarcado en un plan de salud, donde existan mecanismos transparentes para la adquisición de medicamentos.
Sobre la receta electrónica, Lodovico planteó que la ven como un paso fundamental, pero que su implementación se debe realizar de un modo muy cuidadoso para no profundizar la pérdida de la relación médico-paciente, que se ha deteriorado por la atención rápida que se demanda al profesional.
Asimismo, mencionó que un médico que desconoce la historia clínica del paciente puede recetar una medicación por tres o seis meses, y renovarla sin hacer un seguimiento adecuado. Y advirtió que las plataformas de recetas empiezan a acceder a información de los pacientes sin tener, en ciertos casos, un adecuado manejo de los datos personales. Además, indicó que no todas las personas tienen acceso a internet o saben cómo usar la tecnología para activar un token, lo que es otra cuestión por resolver.
