El bono TX31 con el cual el Gobierno nacional propuso pagarle a la Ciudad de Buenos Aires y cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue emitido para cancelar una deuda consolidada con la provincia de Santa Fe y prácticamente no registra operaciones en el mercado financiero, lo cual genera serios interrogantes sobre su aplicación a obligaciones que deben girarse diariamente.
El presidente Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia, Omar Perotti, acordaron la emisión de este título en mayo de este año para el pago de $ 151.800 millones, luego que el máximo tribunal le diera la razón a Santa Fe en un reclamo por fondos de coparticipación mal descontados.
El fallo había sido dictado en noviembre de 2015 y la implementación de la resolución demandó seis años y medio. El TX31 vence en noviembre de 2031 y tiene una cláusula que ajusta por CER (variación de la inflación) +2,50%.
El bono está registrado en el BYMA (mercado donde se inscriben todos los activos a cotizarse en los distintos mercados) pero nunca se comercializó con lo cual “no tiene mercado secundario”, lo que implica que “no se sabe cuánto vale”.
De acuerdo al prospecto de emisión su amortización es en 10 cuotas semestrales que se pagan el 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año, siendo el primer período de pago el 30 de mayo de 2027. El interés de 2,5% se paga dos veces por año.
Sin operaciones registradas, los interrogantes de los operadores son múltiples y de allí que dudan sobre la operatividad de la propuesta del Gobierno nacional.
Cuando la Nación emitió el título lo hizo por el total de la deuda con Santa Fe, pero ni desde el Gobierno, ni del Ministerio de Economía, ni tampoco desde el Banco Nación se aclaró como sería en el caso de la Ciudad de Buenos Aires.
Para cumplir con el fallo de la Corte y la ley de Coparticipación Federal, el Palacio de Hacienda debiera emitir todos los días una porción de TX31, que se acreditaría en la cuenta especial que se abrió a tal fin.
La otra pregunta es a qué valor se toma ese título. Si por alguna razón el título fuera operado a, por ejemplo, al 50%, ¿la emisión debiera ser a su valor nominal o por el valor de mercado hasta completar el cupo que le corresponde a la Ciudad? Las fuentes oficiales consultadas de los organismos gubernamentales involucrados no tuvieron respuesta.
Cabe recordar que el dinero que oportunamente se le quitó a la Ciudad de Buenos Aires fue derivado hacia la provincia de Buenos Aires, en tiempo que se descalificaba a la Capital Federal tildándola de “opulenta”.
En consecuencia, en lugar de retrotraer la situación, Fernández primero busca una salida transitoria con una propuesta financiera polémica y luego procura involucrar a la clase política en el fárrago legislativo para definir de dónde saldrán los fondos para el ejercicio 2023 que ya tiene su presupuesto aprobado.
Al respecto, tampoco hay definiciones sobre los plazos. Si el proyecto de ley que va al Congreso comenzaría a discutirse en extraordinarias en febrero, es posible que su sanción definitiva sobrepase el plazo de la cautelar (marzo de 2023), quedando todo el mecanismo en un limbo jurídico mientras se resuelven rechazos, apelaciones e impugnaciones.
En consecuencia, quienes operan en el mercado creen que aún resta conocer una serie de detalles relevantes para establecer si desde el punto de vista económico financiero es posible pagar una deuda que devenga diariamente con un bono de estas características.
