El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, dejó sin efecto el alerta sanitaria que regía desde el 6 de julio de 2020 por la pandemia de coronavirus. En este contexto, los empresarios del sector industrial de Mendoza empezarán a emplazar a los empleados para que cesen la dispensa (permiso para no asistir a trabajar) y retornen a sus puestos, aunque antes esperan por una resolución que aclare el panorama y desincentive un posible aumento de la litigiosidad laboral.
El 9 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución Conjunta entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Trabajo y el de Salud que abría la posibilidad tanto al Estado como al sector privado a intimar a los trabajadores, antes considerados de riesgo, para que se presentaran a trabajar. Sin embargo, a la luz del nuevo DNU 494/2, que minimiza restricciones a diversas actividades, la Union Industrial Argentina (UIA), reclamó por normativas claras para lograr que los empleados vuelvan a la actividad.
Así lo planteó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en una rueda de prensa realizada tras la reunión de Junta Directiva. “Quienes tienen la primera dosis ya pueden ser convocados, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. Nadie puede obligarlos, pero no se los puede insertar en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto, entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración”, expresó.
Desde la Unión Industrial de Mendoza (UIM) coincidieron con el planteo de la UIA. Su titular, Mauricio Badaloni, (pre candidato a diputado provincial por la lista Cambia Ya) señaló que, “entendiendo que la última reglamentación deja por terminada la emergencia sanitaria en las provincias, y se vuelve a la fase anterior, se requiere de un trabajo con las gremiales sindicales y el Ministerio de Trabajo de la Nación, para que el 8% de los empleados que todavía no ha regresado al trabajo, lo hagan”.
De acuerdo con el empresario mendocino, en la actualidad se están tomando nuevos operarios para cubrir a quienes aun no regresan (a través de programas como Enlace), mientras que a estos se les abona el 75% del salario, con los gastos y la menor actividad que eso significa para las empresas. Ahora bien, Badaloni opinó que hay que diferenciar entre el personal de riesgo que no quiere vacunarse -y por ello no vuelve a trabajar- y los mayores de 60 que están en situación de riesgo real.
Para el segundo grupo se ha planteado la posibilidad de que el Estado evalúe una jubilación anticipada.
“La emergencia sanitaria se levanta, y entendemos que todos deberían volver al trabajo, y más si la vacuna está disponible. Resulta necesario que en un tiempo perentorio, el Gobierno encuentre una solución y no exista un limbo legal que abra puertas a medidas cautelares o a juicios laborales”, sumó el titular de la UIM.
Por lo pronto, Badaloni comentó que los empresarios de la UIM están “permanentemente convocando a trabajar” al personal dispensado, pero se encuentran con la respuesta de que están “en riesgo sanitario”.
“Buscamos evitar controversias e incentivar la vacunación, porque la inmunidad de rebaño es la que puede facilitar las cosas para todos los ciudadanos argentinos”, sumó el empresario. “La UIA es un buen articulador. La decisión se tiene que tomar a nivel nacional, pero se requiere celeridad”, completó.
El pedido de que el Estado sea quien exponga condiciones claras para que la totalidad de la nómina regrese a sus puestos de trabajo, o se considere la jubilación anticipada, no es exclusivo de la UIA, o de la UIM en Mendoza. Según indicó el titular de Asinmet, asociación que nuclea a los industriales metalúrgicos de la provincia, Mariano Guizzo, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), de la que también forma parte la entidad local, ha expuesto que los cambios en las condiciones sanitarias y de vacunación tienen que verse reflejados en las industrias.
“No tenemos la oportunidad ni la intención de obligar a nadie a que se vacune, pero hay que tener en cuenta que esos trabajadores constituyen un riego para el resto, y todavía hay un 8% de ausencias que se dan por contactos estrechos, y mayores de 60 años que se consideran en riesgo. Ha pasado más de un año y medio, y no se ve un horizonte cercano para volver a la total normalidad. Necesitamos normas específicas para los dispensados”, agregó Guizzo.
Esto no se da en la mayoría de los casos. Guizzo recordó que en julio del año pasado el 25% de los trabajadores llegó a tener algún tipo de dispensa por Covid, y en su mayoría, se trataba más de casos que habían estado en contacto con contagiados (reuniones familiares o sociales), que personas enfermas. Aún así las dificultades con los dispensados persisten.
“Ya hay decretos reglamentarios que dicen que con una vacuna o el esquema completo en los casos de riesgo, tienen que volver a trabajar, pero existen grises que están haciendo que empiece a verse un panorama judicial que nadie quiere”, agregó el titular de Asinmet.
Guizzo destacó que existen contrapuntos complejos: “hay quienes dicen que no quieren vacunarse, pero esos derechos, esas libertades individuales ponen en riesgo a otros. Además, no están cumpliendo con las tareas u obligaciones del Contrato de Trabajo”.
Finalmente, el empresario señaló que “tanto los sindicatos como las cámaras empresariales y los gobiernos (provincial y nacional), se han puesto mucho para que comience la recuperación económica”, pero opinó que la falta de reglas no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo.
¿Qué dice la Ley y qué pasa con los que no se quieren vacunar?
Desde el Colegio de Abogados de Mendoza, Verónica Barbisán, presidente de la Comisión de Derecho Laboral, explicó a Los Andes que “dado el cronograma de vacunación gratuita, una empresa puede emplazar al trabajador que no se presente a concurrir al trabajo 14 días después de recibir la vacuna”, aunque existen excepciones por riesgo de salud.
Esto va rige para el Estado provincial, desde donde se han mandado memorándums pidiendo el regreso de trabajadores que antes estaban exceptuados por pertenecer a grupos de riesgo. De los casos que conoce esta especialista en derecho laboral, todos se han presentado a trabajar después de recibir la comunicación.
Asimismo, la letrada aclaró que si un trabajador no se presenta a su puesto presencial, puede ser intimado a que se presente dos semanas después de recibir la primera dosis (o la segunda dosis en caso de ser pacientes oncológicos trasplantados o personal de salud perteneciente a los grupos de riesgo). Si el trabajador, ante ese emplazamiento, no se presenta, el empleador puede mandar otra comunicación donde se lo emplaza bajo apercibimiento de considerar su actitud como abandono de trabajo y, por ende, poniéndolo en una situación de despido con causa.
“Ahora están prohibidos los despidos sin causa, pero esto sí configura una causal de despido y no se puede reclamar ningún pago de indemnización”, detalló Barbisán.
En Argentina la vacunación no es obligatoria, entonces ¿qué pasa si la persona no se quiere vacunar? En este caso debe indicar sus motivos, debido a que pone en riesgo su propia vida y la de sus compañeros. “Aquí se hace jugar el principio de buena fe, base del derecho laboral. No se puede emplazar al trabajador a vacunarse, pero sí a que arbitre sus medios para disminuir los riesgos de contagio”, señaló la especialista.
