El Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) presentó ante las autoridades provinciales un “programa para dinamizar estructuralmente la economía de Mendoza”. El escrito contempla cuatro proyectos prioritarios para trabajar, entre los que se destaca la creación de un nuevo régimen del empleo público.
La iniciativa fue ideada originalmente por el Dr. Juan Antonio Zapata, decano de Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza, junto a Gustavo Reyes, economista del Ieral (Fundación Mediterránea). Ahora, fue retomada por el CEAS, con el fin de ponerla en la agenda del Gobierno y la Legislatura Provincial.
Por ahora no se han dado a conocer demasiados detalles de cómo funcionaría en nuevo sistema, pero a través de un comunicado de la Mesa de la Producción y del Empleo de Mendoza (es parte del CEAS), se difundieron los lineamientos generales del proyecto. “El fin último del régimen laboral del sector público debe ser servir lo mejor posible a los habitantes de Mendoza. Por lo tanto, la asignación de los recursos humanos en el Estado debe sustentarse en un régimen laboral que privilegie la idoneidad para acceder a los cargos y premie el esfuerzo aplicado en la prestación del servicio público. En la inmensa mayoría de los servicios que presta el estado, el principal insumo productivo es la propia gente que trabaja en ellos. Por ende, su régimen laboral debe ofrecer al empleado público una forma de progresar en su carrera laboral y retribuirle al empleado equitativamente por su trabajo”, señala el escrito.
Dicho en otras palabras, el Consejo propone que los empleados públicos sean siempre elegidos mediante la evaluación de sus capacidades (por ejemplo, por concurso) y que el Estado ofrezca recompensas justas y oportunidad de hacer carrera a aquellos trabajadores que se destaquen en sus funciones.
Mirada profunda al problema
Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM) -una de las entidades de la Mesa de la Producción y del Empleo de Mendoza- explicó con mayor profundidad la naturaleza del proyecto. “La idea es que el empleado público sea eficiente y atienda bien al usuario, pero que también tenga posibilidad de crecer”, señaló.
Dentro del concepto de “eficiencia”, los empresarios entienden que hay un sobredimensionamiento del Estado sobre que el que se debe trabajar. “El Estado puede ser grande o chico, pero el sector privado tiene que estar en condiciones de sostenerlo. El Gobierno tiene que se eficiente y debe tener relación con el tamaño de la economía”, apuntó.
Se mostró de acuerdo Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), “El proyecto está avanzado y tiene dos objetivos principales. Uno de ellos es regular el crecimiento del Estado sobre el sector privado. Entre 2009 y 2019, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía de Mendoza fue de solo el 0.3% anual. En ese período, el Gobierno se expandió a un ritmo que el sector privado no podía sostener. Por eso se produjeron tantas subas de impuestos”, comentó.
“Es cierto que durante la gestión Cornejo se redujo la planta de empleados y se comenzó con un plan plurianual de baja de impuestos, pero esto debe convertise en una política de Estado. Suárez ha intentado seguir con esa línea, pero le ha costado”, agregó Mauricio Badaloni.
El presidente de UIM y representantes del Consejo Económico, Ambiental y Social, indicó que el segundo eje del proyecto de reforma laboral del sector público, tiene que ver con la calidad de los trabajadores. “En el sector privado, cualquier empresa que necesita cubrir un puesto, hace una evaluación precisa sobre la persona que va a contratar. En el Gobierno eso no pasa. Hay falta de control sobre cómo se elige a los empleados públicos”, subrayó.
Por último, Badaloni recordó que durante la pandemia se perdieron cerca de 250 mil empleos privados registrados en el país, en tanto que el Estado creó 20 mil nuevos empleos. “Si el Gobierno no frena, no deja de agrandarse y no hay depuración en calidad, nos va a seguir yendo mal. Buscamos una ley que aporte equilibrio en el empleo público”, concluyó el empresario.
Las otras iniciativas en carpeta
Junto a la reforma del empleo público, el CEAS presentó otros tres proyectos prioritarios. El primero se centra en el estímulo impositivo temporal para la creación de empleo formal privado en Mendoza. Los referentes empresariales destacaron que, mediante beneficios tributaria, se pueden resolver los elevados niveles de pobreza que registra la provincia coyunturalmente.
Otra iniciativa, propone la creación de un sistema que permita evaluar, en forma independiente y desde el punto de vista económico y social, las principales inversiones públicas. “Esto permitirá no solo discriminar las obras convenientes para la sociedad, sino también priorizar el financiamiento de aquellas obras más rentables desde el punto de vista social”, señala el comunicado del Consejo.
Por último, los empresarios proponen un plan de simplificación de trámites relacionados a los negocios en Mendoza, con el fin de mejorar el clima de negocios en la provincia y dinamizar la economía a través de la reducción de los costos burocráticos.
