La Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza propuso “perdonar” una deuda de $ 126 millones que siete distribuidoras de luz mantienen con sus usuarios a cambio de la realización de obras de infraestructura para mejorar el servicio. La medida será discutida en una audiencia pública que se realizará antes de fin de año y, en caso de aplicarse, será de carácter “excepcional”.
La deuda que está en discusión corresponde a la compensación que las empresas deben realizar a los usuarios por las fallas producidas en el servicio. La empresa que más dinero debe es Edemsa, con un monto de $ 102,2 millones, aunque se trata por supuesto de la distribuidora con mayor participación de mercado. Le siguen Alto Verde ($ 19,5 millones), Edestesa ($ 3,2 millones), Bowen ($ 624.855), Rivadavia ($ 397.116), Medrano ($ 75.788) y Cecsagal ($ 43.826). La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz no registra deuda y Santa Rosa tiene un pasivo de apenas $ 16,25.
Usualmente las multas aplicadas a las empresas se pagan a los usuarios a través de descuentos en sus correspondientes facturas. Sin embargo, en este caso el Gobierno entiende que podría ser más beneficioso para la población que el dinero se vuelque a mejoras estructurales.
Natalio Mema, Secretario de Servicios Públicos, explicó que existe un retraso de casi dos años en el valor de la tarifa de luz, que seguirá postergándose a causa de los congelamientos realizados en el mercado de la pandemia. Cabe recordar, que el Gobierno Nacional frenó las subas que estaban programadas sobre el Costo de Abastecimiento, uno de los tres ítems que conforman la tarifa de la luz (representa el 40% de la factura). En concordancia con esta medida, Mendoza postergó los ajustes sobre el ítem que es de su incumbencia, el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa otro 28% del costo que pagan los usuarios (el 32% restante corresponde a impuestos).
Dichos congelamientos, explicó el funcionario, podrían derivar en la pérdida de calidad del servicio. De ahí se desprende la intención del Estado Provincial de redirigir los $ 126 millones de deuda que acumulan las empresas. “La última vez que aumentamos el valor de la distribución eléctrica fue en junio de 2019, pero con los valores de diciembre de 2018. Por contrato de concesión debemos hacer una revisión tarifaria integral cada cinco años y una evaluación de costos cada seis meses. Hemos venido cumpliendo con los procedimientos legales, realizados las audiencias públicas (la última fue en febrero), pero no se han trasladado las subas de costos a los usuarios. Esto significa que las empresas se han mantenido con el mismo ingreso desde 2018, en medio del escenario inflacionario”, comentó Natalio Mema.
“No queremos que pase lo que ya pasó antes, cuando la Provincia dejó de reconocer los aumentos de los costos de las empresas y cayó la calidad del sistema. Hoy el EPRE sigue poniendo las multas de forma automática, pero hay una realidad. Si vamos mañana a ejecutar esa multa, las empresas pueden reclamar que nosotros no cumplimos nuestra parte (el ajuste tarifario)”, remarcó el Secretario de Servicios Públicos.
Ante este escenario, Mema indicó que lo coherente es que la plata de las multas vaya al sistema. “Buscamos un equilibrio entre el precio que está pagando el usuario, las obligaciones que tienen las distribuidoras y sobre todo, la calidad del servicio”, resumió.
Se consultó la postura de las distribuidoras, pero las empresas señalaron que no tienen poder de decisión sobre el destino del dinero adeudado por multas. “Debemos ajustarnos a lo que decida el Gobierno”, comentaron fuentes del sector.
Obras y controles
En caso de aprobarse la propuesta de la Secretaría de Servicios Públicos, las obras más importantes se concentrarán en las zonas donde se ha detectado la mayor cantidad de fallas. Según informó el EPRE, las regiones más comprometidas son Aeroparque, San Agustín (Ciudad de Mendoza), Corralitos, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno (Guaymallén), Las Tortugas, Benegas (Godoy Cruz), Zapallar, El Resguardo, Plumerillo (Las Heras), La Pega, Costa Araujo, 3 de Mayo (Lavalle), Mayor Drumond, Potrerillos (Luján), Gutiérrez, Rodeo del Medio (Maipú), Villa Bastías, El Zapal (Tupungato), La Consulta, Chilecito (San Carlos), Cuadro Nacional, Cuadro Benegas y Rama Caída (San Rafael). A eso se suman espacios rurales de Rivadavia, San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz, Malargüe, General Alvear y Tunuyán.
Mema explicó que se planificarán obras en base al mapa georeferencial del organismo regulador. Así, el Gobierno podrá controlar el cumplimiento de las mejoras estructurales. “Estas obras que vamos a exigir son distintas a las que tienen que hacer las distribuidoras por obligación en su plan anual”, comentó. De acuerdo al funcionario, “las distribuidoras de energía eléctrica ya han cumplido con el 48% de las obras comprometidas para este año, pese a la pandemia y el retraso tarifario”.
La audiencia pública, un paso necesario
De la misma forma que ocurre con las subas tarifarias, el Gobierno de Mendoza deberá realizar una audiencia pública antes de “canjear” las multas por inversiones en infraestructura. Natalio Mema, señaló que aun no hay una fecha definida para la realización de la audiencia, pero aseguró que se hará antes de fin de año.
Una vez que se haya cumplido con ese paso, el Estado tendrá vía libre para aplicar la medida. De todas formas, el Secretario de Servicios Públicos aclaró que se tratará de “un cambio que se aplicará por única vez”. Es decir que las próximas multas que aplique el EPRE sí deberán ser pagadas a modo de compensación para los usuarios.
“En estos últimos cuatro años los cortes han disminuido drásticamente, debido a que se hicieron inversiones muy altas, gracias a los incrementos de tarifas y los controles. Ahora pasamos el año sin el segundo suba tarifaria, pero con esta medida excepcional no dejamos caer el sistema”, completó Natalio Mema.
