El Gobierno nacional formalizó el jueves la ya anunciada segmentación de tarifas de los servicios de gas y de electricidad. La gran novedad del nuevo esquema es que dejarán de recibir subsidios las familias con ingresos superiores a los $ 330.410 y que el resto de los usuarios deberá presentar una declaración jurada para mantener la asistencia estatal. Lo positivo, es que Mendoza no perderá el beneficio de zona fría (descuentos de 30% y 50%) ni los descuentos por tarifa social.
Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora, explicó que “se mantendrá todo beneficio otorgado por leyes anteriores”, como la mencionada tarifa social y la zona fría, “Incluso los requisitos son similares, lo que no quita que puedan haber casos que den lugar a reclamo por la inconsistencia de datos tomados”, advirtió.
Qué dice la letra chica
La segmentación de tarifas, que se oficializó con la publicación del Decreto 332 que firmó el presidente Alberto Fernández, establece acciones diferenciadas para los usuarios residenciales de mayores ingresos, de ingresos medios y de menores ingresos.
Esos universos se definirán mediante el cruce de datos de los distintos organismos oficiales, incluidos la Anses y la AFIP. Pero, además, quienes reúnan los requisitos para seguir percibiendo los subsidios deberán completar una declaración jurada que será sometida a controles periódicos.
“Habrá un registro y todo el mundo deberá anotarse para recibir el subsidio”, adelantó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. En rigor, en el mencionado decreto se dispuso la creación del Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT) y del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Justamente el RASE se constituirá “sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los usuarios” y, tal como señala el texto, “la Subsecretaría de Planeamiento Energético podrá requerir, periódicamente, los cruces de información necesarios para verificar la veracidad de las declaraciones juradas correspondientes, de acuerdo con la autorización brindada por cada solicitante, con el fin de administrar adecuadamente el régimen de segmentación”.
La segmentación
En principio, Cerruti calculó que el 10% de la población dejará de percibir la asistencia del Estado nacional y pasará a pagar la tarifa plena por su consumo de gas y de electricidad.
La funcionaria apuntó a la primera categoría del nuevo esquema, que la integrarán las familias con ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT), es decir unos $ 333.410, según los últimos datos correspondientes a abril.
También formarán parte de ese universo quienes posean tres o más automóviles con una antigüedad menor a los cinco años; tres o más inmuebles; al menos 1 aeronave o 1 embarcación de lujo, o que posean “activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.
Los aumentos en ese sector se aplicarán a partir de junio y continuarán “en forma gradual y en tercios bimestrales” para que a fin de año estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura.
Por lo pronto, los primeros cálculos indican que la eliminación del total de los subsidios quintuplicará los montos de las facturas, aunque oficialmente aún no se precisó cuál será el porcentaje.
Los hogares que perciban ingresos superiores a una CBT ($95.260) integrarán la escala intermedia, así como aquellos usuarios que sean propietarios de al menos dos inmuebles, 1 vehículo de hasta tres años de antigüedad. La excepción será para aquellos domicilios en los que exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En este caso, el aumento anual de tarifas no podrá superar el monto equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.
La última escala es la de los hogares de menores ingresos, que no superen el equivalente a una CBT; que posean un integrante con Certificado de Vivienda (ReNaBaP), con certificado de discapacidad o una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. También se integrarán esta categoría los domicilios en los que funcione un comedor o merendero comunitario registrado en Renacom.
Para todo ese segmento, “el impacto en factura que genere la corrección del componente Energía equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura no mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior”.
En el mismo decreto se aclaró que los usuarios considerados de ingresos medios y bajos “no tendrán un nuevo incremento en las facturas para el año 2022″.
Asimismo, se creará una categoría especial, bajo la figura de “Usuario o Usuaria residencial del Servicio”, que agrupará a aquellas personas que no figuran como titulares pero que sí hacen uso del servicio público. Un ejemplo claro es el de los inquilinos.
Romina Ríos explicó que en el caso del gas la segmentación será casi automática, porque “el sistema está unificado”. En el caso de la luz, en cambio, será el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) el organismo encargado de ver el padón de usuarios. “A la tarifa social la otorga la provincia, y no está totalmente subsidiada”, indicó la presidente de Protectora.
Último aumento del gas en Mendoza
El Enargas oficializó, a través del Boletín Oficial, los nuevos cuadros tarifarios, con un incremento del 20%, para los usuarios residenciales.
De esta manera, se oficializó el anuncio que se había dado el pasado viernes desde la secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez, quien le ordenó al Ente Regulador del Gas (Enargas) que avanzara en una recomposición cercana a ese porcentaje para las tarifas del gas. La decisión implica que el aumento se dará sobre el denominado “Precio de Ingreso al Sistema de Transporte” (PIST), es decir, sobre el gas en sí mismo y no otros componentes de la factura.
Por tratarse de pagos mensuales, pero con lecturas bimestrales, el consumo con aumento se reflejará en las facturas de julio-agosto o agosto-septiembre, dependiendo de cómo se tomen los datos en cada hogar.
