La industria del conocimiento finalmente tiene su ley en Argentina. La normativa que limita las ventajas de las grandes compañías, fue celebrada por referentes del sector, que esperaban contar lo antes posible con un marco normativo que permita atraer inversiones.
En Mendoza se calcula que de 10 empresas beneficiadas con la ley anterior, con la nueva norma se superarían las 100 en una primera etapa, y se le daría impulso a un sector que exporta más de 150 millones de dólares al año, según el cálculo de ProMendoza.
Al respecto Rodolfo Giro, vicepresidente del sector de Conocimiento de la FEM y co-fundador de Interbrain celebró la medida, y lo que esta significará para las empresas mendocinas una vez que se haya reglamentado. “La ley Nacional ya había sido sancionada el año pasado por consenso, pero desgraciadamente no se llego a implementar porque fue derogada por la ley de Emergencia Económica. Luego de sufrir algunos cambios fue aceptada por las dos Cámaras y esperamos que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo para que entre en vigencia lo antes posible”, señaló.
Al mismo tiempo, Giro indicó que “la incertidumbre que se generó por la no sanción de la ley estaba demorando la materialización de algunos proyectos e inversiones”.
Más empresas beneficiadas
De acuerdo con Giro, muchas empresas habían adherido a la ley de software anterior, pese a que requería de una serie de trámites complejos, de una madurez y tamaño de empresa que impedía el acceso a algunos actores más chicos. “Hasta el año pasado, alrededor de 10 empresas de Mendoza adhirieron a la ley, ahora ya hay más de 100 interesadas”, puso como ejemplo el empresario.
“Estábamos pendiente en que llegara la nueva ley para adherirnos, no solo porque permite que empresas más chicas se sumen, sino también porque se amplía a sectores que no estaban considerados, como el de economías del conocimiento”, apuntó.
La industria en el país
A nivel nacional, la industria del conocimiento exporta anualmente cerca de 6.000 millones de dólares. En ese universo coexisten empresas que han surgido durante los últimos años, o que están en crecimiento con multinacionales ya establecidas como Globant, Accenture o Mercado Libre.
A pesar de los cambios en contra de las grandes firmas, el titular de Mercado Libre, Marcos Galperin celebró que el sector tenga una normativa, y utilizó aplausos para manifestar su agrado a través de la red social Twitter.
Por su parte, Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencom (asociación que reúne a las economías que exportan servicios y productos informáticos), remarcó que “aún cuando esta nueva Ley reduce los beneficios que se habían aprobado inicialmente, era indispensable para salir del limbo normativo en que se encontraba el sector”.
No obstante, remarcó que el diseño de los beneficios establecidos en la Reforma hace que a mayor exportación menor sea el estímulo del régimen. “La relación de los beneficios entre empresas locales y exportadoras llega a ser de hasta 3 a 1. Es probable que empresas con gran capacidad de generación de empleo y divisas no vean atractiva la relación entre los beneficios que ofrece la Ley y el grado de discrecionalidad que se ha establecido sobre las normas que lo regularán”, agregó.
Los pros y contras de la ley
El principal beneficio que destacaron los empresarios, es que la nueva ley le dará estabilidad al sector por los próximos diez años. Además, destacaron que se otorgará una reducción del 70% en los aportes patronales a través de un bono fiscal. Los bonos serán intransferibles y podrán ser utilizados por el término de 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales (como el IVA), excluido el Impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, en un porcentaje no mayor al de exportaciones informado durante su inscripción.
El bono de crédito fiscal podrá ascender al 80% en algunos casos (profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales, mujeres, discapacitados, beneficiarios de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo).
También se suma una rebaja del 60% en la tasa del Impuesto a las Ganancias para micro y pequeñas empresas, 40% para las medianas, y 20% para las grandes.
La ley se propone como objetivos principales duplicar el empleo del sector, llegando a los 440.000 puestos de trabajo en 2030; multiplicar por 2,5 las exportaciones del país (U$S 15 mil millones); desarrollar los polos de economía del conocimiento en las provincias; y promover el empleo femenino.
También establece una serie de requisitos, y es que las empresas deben acreditar que el 70% de su facturación del último año se generó a partir de las actividades promovidas. Además se requieren inversiones en mejoras de calidad de productos o servicios, en capacitación del personal, o bien en la realización de exportaciones. En el último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, 10% para las pequeñas y medianas, y 13% para las grandes compañías.
Para las micro empresas con menos de tres años de antigüedad, sólo se requiere acreditar que desarrollan en el país -por cuenta propia y actividad principal- al menos una de las actividades promovidas.
Promoción provincial
En Mendoza se aprobó esta semana la ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, que le otorga certezas durante 10 años a los empresarios y emprendedores de que no tendrán aumentos impositivos y, entre otras cosas, crea una mesa sectorial para debatir y discutir sobre las necesidades del sector.
El diputado provincial Guillermo Mosso (PD), hizo un paralelismo entre la ley nacional, y la ley provincial, y las razones por las que cree que no se cumplirá el objetivo de crear empleo, gracias a los cambios “con sesgo antiexportador” que se incluyeron la primera.
“El mejor escenario es que exista una ley, porque durante los diez meses desde que se suspendió la aplicación de la norma, hasta que se aprobó este proyecto con sus modificaciones, se calcula que se dejaron de crear 10 mil empleos (inversiones que no se concretaron por el marco de incertidumbre)” , comentó.
Mosso señaló que la mesa intersectorial que se creó para Mendoza, y que estaba prevista en la ley nacional, fue eliminada en esta última, y el Poder Ejecutivo podrá consultar de forma libre, y si así lo considera, si se deben incluir o no alguna actividad, o si se requieren orientar políticas de formación del recurso humano, orientadas a lo que requieran los mercados.
