Un análisis realizado por el Centro de Estudios en Finanzas Públicas, de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP-UNLP), reveló que más del 40% de lo que paga un usuario por su servicio de internet son impuestos y tasas. Desde la Cámara Argentina de Internet (Cabase) sostienen que la actual carga tributaria limita el despliegue de redes y la universalización de la conectividad en el país.
El estudio permitió conocer que el sector de servicios de acceso a internet está sujeto a más de 20 tributos y tasas, que determinan su carga tributaria que se ubica, en promedio, en 41,5% y varía en un rango de entre 38,6% a 44,5% en función del tamaño de la empresa, el modelo de prestación del servicio, la estructura de costos y la localización geográfica, que introduce diferencias en la imposición provincial y municipal.
- De manera general, los impuestos y tasas nacionales explican entre el 72% y el 89% de los tributos que recaen sobre el sector.
- Los tributos provinciales, entre un 11% y un 14%.
- Y los municipales, entre un 2% y un 16%.
Esto pone de manifiesto los factores determinantes de la carga tributaria sectorial: la relevancia de la imposición subnacional -en particular la municipal- por las disparidades regionales que puede introducir; y la composición de la estructura de costos, el modelo de provisión del servicio, y el peso relativo de los insumos importados.
En este sentido, la imposición provincial a los Ingresos Brutos muestra marcadas diferencias, ya que mientras la alícuota general en La Rioja es 2,5% en Córdoba es 4,75%. Asimismo, la disparidad se da también en las alícuotas específicas, donde, por ejemplo los servicios de proveedores de acceso a internet están sujetos a una tasa del 2,9% en Corrientes y a una del 5% en Buenos Aires, mientras que gran parte de las provincias, por ejemplo, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, entre otras, gravan por encima del nivel general y otras, como Córdoba, lo hacen con una alícuota menor a la media.
La misma disparidad se da en el ámbito municipal, por ejemplo, con la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), con casos como el de Ensenada (Buenos Aires), que cobra una TISH del 0,9% sobre el monto de facturación. También debe abonar un derecho de espacio público sobre el número de postes utilizados de $45 por poste. En San Cristóbal (Santa Fe) la TISH es de 0,85% sobre el monto de facturación y se debe abonar también un derecho de espacio público sobre su monto de facturación del 6%.
Asimismo, el 41,5% es un dato cuantitativo, cuyo efecto se aumenta cuando se contemplan la complejidad tributaria, los costos del cumplimiento, los regímenes de retenciones y percepción -con sus costos financieros-, y las distorsiones que generan algunos impuestos, principalmente Ingresos Brutos y el impuesto PAIS.
Sobre estos datos, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), subrayó: “Desde el estallido de la pandemia, internet ha demostrado claramente ser una herramienta fundamental para la producción, el trabajo, la educación y el esparcimiento de la población y, como tal, es una industria estratégica para el país, que requiere de condiciones que impulsen su desarrollo, en reemplazo de regulaciones excesivas y una presión tributaria que actúa como un freno para el tendido de nuevas redes y la posibilidad de llegar a la universalización de la conectividad”.
“La simplificación regulatoria y la reducción de la carga tributaria son herramientas necesarias para que las pymes y cooperativas, que son quienes tienen el desafío de construir y mantener con sus inversiones una infraestructura de internet robusta, escalable y sostenible, puedan llevar internet a todos los rincones de nuestra vasta geografía”, planteó.
El informe también arroja luz sobre el impacto negativo en la industria del impuesto PAIS, los derechos de importación y la tasa estadística, que encarecen insumos clave que son parte de la función de producción del sector como routers, módems, fibra óptica, entre otros dispositivos que se producen únicamente en el exterior.
Graizer agregó que, “en el marco de una creciente digitalización de la economía, la conectividad a internet es un recurso crítico que habilita el desarrollo de las principales industrias y mercados verticales en todo el país. La industria, el comercio y los servicios, incluso el agro, están avanzando en su proceso de tecnificación y digitalización, convirtiendo al acceso a internet en una infraestructura crítica de su operación”.
Es por esto que el impulso y promoción de las redes de conectividad, a través del fomento de la inversión privada, debe ser un eje central de las políticas públicas de desarrollo económico de Argentina y esto implica ciertamente la revisión de los regímenes tributarios y las regulaciones que afectan al sector”, puntualizó.
