El programa “Precios Justos” se convirtió en un crisol donde el ministro de Economía, Sergio Massa, hace confluir parte de su plan de estabilización para alcanzar tal vez el objetivo más desafiante de su gestión: frenar la escalada inflacionaria y balizar el camino que le permita ubicarla en el orden de 3% en diciembre de 2023.
En esa línea esta vez sumó a los municipios al control del programa que propone fijar el valor de 1800 productos hasta febrero, luego del fracaso de anteriores experiencias que sólo quedaron en flashes para la viralización en redes sociales.
Alguna vez fueron inspectores de la AFIP, en otras ocasiones empleados municipales discretamente instruidos, y en los momentos más álgidos aparecieron los militantes con pecheras “defendiendo las góndolas”.
Ninguna de las variantes alcanzó el efecto deseado y los carteles de “producto sin stock por no entrega del fabricante” –eufemismo de la palabra desabastecimiento- caracterizó al ahora absorbido “Precios Cuidados”.
Con una cuota de mayor pragmatismo, en esta ocasión Massa jugó una carta mucho más apetecible: compartir los beneficios de las multas que podrán aplicarse a productores y comercios incumplidores con los municipios, intentando lograr apoyo por la víscera más sensible, el bolsillo.
La “zanahoria” quedó convalidada mediante un convenio cuyo alcance fue publicado ayer en la Resolución 75/2022 de la Secretaría de Comercio a cargo de Matías Tombolini.
A partir de esta norma quedó establecido que los municipios cobrarán el 25% de las multas que apliquen a fabricantes, distribuidores y comercios que incurran en faltas.
“La Secretaría reconocerá al municipio y transferirá mensualmente, computando los ingresos percibidos del primero al último día de cada mes, en concepto de retribución por los gastos operativos que genere la ejecución del convenio, el monto equivalente al 25% nominal de cada multa, firme y consentida, que efectivamente perciba la secretaría en sede administrativa a través de la plataforma eRecauda”, se indicó en la cláusula novena del convenio.
Por otra parte, la Secretaría pondrá a disposición del municipio una plataforma web para canalizar la información que surja de la fiscalización.
Las multas aplicables son aquellas que encuadran dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, como por ejemplo faltantes, precios fuera del listado oficial, publicidad engañosa, o etiquetados gemelos.
“Para descentralizar la fiscalización hay que trabajar en el territorio con los intendentes porque son los que conocen mejor la realidad del comercio de proximidad, del mayorista o el supermercado y le darán a la Secretaria la posibilidad de observar el cumplimiento de este acuerdo”, destacó Tombolini al presentar el programa.
Cabe remarcar que para sumarse a esta tarea cada intendente deberá mostrar su intención de participar y firmar el convenio propuesto.
Esta política de toma y daca también se replicó con el sector industrial dado que Massa les ofreció a los productores de alimentos y bienes esenciales un acceso más fluido al mercado de cambio para financiar sus importaciones a aquellas compañías que ingresen “voluntariamente” al congelamiento.
A regañadientes, los mismos industriales aceptaron esta condición que deja maltrecho la pátina de “voluntario” que se le pretende insumir al plan.
Una apuesta parecida realizó Massa cuando a principios de semana anunció el tipo de cambio diferencial para economías regionales –aún sin precisiones-, beneficio que también ató al ingreso “Precios Justos”. Las complicaciones para articular esta idea en las distintas regiones del país con realidades diferentes será otro difícil desafío a develar en las próximas semanas.
De todas formas en el texto de la resolución publicada en el Boletín Oficial hay una palabra clave que puede provocar controversias: la multa debe quedar “firme”. Esta distinción no resulta menor ya que los procedimientos previstos por la Ley de Defensa de la Competencia habilitan apelaciones por parte de los sancionados, alargando los procesos hasta tanto la sanción sea definitiva.
