Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, una ONG dedicada a promover la conciencia fiscal en la sociedad, habló con Los Andes sobre el impacto de la reciente reglamentación de la Ley de Transparencia Tributaria. Esta normativa permitirá a los consumidores identificar la incidencia de impuestos, como el IVA y otros tributos nacionales, en los tickets y facturas, marcando un paso clave hacia una mayor claridad impositiva. Resaltó que es la fase 1 y que la ciudadanía debe demandar la adhesión de provincias y municipios.
- Hace unos días se logró algo que ustedes venían impulsando hace tiempo: la discriminación del IVA y otros impuestos nacionales en los tickets y facturas...
- Finalmente, y con mucha satisfacción, vemos cómo lo que comenzó como una propuesta de Lógica a los cinco candidatos presidenciales el año pasado se convirtió en realidad. Tres de ellos, incluidos Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti, firmaron el compromiso, que en 11 meses se transformó en ley y cinco meses después fue reglamentado. Ahora estamos a días de que esto se visibilice en los tickets de consumo. Esto nos llena de orgullo porque abre la puerta a más iniciativas beneficiosas para la ciudadanía y, en este caso, para los consumidores. Es un paso importante hacia una mayor transparencia fiscal.
- Algunas cámaras empresariales proponen que esta medida se extienda a los gobiernos provinciales y municipales para seguir transparentando el sistema ¿Esperan que esto sea el próximo paso?
- Esto debe entenderse como la fase uno de un régimen más amplio. Esta primera etapa abarca los impuestos indirectos más simples de calcular: el IVA y los impuestos internos, que se aplican a productos como bebidas alcohólicas y no alcohólicas, autos, telefonía, entre otros.
La Ley 27.743, que establece estas medidas fiscales, incluye la visibilización del IVA y otros impuestos indirectos nacionales, pero aún faltan algunos como el impuesto a la importación, el impuesto a los combustibles, y el de débitos y créditos (impuesto al cheque). Estos quedarán para una fase dos, que las autoridades nos han informado se implementará gradualmente en el futuro.
Por otro lado, la fase tres -que podría coincidir temporalmente con la fase dos- es la adhesión de las provincias y municipios para incluir impuestos como ingresos brutos y tasas municipales. Esto es fundamental porque, aunque la Nación ya cumplió con el compromiso firmado con Lógica, ahora falta que las provincias den el siguiente paso.
- ¿Sería complejo avanzar en provincias y municipios cuando sabemos que existen entre 100 y 150 tributos? ¿Cómo se reflejan en un ticket o una factura?
- Ese es justamente el objetivo de esta iniciativa: mostrar todos los impuestos de manera clara. Lo que sucederá cuando se visibilicen es que el consumidor verá distintos impuestos al consumo, con diferentes nombres y jurisdicciones. Sin embargo, no aparecerá un listado interminable de tributos. En el ticket se reflejarán cuatro renglones principales: IVA, incidencia de impuestos nacionales, incidencia de impuestos provinciales e incidencia de tributos municipales.
Esto llevará naturalmente a una reflexión: ¿por qué tener tantos impuestos si al final del día se reducen a estos cuatro renglones? La simplificación es el camino. El Presidente ya habló de reducir los tributos a seis impuestos nacionales y un único impuesto provincial. Lo ideal sería eliminar ingresos brutos, que es muy distorsivo, y reemplazarlo por un impuesto a las ventas en el último eslabón. A nivel municipal, podrían quedar una o dos tasas, como máximo, y no más de 150 impuestos como sucede hoy.
No es solo un tema de cantidad de impuestos; también se trata del peso de los mismos. Si cada impuesto pesara un gramo, sería una cuestión de complejidad, pero aquí enfrentamos un problema de carga tributaria. Según el Banco Mundial y la Unión Industrial Argentina, Argentina tiene los impuestos más altos y pesados del mundo. Por lo tanto, la discusión no debe centrarse únicamente en la cantidad de tributos, sino también en su impacto.
- ¿Hay casos similares en otros países? ¿Cómo lo resolvieron?
- Brasil ya enfrentó este desafío. Es un país con impuestos casi tan altos como los nuestros, pero incluso más complejos. En 2012, implementaron un sistema para combatir el caos fiscal y generar conciencia ciudadana. Allí, un agente de cálculo oficial, aunque independiente del Estado, se encarga de calcular la carga tributaria. Es una ONG llamada IBPT (Instituto Brasileño de Planeamiento Tributario).
Cuando mirás un ticket en Brasil, aparece la fuente IBPT, que calcula la carga de impuestos nacionales, provinciales y municipales según la actividad económica. La metodología es sencilla: un cuadro de doble entrada. Por ejemplo, en la columna izquierda está la actividad (farmacia) y en la fila superior, el tamaño del establecimiento (mediano). Así se obtiene un porcentaje estándar de impuestos nacionales, provinciales y municipales para reflejar en el ticket.
No se calcula sobre cada compra específica, sino sobre una compra promedio. Lo importante no es la precisión milimétrica -si es 35%, 36% o 37%-, sino generar conciencia. La ciudadanía debe saber que la carga impositiva no es solo el 21% de IVA, sino mucho más.
- Mencionaste ingresos brutos como un impuesto clave a reducir...
- Sin duda, ingresos brutos es el punto de partida. Es el impuesto más distorsivo y también el más injusto. Se paga sin importar si hay ganancia o valor agregado a lo largo de la cadena productiva. A diferencia del impuesto a las ganancias, que depende de los resultados económicos, o del IVA, que se calcula sobre el valor agregado, ingresos brutos grava cada etapa de la cadena productiva de manera acumulativa, en cascada.
Por ejemplo, si una cadena tiene cinco eslabones, cada uno paga sobre el total de su facturación, sin considerar los costos ni las ganancias. Esto lo convierte en un impuesto único en el mundo, ya que otros países generalmente aplican impuestos al valor agregado o a las ventas finales, pero no tienen un esquema como el de ingresos brutos.
- ¿Qué otros impuestos o tributos deberían revisarse?
- Las tasas municipales también se han vuelto excesivamente gravosas. Esto se agravó después del fallo de la Corte Suprema en el caso Esso contra la Municipalidad de Quilmes, en 2021. En ese fallo se permitió que las tasas municipales se calcularan sobre la facturación, similar a ingresos brutos, en lugar de basarse en el costo real del servicio prestado, como debería ser.
La lógica tradicional indica que las tasas son contrapartidas por servicios específicos y deben calcularse en función del costo de esos servicios, no como un impuesto general. Por ejemplo, si cuatro inspectores realizan una inspección de seguridad e higiene que dura dos horas, la tasa debería reflejar el costo de esos recursos. Sin embargo, el fallo de la Corte aceptó que las municipalidades aplicaran las tasas sobre la facturación total, algo que desvirtúa completamente su naturaleza (NdR: aunque aún no sucede en los municipios de Mendoza).
Esta decisión ha generado un impacto negativo en los consumidores, quienes terminan pagando el costo de este error judicial. Por lo tanto, junto con ingresos brutos, las tasas municipales deberían ser una prioridad en cualquier esquema de simplificación tributaria.
