La Legislatura mendocina dio media sanción a la derogación de la Ley 9133 de Registro de Contratos de Compra. El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Producción y se acumuló uno que había presentado el senador Walther Marcolini.
Se trata de la normativa impulsada en el año 2019 que obligaba al registro de contratos de compra-venta de materias primas agrícolas (uva, fruta, hortalizas).
En paralelo a la derogación de la cuestionada norma, el Senado dio media sanción a una nueva Ley que obliga a los industriales, acopiadores, entre otros, a entregar un comprobante al productor primario, que contenga información como la forma de pago o la calidad de la materia prima. Igualmente, será algo entre privados ya que no existe más la obligatoriedad de registrarlo o de tener que pagar un sellado.
La derogación de la norma fue un pedido que partió desde la Cámara de Comercio de General Alvear y se hizo más fuerte durante el discurso de la Fiesta Nacional de la Ganadería de este año. Precisamente, en ese ámbito, el gobernador Alfredo Cornejo adelantó que se enviaría el proyecto para ponerle punto final a la ley.
Desde las entidades que representan al sector productivo celebraron la media sanción del Senado y quedaron a la espera de lo que pueda suceder en diputados pero también aprovecharon a hacer un llamado al Gobierno: “esperemos que (una vez derogada la Ley 9133 ) con la reglamentación de la nueva Ley no aparezcan otra vez las regulaciones u obligaciones de registro y que no pongan tiempos, que nos dejen trabajar todo el año”, mencionaron.
La iniciativa fue aprobada por 28 senadores y hubo 10 abstenciones. Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá confirmar la derogación o dejarla stand by.
“Trabajamos día a día en todas aquellas necesidades que afecten el desarrollo y crecimiento de la actividad agrícola de nuestra provincia. Cuando presentamos este proyecto contábamos con un total de 43.000 contratos registrados en los últimos cuatro años y solo 397 fueron infraccionados, todos por formalismos, sin denuncias por problemas de pago o entrega de mercadería. Esta ley significa una tarea burocrática y una erogación de contratos y sellos, que se traduce, concretamente, en la quita de fondos a la actividad privada”, remarcó el Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
La intención de la ley 9133 era proteger a los pequeños productores mediante la obligación de registración, asegurando que se establecieran precios y plazos de pago antes de la entrega de la producción.
Sin embargo, en la práctica, los resultados no fueron los esperados, especialmente en el sector vitivinícola.
Muchos sectores productivos y entidades gremiales coincidieron en que la norma entorpecía el comercio y dificultaba la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ya que factores como el clima y las condiciones de mercado podían modificar sustancialmente la producción y los acuerdos previos.
El senador Walther Marcolini aseguró que “esto viene a solucionar un problema que existió desde que se sancionó la Ley 9133 en 2019, que generó una burocracia y le generó costos a las empresas porque a la vez el tener que inscribir los contratos llevaba un sellado. Es decir que es una desregulación para el sector”.
Durante el debate, el senador Gabriel Pradines (LUM) apoyó la derogación de la Ley 9133, señalando que desde su creación fue una mala norma impuesta por el mismo gobierno.
Según el legislador, la Ley generaba mayor burocracia y costos para el sector agropecuario, afectando negativamente la dinámica del mercado, que depende en gran medida de la oferta y la demanda.
La nueva Ley
En simultáneo a la derogación de la Ley de Registros de Contratos de Compra de fruta u hortalizas se dio media sanción a una nueva normativa que le impone a los establecimientos industriales a entregar un comprobante o recibo.
“Los establecimientos que reciban materias primas cuyo fin sea su industrialización, acopio o transporte, entregarán a los productores primarios en el momento de recibir la materia prima, un recibo o documento equivalente, en el que constarán las cantidades de materia prima recibida, calidades, precio pactado y forma de pago convenida de la transacción”, reza el artículo primero.
“Con esto se busca una protección mínima hacia el productor, sobre todo el más pequeño, de que tiene que haber un comprobante, que no se inscribe en ningún lugar porque es una relación privada, pero que se tiene que entregar. Y si mañana va la Dirección de Industria a hacer inspecciones, tienen que estar los talonarios, es decir, que las personas se han podido llevar un comprobante”, explicó Marcolini.
Además se especifica que el Ministerio de Producción será el encargado de recolectar y difundir información clave sobre las actividades agropecuarias para garantizar la transparencia y facilitar la toma de decisiones.
El senador sostuvo que la intención es que “todos cuentes con la información necesaria para ponerse de acuerdo sobre todo en el precio de la materia prima”.
Las cámaras celebran pero ponen reparos
Fernando Gaovrón, presidente de específica de Industria de la Cámara de Comercio de Alvear dijo que “a la vista quedó que la ley no benefició a nadie, aumentaba lo costos y generó un sinfín de problemas al poner tiempos que no iban acompañando la producción”.
Con respecto a la nueva legislación, al empresario le parece bien la entrega de un comprobante pero pidió que en la reglamentación “quede todo bien especificado” y lo que consideró un punto clave es que “en ningún momento se ponga un plazo de ejecución del contrato y que se pueda trabajar libremente, los 365 días del año, ya sea con materias primas de dentro o fuera de la provincia”.
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este sostuvo que “la ley 9133 no cumplió su objetivo por lo tanto no tenía sentido que siga vigente. Generó más inconvenientes que soluciones”.
Con respecto al texto de la nueva normativa “entregar un recibo o comprobante, habrá que ver de qué se está hablando específicamente por lo tanto vamos a tener que esperar (además de la sanción final) la reglamentación de la Ley”, concluyó Sosa.
