Ayer, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, comentó que Nación no tiene previsto enviar fondos para sostener la lucha contra la lobesia botrana, por lo que el Gobierno provincial deberá buscar alternativas con el sector privado. Esto generó mucha preocupación entre los productores, quienes recordaron que, en aquellos años en que el financiamiento no fue suficiente, la presencia de la plaga creció la siguiente temporada.
“No hay más ARN (aportes no reembolsables. Y eso es un dato, porque lo que se hacía antes, de que las provincias gastaban y después iba el gobernador y conseguía ARN para hacer determinadas cosas, no existe más. Te lo dicen así. Y lo tenés que asumir, porque protestar no sirve para nada y porque es un cambio de paradigma. Entonces, todo lo que es ataque a la lobesia tenemos que tratarlo nosotros con la actividad privada, porque no va a haber más plata nacional”, lanzó el ministro en una entrevista en Radio Nihuil.
Después, desde el Ministerio de Producción detallaron que el Gobierno nacional les informó que no tienen revisto desembolsar dinero para el control de esta plaga, como lo hacían históricamente a través del Senasa. “En este sentido seguimos en conversaciones con ellos y también tendremos reuniones con los distintos sectores en Mendoza para definir cómo afrontamos el tema”, detallaron. Sin embargo, no respondieron a la pregunta de si el Gobierno local seguirá aportando al programa.
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, consideró que el planteo de Nación de que no financiará más el programa es muy grave, no sólo porque, de retirarse, es de esperar que se produzca un retroceso en el control de esta plaga, sino porque es responsable de su ingreso al país. Recordó que la polilla de la vid llegó en 2009 desde Chile en una máquina cosechadora que no tuvo la desinfección adecuada en el control fronterizo; tarea que le corresponde al Senasa.
Asimismo, señaló que, desde 2009 a 2016, el Estado nacional se limitó a multar a los productores que no curaban los viñedos, pero esta estrategia resultó un fracaso, ya que la lobesia se expandió de manera notable. En los años posteriores, con aportes tanto del Gobierno provincial como nacional -durante un par de temporadas también se les cobró a los productores, pero se recaudó un mínimo-, se implementó un programa de control que logró reducir la presencia de esta plaga.
Y a partir de 2019, cuando comenzaron los retrasos en los envíos de fondos nacionales, y los planes de acción debieron adaptarse a la disponibilidad de dinero, la polilla volvió a avanzar en el territorio provincial, con la afectación que produce en la producción. “Son pasivos de los que el Estado tiene que hacerse cargo y hay que tener en cuenta la historia y quién es el responsable”, acotó.
Sosa añadió que le han pedido una audiencia a Vargas Arizu para la semana que viene, para hablar de este tema, como también de la mosca del Mediterráneo que, por primera vez, ha provocado daños significativos no sólo en frutales y olivos, sino también en la vid.
Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza, expresó su preocupación por el hecho de que el ministro de Producción diera a entender que los productores deberán pagar para controlar la plaga y manifestó que espera que el Gobierno provincial siga aportando fondos para, por lo menos, poder realizar acciones de mantenimiento (ya no de erradicación).
Indicó que hace unos días algunas entidades tuvieron una reunión en la que el Iscamen presentó estudios sobre cómo debería desarrollarse la lucha esta temporada y que pensaron que, si bien siempre hay dudas sobre el financiamiento, se estaba en condiciones de avanzar. Sumó que Vargas Arizu estaba entonces en Buenos Aires y esperaban que trajera novedades, porque siempre se han tenido que gestionar estos fondos, pero que le sorprende que haya aceptado el no como respuesta.
Planteó que los productores no están en condiciones de hacerse cargo del programa de lucha, más allá de que, si bien hasta ahora les entregaban los insumos, sí afrontaban los gastos operativos de las aplicaciones. Manzanares consideró que, de no contar con fondos de Nación ni de la provincia, se está ante un “escenario catastrófico” y que “la polilla se va a llevar lo poco que deje el granizo” (en alusión a la eliminación de la lucha activa).
El informe que el Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) presentó a los productores aborda una estrategia recomendada para la temporada 2024/2025 que tendría un costo de US$13 millones (a abril de 2024). Esto incluye la compra de difusores de feronomas para 50 mil hectáreas, la aeroaplicación y los productos para realizarla para 120 mil ha., insecticidas para aplicación terrestre en 30 mil ha. y la aeroaplicación de feromonas en otras 25 mil.
Estas acciones permitirían avanzar en la erradicación parcial en unas 25 mil hectáreas y, de sostenerse durante cinco campañas consecutivas un trabajo similar, se podría lograr su eliminación y sólo se requeriría después de tareas de vigilancia y abordajes puntuales. Sin embargo, para poder desarrollarlas, hay fechas límite, como la del 25 de agosto para la compra de emisores de feromonas y el 15 de septiembre para la adquisición de insecticidas, ya que deben aplicarse a campo, como máximo, el 10 de septiembre y el 8 de octubre, respectivamente.
El documento también permite apreciar cómo la presencia de la polilla de la vid fue creciendo entre 2010 y 2016, para llegar a un mínimo en la temporada 2018/2019 y volver a incrementarse a partir de la de 2020/2021, cuando los fondos desde Nación empezaron a llegar tarde, lo que complicó la compra de los insumos.
Carlos Dávila, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), comentó que el tema de la lobesia botrana fue uno de los que surgió -como también el de la presencia de la mosca del Mediterráneo- en las reuniones que han tenido en estos días con el Ministerio de Producción por la mitigación del granizo, por lo que ya estaban al tanto de que Nación no iba a enviar financiamiento.
Expresó que están muy preocupados por la posibilidad de que se discontinúe el programa, aunque los fondos provengan en parte de la provincia y en parte de Nación, porque implicaría un retroceso en la lucha contra la plaga. Pese a eso, consideró que se debe analizar cómo se puede rearmar la lucha, sobre todo para realizar tratamientos en aquellas fincas que están abandonadas (para estos casos resultan útiles las aplicaciones aéreas).
Dávila indicó que, en general, en Tunuyán los productores se contactan para acordar el momento de realizar las curaciones, más allá de los controles que realizaba Senasa para verificar si habían colocado los insecticidas que les entregaban en el marco del programa. Sumó que seguramente la semana próxima comenzará el debate sobre cómo se puede sostener la lucha de manera responsable.
