Siguiendo una tendencia mundial, las empresas de triple impacto (económico, social y ambiental) son cada vez más vistas como una alternativa en la economía post pandemia. En ese marco, hay muchas iniciativas que se proponen en conjunto con los gobiernos nacional, provincial y hasta municipal para acompañar ese crecimiento.
¿Qué son las empresas de triple impacto? Si bien hay varias definiciones, en términos generales son aquellas que, además de generar un ingreso económico, buscan tener un impacto social y ambiental positivo. No se trata de algo complementario (como una donación eventual), sino que ese aporte debe estar dentro del modelo de negocio.
A nivel mundial se estima que hay más de 5.000 empresas con una certificación de este tipo y en Argentina hay 130 compañías vinculadas a la certificación Empresa B. Puntualmente en la comunidad de Mendoza, hay 13 negocios con esa certificación internacional, otras 7 en proceso y alrededor de 20 haciendo sus mediciones para obtener ese sello.
La Ciudad de Mendoza es señalada como un municipio pionero en el tema ya que, en el 2018, incorporó por ordenanza un sistema online de compras y contrataciones públicas de triple impacto, algo nunca antes visto en América Latina. Si la empresa contaba con una certificación de triple impacto, se le otorgaba una ventaja del 3% en la contratación por licitaciones de compra de bienes y servicios (número que llegaba al 5% si además era una mini pyme).
El actual intendente de la comuna, Ulpiano Suárez, considera que lo principal en aquel momento (cuando era intendente Rodolfo Suárez) fue que se empezó a hablar a nivel legislativo de Triple Impacto: “Fue empezar a poner en valor a empresas que conjugan las ganancias con procesos amigables con el medio ambiente e impacto social y que los gobiernos también tengan un rol en esto”.
Si bien la iniciativa fue felicitada, en la práctica no aumentó mucho la participación de estas empresas en las licitaciones. El problema era (y sigue siendo) la dificultad de conseguir las certificaciones internacionales, y por eso ahora la comuna capitalina planea aggiornar la ordenanza y permitir que el propio municipio valide si la empresa hace un impacto socioambiental positivo.
“Estamos por enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que sea el municipio el que certifique si la empresa es de triple impacto o no. Esto va a ser a través del registro de proveedores; que la empresa responda a distintos criterios para medir el impacto y sea evaluada”, adelanta Ulpiano Suárez. Además, quieren incrementar la ventaja del 3% al 5% y brindar capacitaciones a los interesados.
¿Ley nacional o provincial?
En 2018, la comunidad nacional de Sistema B Argentina, que reúne a las empresas certificadas y a otros actores vinculados, celebraba la media sanción en Diputados del proyecto de ley de Beneficio de Interés Colectivo (Ley BIC). En términos generales, el objetivo de la ley era brindar un reconocimiento legal a estas empresas (sin otorgar beneficios impositivos), debiendo modificar su estatuto o contrato social y presentar un reporte anual.
Sin embargo, el proyecto se frenó en el Senado de la Nación y en marzo de este año perdió el estado parlamentario. Si bien el proyecto se presentó de nuevo en Diputados, algunos en Mendoza se preguntan si conviene dar fuerza a la propuesta nacional o si es mejor generar una ley provincial.
Una propuesta local es la del senador provincial Pablo Priore (PRO), que promueve la creación de un registro de empresas de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC) con el fin de darles un reconocimiento legal que permita identificarlas y potenciarlas en el futuro. Así, se crearía un registro a cargo del Ministerio de Economía y Energía.
“La semana que viene tendremos una reunión virtual con distintas personas del sector. Si ellos dan el ok lo presentaríamos”, comenta Priore. Si bien en un principio se pensó en una especie de réplica de la ley nacional, por un tema de competencias cambiaron hacia la idea de hacer un registro dentro del ámbito de gobierno provincial. Al igual que la propuesta nacional, el proyecto local no especifica ni genera beneficio tributario adicional.
Si prospera la iniciativa, se podrán anotar aquellas empresas que “se obliguen a generar un impacto positivo social y/o ambiental en la comunidad”. En cuanto a la definición de este impacto, se considerarían aquellas acciones derivadas de forma directa de la actividad económica “que impliquen la creación de valor para la comunidad y el ambiente”, por encima de los estándares mínimos legales.
Ulpiano Suárez considera que los proyectos provinciales son valiosos, pero cree que lo principal es tener una legislación nacional para poder considerar una sociedad como BIC, en especial porque muchas de estas empresas van más allá de su propia provincia de origen.
“Es importante establecer un criterio nacional como ha sucedido en otras normativas. La regulación de las sociedades es a nivel nacional. Yo entiendo que lo más ordenado sería que las provincias adhirieran y seguramente en esa adhesión se va a otorgar facultades a las distintas oficinas que tienen a su cargo el registro y control de las sociedades, en nuestro caso la DPJ (Dirección de Personas Jurídicas)”, opina el intendente de Ciudad.
Aparte, Suárez cree que hay apoyo de distintos colores políticos para que el tema avance y considera que la provincia podría trabajar a futuro en incentivos o beneficios para promover este tipo de empresas o emprendimientos.
Opiniones entre empresarios
Las miradas varían entre empresarios, pero hay cierta tendencia a apoyar el reconocimiento por un trabajo sustentable. En ACDE Mendoza (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas), su presidente local Sergio Martini afirma que ven muy bien la transparencia y el apoyo estatal a este tipo de empresas, y acompañan el puntapié dado por Ciudad hace 3 años para “destacar y dar buena prensa a estas empresas que quieren trabajar bien”. Para Martini, es importante proponer legislaciones y en el camino hacer los ajustes: “Saldrá algún proyecto de ley y se debatirá. La comuna de la capital ya tiene pasos dados y nosotros tenemos ideas. Algunos proponen la necesidad de modificar estatutos para que sea un compromiso formal y legal, que esto después se tenga que ver reflejado en sus balances”. Así, para el presidente de ACDE Mendoza es algo superador a la Responsabilidad Social Empresaria, porque establece evaluaciones y hasta modificaciones legales: “Se genera un compromiso al punto de que tenés que consignarlo en los estatutos de la empresa. Que contemple que te vas a preocupar por el bienestar de tus empleados, de la población y ayudar a disminuir el cambio climático”.
Desde el CEM (Consejo Empresario Mendocino), un empresario que da su visión es Pablo Giménez Riili, director de Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios. Si bien su compañía no está certificada como Empresa B, sí tienen en cuenta el impacto social incluyendo gimnasios y escuelas de deporte, así como el cuidado del medio ambiente con energía solar y reducción del uso de agua.
Un punto que señala Giménez Riili es que muchas veces estos impactos socio ambientales no generan un mayor rédito económico, sino que parten de un convencimiento propio. En ese sentido, ejemplifica que tener una escuela de deporte no es un negocio comparado con el desarrollo inmobiliario que realizan, pero implica un bienestar para la comunidad.
Otro punto es el impacto ambiental en la construcción, con una tensión entre lo que se puede hacer y lo que el público puede pagar. “Diría que el 50% de lo que proyectamos es pensando en incorporar tecnología solar, aislación térmica y paisajismo de zona desértica para cuidar el agua. Intentamos innovar y aplicar todo lo que sea económicamente posible. En Argentina hoy sería casi imposible hacer y vender una casa totalmente verde”, analiza Giménez Riili.
Además, para Sergio Martini se trata también de una tendencia mundial que acompañan varios líderes. “Si miramos las dos últimas encíclicas del Papa Francisco, en la de Laudato Si habla de la casa común, cómo cuidar el planeta, y en la de Fratelli Tutti habla de la relación entre las personas, de comportarnos como hermanos. Desde el punto de vista cristiano, la doctrina social aplica con estos lineamientos”, señala.
Giménez Riili también apoya la idea de que haya beneficios para seguir generando proyectos. “Es muy importante que el tema se ponga en agenda y se dé algún tipo de incentivo o apoyo. No nos gusta mucho pedir apoyo de ningún tipo, porque lo que hicimos fue nuestra decisión convencidos del beneficio a la comunidad, pero sería bueno para que se promueva más”, opinó.
Catálogo de impacto y tienda virtual
Desde el Gobierno de Mendoza, una iniciativa estatal vinculada al triple impacto es la creación de un catálogo y marketplace (tienda online) para emprendedores de impacto. La idea es generar un espacio para visibilizar a quienes construyen sus negocios pensando en el desarrollo sustentable.
Pablo Gareca, de la Dirección de Emprendedores, comenta que hay alrededor de 30 emprendedores que ya han enviado toda la información y documentación para ser parte del catálogo y para la tienda hay alrededor de 50 que ya están inscriptos. Ahora se trabaja en el armado y diseño del catálogo y aparte en el proceso de inscripción y carga en la web www.tienyasustentable.com. Estiman hacer un lanzamiento en alrededor de un mes.
“Muchos no venían pensando la cuestión del impacto o alguna cuestión sustentable dentro de sus emprendimientos y ahora lo están empezando a incorporar y replanteándose alguna forma de producir, sobre todo pensando en los residuos. Esto habla de que hay una mayor conciencia y está bueno porque desde ese lugar van a poder acceder a este tipo de programas”, comenta el funcionario del Ministerio de Economía.
Gareca sostiene que estas propuestas dentro del Programa Mendoza Sostenible sirven para visibilizar aún más el ecosistema emprendedor mendocino. Se contempla a aquellos emprendimientos que vienen “trabajando con propósito” o que se enmarcan dentro de la economía circular.
