Durante la mañana de este miércoles 14 de julio, cerca de 700 trabajadores de la UOCRA se reunieron frente a Casa de Gobierno, provistos de pancartas y bombos, para manifestarle su apoyo al gobierno de Mendoza, a fin de que avance la obra Portezuelo del Viento. Desde la Unión Obrera de la Construcción, estiman que la misma permitiría crear unos 3.000 puestos de trabajo directo.
Según explicó Miguel Ponce, secretario general de la Uocra en Mendoza, la convocatoria reunió a “los compañeros desocupados”, para reclamar por un proyecto que “el Gobernador (Rodolfo Suárez) anunció que se encaminaba a realizarse”.
Ponce explicó que a la fecha hay cerca de 7.000 desocupados en el sector, y durante los meses más duros de la pandemia llegaron a ser más de 8.000, aunque la posterior reactivación de la obra privad a mejoró un poco las cosas. “Pero no alcanza y Portezuelo sumaría alrededor de 3.000 puestos directos, pero cerca de 6.000 indirectos”, agregó.
El gremialista señaló que no comprende que intereses podrían hacer que una obra que significa trabajo para los mendocinos no se concretara, “después de años de estudios”, y de que se hicieran “todas las presentaciones que se pidieron”.
“La necesidad de trabajar es muy grande, y vamos a apoyar a este Gobierno o al que sea que hable de trabajo. Nuestra gente pide trabajo para sostenerse por sus propios medios y mantener a sus familias dignamente, creo que las cartas están jugadas, y nosotros apostamos a la dignidad del trabajo”, aseguró Ponce.
El conflicto por Portezuelo
En el último tiempo, Portezuelo del Viento pasó de ser una anhelada obra clave para el desarrollo de Mendoza, a un proyecto que empieza a ser rechazado por algunos sectores. Si bien nunca estuvo exenta de la polémica, ya que la resistencia de La Pampa a su construcción viene desde hace años, se han ido sumando varias voces mendocinas en su contra, incluso algunas que anteriormente la defendían.
Hace unas semanas, un grupo de empresarios envió una carta al gobernador Rodolfo Suárez pidiendo frenar la licitación de la represa proyectada sobre el río Grande en Malargüe. Días después, tres reconocidos juristas locales acudieron a la Fiscalía de Estado para solicitar lo mismo con el argumento de un inminente daño patrimonial. Un hecho llamativo es que, tiempo atrás, algunos de estos actores respaldaban el avance del proyecto.
En el Gobierno de Mendoza están convencidos de que detrás de estos cuestionamientos hay intereses de empresarios que quedaron afuera de la licitación y también conjeturan que hay una intencionalidad política subrepticia de parte de un sector peronista no alineado con el kirchnerismo.
Las firmantes fueron la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear; Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín; Cecitys; Federación Agraria Argentina; Acovi; Coninagro; Sociedad Rural de San Rafael; Cámara de Empresas Constructoras Independientes (Cecim); y Aderpe.
