Las declaraciones del presidente electo Javier Milei de que no hay dinero para continuar con las obras públicas, por lo que suspenderá todas las que estén en marcha, con la posibilidad de que se vuelvan a licitar para que las concluyan privados, generó mucha inquietud en el sector de la construcción.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mendoza, José Candeloro, consideró que debería cumplir con los contratos vigentes, ya que el mismo Milei ha manifestado que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y esto implica que el Estado debería hacerse cargo de sus compromisos. Y añadió que hay empresas que ya están paralizando obras y despidiendo gente hasta que se resuelva la situación, porque entienden que esto va a tomar, como mínimo, un semestre.
De todos modos, reconoció que ya hace varios meses que la obra pública nacional se ha ido ralentizando o deteniendo por falta de pago del gobierno actual, que tiene deudas importantes con las constructoras. De ahí que hay mucha preocupación porque se anticipa que esos proyectos que no se han cobrado, no se van a cobrar.
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), hizo un llamamiento institucional a la prudencia por parte de todos los sectores, “al respeto de las instituciones y a la ley, y a la cordura y la paz social”. Sumó que es complejo que el presidente electo diga que va a parar las obras públicas, porque puede generar un conflicto social en los próximos días.
Y que si con eso busca mostrar la gravedad de la situación -el déficit en las cuentas públicas-, debería evitar los anuncios alarmistas, porque suspenderlas implicaría que queden en la calle más de un millón de argentinos (las pymes de la construcción generan 480 mil empleos formales y, de modo indirecto, ingresos para otro millón).
Añadió que, en lo personal, considera que, cuando se habla de que los veinte ministerios quedarán reducidos a siete y que, entre ellos, estará Infraestructura, es contradictorio con la idea de que no habrá obras públicas. Asimismo, indicó que se trataría de un incumplimiento de contratos, que provocaría un caso de reclamos judiciales, extremadamente onerosos para el Estado.
Por otra parte, explicó que hay dos tipos de obras públicas: las de infraestructura, como rutas, diques y aeropuertos, que suelen llevarse el 70% del presupuesto, pero requieren de muy poca mano de obra, porque son muy técnicas y se utilizan maquinarias; y las de arquitectura, como barrios, plazas, redes cloacales, polideportivos, centros de salud, hospitales, que desarrollan sobre todo pymes y que contienen al 70% de los trabajadores del sector. Una posibilidad, interpretó, es que Milei se refiera a las primeras cuando plantea la suspensión.
Fernández resaltó que, cuando habla del sistema a la chilena, no tiene en cuenta que las obras que se realizan por parte de privados en el vecino país no alcanzan el 15% del presupuesto total, porque hay proyectos que se pueden desarrollar con inversiones privadas, incluso internacionales, pero cuando existe la posibilidad de recuperar lo invertido, como en el caso de un dique si se concesiona el aprovechamiento hidroeléctrico. Pero no sucedería lo mismo con un centro de salud o una escuela.
Asimismo, planteó que, históricamente, cuando se produce un cambio de gobierno -sin importar el signo político- sucede algo muy nocivo para la economía: los funcionarios que están terminando su mandato prefieren no tomar decisiones que consideran le corresponden a la nueva gestión, mientras que los que asumen prefieren revisar todo lo que quedó antes de poner su firma en algo que desconocen. Esto lleva a una parálisis de tres a cuatro meses como mínimo, con el Fin de Año y las vacaciones de por medio. Por eso, el titular de la CPC opinó que se debería establecer algún sistema de continuidad institucional para ciertos procesos administrativos.
Por su parte, Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), destacó que las obras públicas provinciales se están ejecutando con normalidad y se están pagando dentro de los plazos previstos. Esto, sin embargo, no sucede con las que se realizan con fondos nacionales, ya que ha habido muchos inconvenientes en la determinación de precios durante todo 2023 y la ejecución se ha ido lentificando.
En cuanto a lo que pueda suceder en 2024, indicó que en los últimos cuatro años Mendoza no se ha beneficiado mucho con financiamiento nacional para obras públicas, aunque sí se están ejecutando unas 2.000 viviendas con fondos provenientes de Nación y las empresas están en alerta. Y en lo que se refiere a los proyectos provinciales, señaló que el presupuesto ya pasó por la Legislatura y fue aprobado, e incluye continuidad de ciertas obras y nuevas licitaciones.
