Los tres principales grupos de acreedores privados de Argentina le enviaron el lunes una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, para advertirle que cuentan con la mayoría necesaria par impulsar su contrapropuesta para reestructurar la deuda y, también, para frustrar el canje si no respaldan las negociaciones futuras.
En la misiva aseguraron haber sumado apoyos a su contraoferta de canje y pidieron al Gobierno de Alberto Fernández llegar a una resolución consensuada para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares.
Se trata de una carta conjunta del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Tenedores de Bonos de Canje, en la que se jactan de representar a un grupo de apoyo integrado por treinta grandes inversores institucionales.
Los tres grupos de acreedores afirmaron que estas firmas, mayormente fondos de inversión y cuyos nombres figuran en la misiva, más otros acreedores no identificados respaldan la contraoferta conjunta de canje que presentaron al Gobierno argentino el pasado 20 de julio.
En la carta, aseguran que las treinta firmas identificadas poseen el 32 % de los bonos argentinos emitidos con los canjes de 2005 y 2010 y el 36 % de los bonos emitidos desde 2016 y que forman parte del conjunto de títulos que Argentina pretende reestructurar.
Según la misiva, si a estos acreedores se les suman otros que han comprometido su apoyo a la contrapropuesta conjunta pero que “no pueden ser nombrados por razones institucionales”, los que apoyan la contraoferta representan el 60 % de los bonos 2005-2010 y el 51 % de los bonos emitidos desde 2016.
El mensaje enviado a Guzmán resalta que estos acreedores incluyen a algunos de los mayores inversores en Argentina, “que han comprometido una inversión extranjera directa muy importante en el país”.
Así, los bonistas buscaron sumar presión alegando que cuentan con esa posición mayoritaria, que de no avalar los términos de la negociación futura, podría frustrar el proceso de reestructuración.
En un comunicado que acompaña la carta, los tres principales grupos de acreedores aseguraron que, junto a otros varios inversores, están "trabajando de manera constructiva con las autoridades para llegar a una resolución consensuada" para un acuerdo que cuente con el apoyo de una mayoría de acreedores.
"Confiamos en que una resolución consensuada proporcionará un camino hacia una inversión aún mayor y más sostenida en los sectores de crecimiento de Argentina, incluidos los agronegocios, la energía, la minería, la infraestructura y la tecnología de la información", sostuvieron.
En su contraoferta, los grupos exigen mayores cupones de interés, menor plazo de gracia y ciertas cláusulas legales para los nuevos bonos.
En términos económicos, la contraoferta de los comités fue valorada por analistas del mercado y firmas de inversión en unos 56,5 dólares por cada 100 dólares de deuda a canjear en promedio, acercándose bastante a lo ofrecido por Argentina, cuya última oferta con mejoras fue valorada en unos 53 dólares.
El pasado sábado, el Gobierno argentino rechazó la contrapropuesta de los acreedores en términos económicos, aunque se mostró dispuesto a analizar aspectos legales de su oferta vigente, cuyo plazo de adhesión vence el 4 de agosto.