La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet planteó que, con la regulación de precios impuesta por el DNU 690, el aumento de los costos operativos -en su gran mayoría, en dólares- y la necesidad de realizar inversiones para mantener las redes, se encuentran en una situación comprometida, que amenaza su subsistencia.
Desde la Cappi resaltaron que los pequeños proveedores de Internet operan, principalmente, en localidades y pueblos del interior del país. En la mayoría de los casos, se trata de habitantes de esas zonas que, ante la falta de conectividad, decidieron desarrollar un emprendimiento.
Jesús Gil, pequeño operador de Tunuyán, explicó que brinda el servicio a barrios que se encuentran hasta a 30 kilómetros de su centro de operaciones, en los que suele tener una docena de clientes, pero donde es el único proveedor de Internet. Esto significa que, cuando hay un problema técnico, debe recorrer una distancia considerable para solucionarlo –además de dedicar una buena cantidad de horas- y ese costo no se recupera con el abono mensual.
El planteo de la cámara es que, en 2020, con una inflación que superó el 36%, los pequeños proveedores de Internet no pudieron modificar el precio de sus servicios porque el DNU congeló los valores, al considerarlo un servicio esencial. Ya en 2021, con una suba acumulada en los cuatro primeros meses de 17,6%, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) autorizó un 8% de incremento en enero, 7% en febrero y 7% en marzo, por sobre valores que, en la mayoría de los casos, no se ajustaban desde fines de 2019.
“Con una inflación de entre 3% y 4% mensual y los precios de nuestros servicios pisados, la ecuación económica no cierra. Los prestadores del interior lo sufrimos más porque el impacto en los más chicos es mayor. Por ejemplo, la conectividad mayorista cuesta menos cuanto mayor es la capacidad contratada”, planteó Gil. Añadió que se encuentran en la “línea de lo mínimamente rentable” y, por eso, no pueden hacer inversiones en mantenimiento y ampliación de red. “Eso, en un negocio como el nuestro, donde el cliente requiere cada vez más ancho de banda, significa que estamos hipotecando nuestro futuro”, advirtió el pequeño operador.
El delegado en Mendoza del Enacom, Guillermo Elizalde, comentó que, como sucede con la medicina privada, el Estado busca que los aumentos sean razonables y equilibrados porque, sin conectividad, no se pueden ejercer ciertos derechos básicos. Por eso, el ente analiza los costos, la rentabilidad y el plan de inversiones de los proveedores y se autoriza un determinado porcentaje de ajuste.
