La crisis en la cadena de electrodomésticos Garbarino se profundizó, este viernes envió 1.800 telegramas de despido y decidió cerrar todos sus locales comerciales. Según publicó Clarín, a estos empleados les debían seis meses de salarios, pese al intento por parte del Gobierno -ordenó la conciliación obligatoria y suspender los despidos-, los desvincularon de la empresa igualmente.
Como intento provisorio por detener esta situación crítica que vive la compañía de electro, el Gobierno dictaminó la conciliación por 15 días hábiles, en estos, no se pueden efectuar los despidos ni los gremios realizar medidas de fuerza. Además convocaron a los dueños de Garbarino y a los representantes del gremio de Comercio -conducido por Armando Cavalieri- a una reunión para el próximo miércoles en el Ministerio de Trabajo.
No obstante, desde la empresa informan que es de “imposible cumplimiento” mantener los puestos de trabajo, esto es por que cerraron todos sus locales y no tienen lugares físicos para que asistan sus empleados.
Según informó Clarín, una fuente cercana a la empresa explicó que, “Hemos tenido que despedir a 1.800 trabajadores por razones de fuerza mayor”. También añadió que, en el último tiempo hubieron otros 600 empleados desvinculados con retiros voluntarios.
Además hay otros 1.000 empleados considerados despedidos, por la falta de pago de salarios, desde el mes de mayo. Cabe resaltar que la empresa invalidó el DNU del Gobierno para impedir realizar los despidos.
Desde el mes de abril se vio cortada la cadena de pagos en el grupo que maneja Carlos Rosales. Garbarino no pagó más de 3.300 cheques de diferentes proveedores, con esto acusa una deuda total de casi $5.000 millones, según informó la Central de Deudores del Banco Central.
En el Grupo Garbarino quedaron 850 empleados, de los 4.325 que había a mediados del año pasado, cuando Rosales compró la empresa. De ese total, hay unos 400 trabajadores en Garbarino, otros 150 en Compumundo, 250 en la fábrica de celulares de Tierra del Fuego y 50 en la empresa de viajes.
Algo similar sucedió con las sucursales, tenían poco más de 240 locales a la calle de Garbarino y Compumundo, de estos, cerraron los últimas 80 esta semana y quedaron solo 16 de Compumundo, esta empresa ingresó la semana pasada en concurso preventivo de acreedores.
Rosales adquirió la cadena de electrodomésticos en junio del 2020 a la familia Garbarino, que también incluye Compumundo, Garbarino Viajes y la ensambladora de celulares en Tierra del Fuego. Durante el mes de enero de 2021, Rosales también compró Radio Continental, con sus dos FM (Los 40 y Urbana Play), al Grupo Prisa de España.
El empresario también es dirigente deportivo, como protesorero de San Lorenzo; y es dueño del grupo asegurador Prof, un hotel en Misiones y el restaurante Schiaffino Bistró en la Recoleta, Buenos Aires. Anteriormente fue director de Clubes de Barrio de la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión como gobernador de Daniel Scioli.
La vicepresidenta de la empresa de electrodomésticos con más de 70 años en el país, Mariana Casares, fue también subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Sergio Berni, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.
Al principio de la gestión en Garbarino, Rosales realzó la situación, canceló más de $320 millones durante los meses posteriores, de esta manera bajó la deuda acumulada pendiente de pago a $1.916 millones en marzo pasado.
No obstante, en abril se complicó nuevamente la cadena de pagos, esto es debido a la crisis económica y las restricciones por la pandemia de coronavirus. Nuevamente creció la deuda con proveedores en $185 millones.
Durante los meses de mayo y junio se profundizó la crisis en Garbarino, tuvieron 927 cheques rechazados, por el valor de $1.637 millones. Esto incrementó la deuda pendiente de pago total con proveedores, hasta los $3.739 millones que adeudaba en junio.
De esta manera los $2.240 millones que tenía Garbarino en deuda acumulada con proveedores por cheques rechazados a mediados del año 2020, se duplicó en poco más de un año hasta los $4.935 millones que debe en la actualidad, según datos del Banco Central.
Fuentes gremiales aseguraron que, además del conflicto por los despidos, los empleados que quedaron en la empresa solo están cobrando una parte del sueldo con los subsidios Repro que otorga el Gobierno. Pero no cobraron sus salarios desde mayo pasado y a muchos tampoco les pagaron las cuotas de sus acuerdos de retiro voluntario.
