En estos días, diversas cámaras vinculadas al sector financiero han planteado su preocupación por el aumento de las alícuotas de Ingresos Brutos vinculadas a la actividad. Si bien en Mendoza no se ha producido un incremento, resaltan que, de todos modos, el porcentaje es alto. Asimismo, desde diversos sectores señalan que el Sircreb va generando saldos favorables de este tributo y no está prevista su devolución.
A nivel nacional, varias entidades y empresas, partiendo por la Cámara Argentina Fintech, emitieron comunicados manifestando que la suba en las alícuotas de Ingresos Brutos al sector financiero en algunas provincias, que han alcanzado hasta el 16,5%, implica una carga tributaria excesiva para la actividad, y que a esto se suman el impuesto a los Débitos y Créditos (IDC). Señalaron que, así como el Gobierno nacional ha empezado a reducir los impuestos, deberían hacer lo mismo los Ejecutivos provinciales y municipales.
Mario Comellas, especialista en Planificación Tributaria y Previsional, explicó que Mendoza mantuvo, en general, las alícuotas de Ingresos Brutos de 2024 y que ha disminuido las de actividades vinculadas a servicios médicos y complementarios. En cuanto a la actividad de los “Establecimientos y servicios financieros”, la ley impositiva establece un tributo del 6%, con una tasa incremental de un punto adicional a partir de cierto nivel de facturación, que abarca a la banca mayorista y de inversión.
El también miembro del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) reconoció que la provincia viene aplicando un esquema de reducción de Ingresos Brutos y que la actividad financiera, que es la que se ha incrementado en otras partes del país, se mantiene en 2025 igual que en 2024.
Para este año, se estableció una exención total para actividades de generación de energía renovable y se redujo la carga fiscal en salud: los servicios de internación tendrán una alícuota del 0% y otros servicios del sector bajarán un 0,5% (del 4% al 3,5%), representando una disminución del 10% al 15% respecto a 2024.
Pero Comellas planteó que el Sircreb (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias, de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se aplica sobre los importes que son acreditados en cuentas de entidades financieras) genera saldos importantes a favor de los contribuyentes y la provincia tiene una acumulación de estos créditos.
Detalló que, por cada acreditación, el banco retiene entre 1 y 2,5 puntos, que deriva a la provincia entre el 10 y el 15 de cada mes. Pero no están previstos los fondos para su devolución, al menos parcial, cuando hay una diferencia a favor del contribuyente y se trata de un reclamo histórico. Otra alternativa, mencionó, sería que se utilicen esos saldos para compensar obligaciones tributarias como Sellos, Inmobiliario o Automotor, de propiedades o vehículos afectados a la actividad.
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), Fabián Solís, manifestó que se van a acumulando saldos a favor por Ingresos Brutos y que, en tiempos inflacionarios, implican un financiamiento indirecto por parte del sector privado al Estado.
Subrayó que existe un problema estructural con este impuesto, ya que se producen cuatro imposiciones por una misma operación: “cuando vendemos, pagamos IIBB; cuando nos paga el cliente, nos retienen IIBB; cuando ingresa el dinero al banco nos retienen IIBB por medio del Sircreb; y cuando vamos a comprar materiales nos perciben IIBB, por lo cual el sector formal es el que lidia con este gran problema”.
Federico Pagano, gerente de Montemar, detalló que la alícuota para los servicios financieros está en 7% y que debe pagarla el tomador de crédito, que, a su vez, abona Sellos por la operación. “Si los gobiernos provinciales no empiezan a ajustar los impuestos provinciales y los municipios, las tasas municipales, en la misma proporción o más fuerte que lo que está haciendo el Gobierno nacional, esto va a ser insostenible”, lanzó.
Manifestó que Ingresos Brutos es sumamente distorsivo, porque es un impuesto que se acumula en cascada. A modo de ejemplo, indicó que quien produce uva, lo paga; quien elabora la botella, el que fabrica la etiqueta y el supermercadista, también. Esto implica que se va acumulando en todos los eslabones de la cadena. “La única forma en que no sea tan distorsivo es que esté totalmente integrada la cadena en la misma empresa; cosa que es muy difícil”, señaló.
El también directivo del Consejo Empresario Mendocino (CEM) recordó que las alícuotas de Ingresos Brutos subieron mucho entre 2004 y 2015, mientras que los gobiernos de Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y nuevamente Cornejo, si bien no los volvieron a aumentar e, incluso, empezaron a bajarlos, la reducción ha sido tenue en comparación con el incremento que habían acumulado. “Hay mucho camino que desandar en ese sentido, pero obviamente hay que ajustar también el tamaño del Estado para que eso se pueda hacer”, analizó.
Añadió que la intermediación financiera no pagaba Ingresos Brutos ni tampoco se cobraban Sellos en los préstamos, pero esos tributos se fueron agregando en el tiempo, al igual que a las tarjetas de crédito. Y resaltó que todo eso lo paga el consumidor. “Cuando las personas físicas toman un crédito, pagan IVA sobre la tasa, Ingresos Brutos y Sellos. Todo eso para sacar un préstamo, para después ir a comprar otra cosa, que el que te lo vende paga exactamente los mismos impuestos”, ilustró.
Mauricio Badaloni, directivo de la UIA, manifestó que siempre en la Argentina, y de manera recurrente, cualquier déficit dentro del Estado “se corrige” con un aumento impositivo. En el caso del reciente incremento de alícuotas para las plataformas financieras, destacó que no viene sucediendo en Mendoza, pero sí en otras provincias.
Consideró que las industrias, puertas adentro, van mejorando su competitividad con mejoras en los procesos de producción, con capacitación del personal, la incorporación de tecnología, pero hacia afuera, se sigue viendo un Estado que busca quedarse con una cuota parte de ese negocio privado; aunque en Mendoza se ha ido en otra dirección, pese a que se pueda cuestionar el ritmo u otros aspectos.
En este sentido, mencionó que se deberían eliminar los Sellos sobre los contratos entre privados, que son el acuerdo de tres o cuatro años de trabajo y el Estado cobra sobre el valor futuro de ese contrato. Por otra parte, indicó que el Sircreb va generando retenciones en cualquier transacción, que no se pueden compensar en muchos casos. Y si bien la alícuota puede ser del 3%, como se aplica en la cadena, puede llegar al 13 a 17% sobre el producto final.
Reclamo nacional
Una de las primeras entidades en manifestar su “preocupación por el impacto de la persistente y creciente presión tributaria sobre la industria tecnológica y financiera en el país” fue la Cámara Argentina Fintech. Plantearon que “el único freno a la digitalización de la economía es el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos” y resaltaron que no se trata de un “tema de disponibilidad ni capacidad de uso, sino de viabilidad ante la carga tributaria”.
Expresaron que la decisión de ciertas provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos (IDC) sobre flujos de fondos de terceros, representa un cepo para el desarrollo. Subrayaron que IIBB se tributa sobre los montos facturados y no sobre la utilidad, lo que significa que una empresa debe pagarlo, aunque pierda dinero y que algunas provincias subieron las alícuotas (que en algunos casos llegan al 16,5%).
Mientras que el decreto 796/2021 limita las exenciones al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones relacionadas con activos virtuales, lo que genera una desigualdad de condiciones entre éstos y el resto de los actores del sistema financiero, y una presión por encima de la capacidad contributiva de muchas de las compañías.
Detallaron que estas medidas generan encarecimiento de los servicios financieros y de pago para comerciantes y consumidores; incremento en el costo del crédito, que afecta la capacidad de emprendedores y pymes de acceder a financiamiento; pérdida de competitividad de las jurisdicciones, desalentando inversiones y dificultando la generación de empleo en sectores estratégicos; y riesgo para la sostenibilidad de empresas tecnológicas, que han realizado importantes inversiones en innovación y desarrollo.
A este planteo se fueron sumando otras organizaciones, como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que expresó su rechazo a la reciente suba de tributos provinciales y municipales. En un comunicado, indicaron que la carga impositiva “desmesurada” no se vincula solamente con el Gobierno nacional, sino que existe otra subnacional, de las provincias (destacándose Ingresos Brutos) y municipios (sobresaliendo las Tasa de Seguridad e Higiene).
Subrayaron que estos tributos se aplican en diversos eslabones de la actividad, “con un efecto cascada que potencia sus efectos distorsivos, perjudicando severamente a empresas y consumidores finales”. “En este contexto, resulta alarmante el alza que los tributos mencionados registraron en los últimos tiempos en diversas jurisdicciones, destacándose la reciente suba del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que grava a las billeteras virtuales, algo que amén de representar un encarecimiento de costos implica un claro desaliento a la tan necesaria formalización de la economía”, señalaron.
Mercado Libre también sentó su postura al indicar que “la reciente suba del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en Santa Fe y otras provincias afecta a consumidores y pymes, encareciendo productos y servicios y poniendo en riesgo miles de negocios que sostienen la economía local”.
“Este impuesto es injusto: grava el total facturado, no las ganancias, y genera un efecto cascada que aumenta los precios. Además, su gestión impone costos administrativos innecesarios que frenan el crecimiento de los comercios”, plantearon. Y sumaron que desde la empresa consideran que “es hora de reducir la carga impositiva y priorizar a las familias, pymes y productores para impulsar el desarrollo económico”.
Desde las asociaciones que agrupan a los bancos emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que, actualmente, tanto las tasas de Ingresos Brutos provinciales como ciertas tasas municipales se encuentran en niveles récord, como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos “y constituyen una seria limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias”.
“Las personas y empresas tomadoras de crédito y usuarios de los servicios financieros son las que sufren las consecuencias de la alta presión impositiva. Es paradójico que sean las jurisdicciones provinciales y municipales las que dificulten el acceso y encarezcan los servicios financieros a sus vecinos”, resaltaron.
Sumaron que “la alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en 2024, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que muestra nuestra economía los últimos 25 años. Se destacan, entre otras cargas impositivas, los impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios. A nivel nacional, desde 2001 existe el denominado Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios”.
