Mediante un decreto, el Gobierno nacional dispuso este miércoles la aplicación del impuesto a los créditos y débitos bancarios (”impuesto al cheque”) a las operaciones con criptomonedas, como la Bitcoin, debido a los cambios realizados a la Ley de Competitividad de 2001.
La medida del gravamen se hizo efectiva a través del decreto 796/2021, que modifica al DNU 380/2001 y fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Con este cambio, las billeteras virtuales (proveedores de servicios de pago) deberán pagarle al Fisco 0,6% por operación y se estima que, en principio, no impactará de manera directa sobre el comprador final de criptoactivos o monedas digitales.
En el DNU se recordó que, a fines de octubre del año pasado, el Banco Central estableció un nuevo marco de funcionamiento para extender las transferencias electrónicas, y a través de la Comunicación A 7153 actualizó el Sistema Nacional de Pagos y estableció lo que se conoce como Transferencias 3.0.
“El Estado tiene la obligación de resguardar un tratamiento fiscal igualitario, en este caso para aquellos Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que cumplan funciones similares como agentes de liquidación y retención de impuestos, ya sea nacionales, provinciales o municipales”, dice la normativa publicada este miércoles.
El nuevo decreto ahora aclara que “las exenciones previstas no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.
Para el Gobierno, el alcance del impuesto al cheque a las criptomonedas representa una “hoja de ruta para políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos, junto con la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo”.
Actualmente, las operaciones con criptomonedas son alcanzadas en algunas jurisdicciones provinciales por impuestos, como en el caso de Córdoba.
