Cuando se aprobó la actual ley de alquileres, se incluyó una fórmula de actualización anual, que sigue en un 50% la evolución de los precios (IPC) y en un 50% la de los salarios (Ripte). El objetivo de esto era proteger a los inquilinos de subas que no pudieran afrontar. Sin embargo, el ajuste automático viene arrojando aumentos por encima de la inflación y este mes rozará el 54%. La pregunta de muchos es por qué sucede esto.
La ley debía resguardar al inquilino del ajuste anual o semestral que decidiera aplicar el propietario. Pero lo cierto es que los últimos contratos que se firmaron, antes de que comenzara a regir la nueva normativa, establecían aumentos del 35% anual. Desde mediados del año pasado –cuando cumplieron un año de vigencia los contratos que se enmarcaron en esta ley- las subas han sido bastante superiores (aunque también la inflación anual).
De hecho, este mes, el ajuste que arroja el Índice de Contratos de Locación (ICL), que publica periódicamente el Banco Central, es de 53,6%, con lo que estaría incluso por encima de la suba del Índice de Precios al Consumidor que, según datos del Indec, fue del 52,3% interanual en febrero. Y se suponía que considerar la evolución de los salarios -que suelen quedar, en promedio, algunos puntos por debajo del aumento general de los precios- debía evitar que la suba de los alquileres superara la inflación.
El problema reside en que, para medir la suba de los salarios, se tomó el Ripte: Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Es decir, aquellos que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. El promedio nacional que considera, en enero, es de $107.358,35 y ha registrado una variación, con respecto al mismo mes de 2021, de 57,6%.
Al tomar en un 50% el IPC y en un 50% el Ripte, que es superior, se entiende que los alquileres se ajusten por encima de la evolución de los precios que difunde el Indec. Si se hubiera adoptado como referencia el Coeficiente de Variación Salarial del Indec, el incremento hubiera sido un poco menor, ya que arroja un total de 54,1% de aumento interanual en enero.
Pero aquí se observa una primera diferencia en este CVS: para el sector público, la variación promedio en todo el país fue de 59,4%; para el privado registrado, de 56,2%; y para el privado no registrado –quienes tienen menos posibilidades de acceder a una vivienda propia- de 40,7%.
Por otra parte, se trata de una media nacional. Para tener una referencia, Evaluecon relevó que, también en enero, el sueldo promedio de los trabajadores mendocinos –en este caso, del sector público, privado, formal e informal- fue de $75.500. Al ampliar el universo, el valor se reduce considerablemente con respecto al Ripte. Pero además, José Vargas, titular de la consultora, señaló que en 2021 el sector privado tuvo un ajuste anual del 42% en la provincia.
En este sentido, el contador Carlos Schestakow, explicó que todo depende de los salarios que se tomen para el cálculo y de qué manera se ponderen –es decir, qué peso tengan dentro del índice-, ya que hay distintos sindicatos con poderes diversos de negociación y, por lo tanto, gremios con incrementos anuales que son variables.
La normativa se empezará a discutir esta semana en Diputados, ya que el mismo presidente Alberto Fernández le pidió al titular de la cámara, Sergio Massa, que se revisara la ley vigente. Hay varios proyectos que apuntan a derogarla o modificarla; en algunos casos para establecer una mayor intervención estatal. Sin embargo, los principales puntos que se han cuestionado han sido la duración de los contratos -que era de dos años y se extendió a tres- y el plazo de actualización, que hoy es anual y se pide que pase a ser semestral.
