El Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de enero la vigencia de los Precios Máximos para 18 categorías de productos. Sin embargo, los mayoristas y supermercados regionales advierten que están recibiendo artículos con valores por encima de lo que están autorizados a vender, por lo que no pueden reponer la mercadería.
De esta forma, aunque no existe desabastecimiento de forma directa, los productos no se pueden vender sin faltar a las normativas locales, y para los consumidores resulta difícil encontrarlos en las góndolas, fuera de las grandes cadenas internacionales.
El programa inició el 19 de marzo, con precios que se retrotrajeron hasta el día 6 de ese mismo mes. Luego, las listas tuvieron dos actualizaciones. Los últimos incrementos autorizados se dieron a principios de este mes, cuando se aplicaron subas de entre el 2% y el 6%. Así, según advirtieron desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (entidad que reúne a 2.000 empresas de la industria de los alimentos y bebidas), la rentabilidad se ha tornado negativa para las empresas proveedoras, que enfrentan una devaluación del 33% y aumentos en la materia prima que va del 25% al 47%. A eso suman incremento del 14% en logística, y de alrededor del 28% en salarios.
Al respecto, el empresario mendocino Rubén David, del mayorista Oscar David, comentó que desde las cámaras mayoristas y desde los supermercados pequeños y regionales del país, han pedido una reunión urgente con funcionarios nacionales, para plantear que se ha renovado el programa de Precios Máximos, pero sin las condiciones adecuadas. “Directamente no podemos recibir los artículo, porque vienen más caros de lo que se nos permite a nosotros venderlos”, señaló David.
“No se va a poder respetar el programa si no llegan con los mismos precios que tenían en marzo, más las actualizaciones autorizadas por el Gobierno. Estamos a la espera de una respuesta oficial”, agregó.
La misma situación ya había sido advertida por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), en conjunto con la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). “Tenemos los precios de venta congelados a valores del 6 de marzo de 2020, mientras que los costos operativos se han disparado producto de diversos protocolos introducidos por la cuarentena del Covid-19, con horarios de atención reducidos, licenciamiento del personal con riesgos sanitarios y con petitorios de incrementos de haberes impagables del gremio mercantil”, indicaron.
“Los Súper Argentinos venimos acompañando la gestión del Gobierno Nacional. Por eso hemos comunicado la decisión de no recibir mercadería que no cumpla con lo establecido por la Secretaria de Comercio Interior de la Nación”, advirtieron.
El programa Precios Máximos incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de venta, así como distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios. La misma resolución intima a las empresas que forman parte integrante de la cadena a incrementar los niveles de producción para evitar posibles desabastecimientos. No obstante, los empresarios apuestan por un desarme gradual del programa, y por que se retiren del control de precios productos premium o no elementales.
La menor variedad de productos que se observan en las góndolas responde principalmente a la dificultad para recibir artículos con valores que superan los precios oficiales. Sin embargo, según señalaron desde una de las grandes cadenas, también pesan las dificultades que acarrea el coronavirus sobre la productividad de las fábricas.
Precios de vinos y espumantes
Según explicó anteriormente, José Cortez, director Fiscalización y Control de la provincia, todos los comercios tienen que exhibir una declaración con los precios que tenían en marzo, y los precios actuales. La obligación rige para todas las empresas, y para todas las bodegas, pero paralelamente el Gobierno publica una lista de precios máximos de referencia que para Mendoza incluye al menos 34 artículos en la categoría vinos (blancos, tintos y espumantes).
El último aumento autorizado para esta categoría fue del 6%. Previamente se había permitido un ajuste del 4%. Sin embargo, según señaló Patricia Ortiz, titular de Bodegas de Argentina, los valores de venta deberían estar entre un 20% y un 30% más altos, dependiendo del segmento. “No solo el precio del vino triplico su valor, sino que también muchos de los insumos secos vienen sufriendo aumentos, ya que algunos de sus componentes están dolarizados”, señaló la referente del sector.
De igual manera, el titular de Fecovita, Eduardo Sancho, coincidió con Ortiz, y admitió que resulta muy difícil trabajar con esas imposiciones. “Este año hemos tenido un aumento importante del precio de vino de traslado, frente a una temporada en que no se movieron los valores. En 2016 el precio era de $14 (por litro de vino tinto común), y el año pasado se pagó en $ 8. Hoy estamos llegando a $20. Ese incremento no se traslada directamente al consumidor, pero influye”, sumó Sancho.
El presidente de Fecovita hizo hincapié en la necesidad de separar los incrementos que se dan por especulación, con los que responden a la necesidad de reconocer el precio que se debe pagar al productor. “El Gobierno tiene que ir a una estabilidad, pero hay costos reales que aumentaron, como es el caso del vino”, explicó, y sumó a los incrementos que tienen que ver con la logística, y con ciertos componentes dolarizados, como pueden ser los empaques, para el caso del vino en caja.
Finalmente, Sergio Villanueva, de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), señaló que el vino no es una actividad industrial como otras y sus precios se ven afectados por la disponibilidad (stocks vínicos), nivel de exportaciones y consumo. Se trata de factores que le ponen presión a los precios, pero con el tope que le da el propio mercado. “Seguiremos dialogando con Paula Español (La Secretaria de Comercio Interior de la Nación Argentina), para tratar de diferenciar al vino, que no es un componente del esquema inflacionario, y que no es un artículo de primera necesidad”, agregó.
En este escenario, los precios de referencia le ponen un límite al productor, porque las bodegas no pueden trasladar los incrementos de los valores de traslado directamente al consumidor final. “Se requiere trabajar en los aumentos del vino de forma diferencial, no para ganar rentabilidad, sino para que a los productores se les pague el precio justo”, cerró.
