El Gobierno nacional no quiere que se embarre la cancha sobre la que se está discutiendo el proyecto de Presupuesto 2023 con la oposición y tampoco que se complique el diálogo con la Mesa de Enlace, por lo que aceptó que se incorpore al texto de la ley una explicitación de que no habrá aumento de alícuotas de derechos de exportación el año próximo.
Esto incluso fue una propuesta realizada por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, a los presidentes de bloque en la reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda que se desarrolló en el Anexo C de la Cámara de Diputados. “La facultad de modificar el texto del Presupuesto es de ustedes, esto es solo una idea”, les dijo.
Bahillo expresó así una respuesta corta y concreta a preguntas de legisladores de Juntos por el Cambio sobre las retenciones. Los planteos opositores llegaron porque el ministerio de Economía incorporó en el artículo 96 del proyecto la prórroga (hasta el 31 de diciembre de 2023) de la facultad que le permite al Poder Ejecutivo fijar las retenciones.
El artículo 96 propone sustituir el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley N° 27.541, conocida como la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se sancionó en diciembre de 2019 tras la asunción del Frente de Todos en el Poder Ejecutivo, en el marco de la emergencia pública por la crisis económica y financiera que dejó Juntos por el Cambio.
El Gobierno había intentado prorrogar esa misma facultad en el Presupuesto 2022, que no pasó el filtro del Congreso cuando en diciembre de 2021 se cayó en medio de una acalorada discusión entre el entonces presidente del bloque oficialista Máximo Kirchner y Juntos por el Cambio, por las retenciones entre otros diversos temas.
Ahora, uno de los primeros en levantar la voz fue el economista Martín Tetaz, diputado del PRO. “Otra vez el Ejecutivo busca facultades extraordinarias en el proyecto de Ley de Presupuesto. El año pasado esta fue una de las principales razones por las que no lo aprobamos. Fuerzan a muchos a votar en contra otra vez”, se quejó.
Como Tetaz no fue a la reunión de la comisión en la que se presentaron Bahillo y otros funcionarios nacionales durante casi once horas de corrido, la voz cantante sobre las retenciones la llevaron Juan Manuel López, de la Coalición Cívica (CC), y Pablo Torello, del Bloque del PRO.
Planteos de la oposición
López señaló que el Gobierno pretende prorrogar las facultades que le daba el artículo 52 de la Ley de Solidaridad Social, el cual establecía una alícuota tope del 33% para la soja y otra del 15% para otros productos agrícolas y precisó que hoy las retenciones para trigo y maíz están en 12% y para carne están en 9%.
“Si nosotros aprobáramos este artículo estaríamos permitiéndole al Poder Ejecutivo subir las retenciones. Estaríamos votando la suba de impuestos en productos agrícolas muy importantes para la Argentina”, dijo López y preguntó: ¿Está pensando el Poder Ejecutivo una suba en retenciones de trigo, maíz y carne? ¿Estos tres productos podrían pasar del 12 (trigo y maíz) o 9% (carne) a una alícuota del 15% si nosotros le delegamos estas facultades?
Luego habló Torello y dijo que el Gobierno no solo no debería pensar en subir los derechos de exportación desde el nivel que ya tienen sino que tendría que convocar a un debate sobre un proyecto de ley para “bajar y terminar eliminando” los derechos de exportación, para “sacarle el pide de encima” a la producción.
Bahillo respondió que lo “bueno” es que “no hay ninguna intención del Gobierno de subir las alícuotas de las retenciones” y aseguró que esto es “una definición política” de la gestión del Frente de Todos. “Hay una decisión del Gobierno de no subir ninguna alícuota de retención al sector primario”, insistió.
El secretario dijo que es una facultad del Congreso de la Nación decidir si deja o no la redacción del proyecto de Presupuesto 2023 tal como la envió el ministerio de Economía. Pero propuso que en todo caso, para que no se trabe la discusión, se sostenga el artículo agregando expresamente que si hay una modificación en las alícuotas esta tendrá que ser a la baja.
“Esto será redundante, pero yo lo entendería. Es una idea nada más, son los presidentes de bloque los que tienen las facultades para la decisión”, afirmó Bahillo, quien luego celebró los resultados del tipo de cambio diferencial que el Gobierno le dio al sector sojero para que acelere la liquidación de cosecha durante septiembre.
“El complejo de la soja tiene una característica: se exporta el 92% y tiene un 33% de retenciones, esa condición no la tiene ninguna otra economía ni ningún otro producto”, dijo.
El diálogo con los productores
Por otro lado, el funcionario aseguró que quiere sostener el nivel de diálogo conseguido con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), más conocida como “Mesa de Enlace”, porque él y el ministro de Economía, Sergio Massa, están convencidos que las mejores decisiones para el sector saldrán del intercambio con los productores.
“Por lo general, el sector más vulnerable es el productor, porque todos los demás eslabones (comercial, industrial y la distribución) tienen maneras de adecuar su rentabilidad y sus costos. El productor no tiene esa posibilidad, porque no es fijador de precios. Por eso, el Estado tiene que tener una mirada tutelar, rectora, para darle la distribución que le permita a la cadena ser sostenible y seguir creciendo”, dijo.
El secretario de Agricultura afirmó que eso es “un principio rector” de la actual política agropecuaria, lo cual se configura como “voluntad y decisión del Estado, indelegable hacia las entidades que representan a los sectores productivos”.
En ese sentido, el funcionario agregó: “Entendemos que la agenda en particular de las más de 30 economías regionales y de toda la actividad del sector primario tenemos que construirla con mucho diálogo, participación y actitud de escucha hacia el sector productivo, ya sea a través de las entidades que los representan, en forma directa y a través de los gobiernos provinciales y los legisladores nacionales”.
