Mendoza es la cuarta provincia en el país con menor número de accesos al servicio de Internet fijo por cada 100 hogares. Esto tiene consecuencias para la economía y, con la pandemia, para la educación a distancia y las posibilidades de trabajar de manera remota. Lo llamativo es que, además de la pérdida de rentabilidad que los proveedores manifiestan tener desde que se reguló el valor del servicio, la escasa conectividad se debe en gran medida a la falta de reglamentación del uso de los postes en la vía pública.
Según datos del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), Mendoza tiene 38,63 viviendas con acceso a Internet de cada 100 y se encuentra en el cuarto puesto con menor conectividad, por detrás de Formosa (32,49), San Juan (36,32) y Santa Cruz (37). Como para tener una referencia, San Luis tiene 81,68 (más de 8 de cada 10 hogares); Córdoba, 78,08 y Santa Fe, 73,58.
Pero, además, los hogares mendocinos están entre los que menor velocidad de Internet tienen, con apenas 11 Mbps promedio de bajada, en comparación con los 27 de Santa Fe, los 35 de Córdoba o los 50 de Buenos Aires. Esto se debe a que sólo el 15% de los accesos a Internet son por fibra óptica (hasta 300 Mbps), 31% por cable modem (hasta 50 Mbps), 8% Wireless (hasta 20 Mbps) y 46% ADSL (hasta 10 Mbps).
Precisamente, la fibra óptica es el sistema que permite mayor velocidad de conexión, pero el cableado subterráneo tiene un costo muy alto y para el aéreo se requiere el uso de postes. Como esto no está contemplado en la regulación existente, en la actualidad las distribuidoras de energía eléctrica son las que autorizan –o no- el uso de estos elementos en la vía pública y se los alquilan a los proveedores de Internet, lo que ha frenado el avance de los tendidos.
Un pequeño proveedor de Internet, que prefirió no identificarse, detalló que el problema más grande que enfrentan es que no les autorizan el uso compartido de los postes. Como las distribuidoras de electricidad son las concesionarias de estos elementos, son a quienes deben acudir para pedir autorización para utilizarlos y pagar el canon que fijan.
Por otra parte, los municipios no les permiten instalar nuevos postes, por lo que no pueden desplegar los tendidos de fibra óptica. Añadió que en la provincia hay unas 40 empresas de Internet interesadas en ampliar el servicio, pero se encuentran con este obstáculo. Por otra parte, en muchos casos, los propietarios de las empresas de energía eléctrica son dueños también de compañías de Internet.
El proveedor detalló que, cuando deciden alquilarles los postes, los valores, en dólares son abusivos y tienen un impacto significativo en el precio que ellos deben cobrar a los clientes. De hecho, comentó que habían instalado una red de fibra óptica en un barrio, donde tenían pocos clientes, y, cuando la distribuidora les subió el alquiler, tuvieron que desmontar el tendido porque no les cerraban los costos. En definitiva, planteó, se va generando un monopolio y, como no hay competencia, tampoco se puede acceder a un servicio de calidad.
Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi), comentó que es proveedor de Internet en San Rafael y que sólo puede brindar el servicio por aire, porque no ha podido realizar el tendido de fibra óptica. Es que solicitó autorización a la empresa de electricidad hace cuatro meses para utilizar los postes y aún no tiene respuesta. El municipio, que en un primer momento le planteó que sólo podía hacer tendido subterráneo, luego le permitió que fuera aéreo, pero no que instale nuevos postes.
El directivo de Cappi señaló que también trabaja en Colombia y que, en Medellín, la empresa eléctrica le alquila los postes y, en Soacha, el municipio instaló ductos subterráneos, que renta a las compañías proveedoras. Pero en ese país, el monto a pagar es de un dólar al año por poste, mientras en la provincia, hay distribuidoras que cobran 3 dólares por poste por mes. Si a esto se suma la menor densidad poblacional -unas 10 veces menos-, se entiende de qué manera impacta en la rentabilidad de las prestadoras de Internet locales.
Más ancho de banda
Para entender la problemática, Bianchi explicó que, hasta hace poco tiempo, se podía brindar a los clientes un servicio de 1 o 2 Mb y les resultaba suficiente. Este ancho de banda se puede prestar por aire con un costo razonable. Pero cuando se quiere incrementar la calidad, el equipamiento es muy costoso, en el orden de los 2 mil dólares por cliente, versus los 200 dólares de la fibra óptica. Además, puede tener interferencias y verse afectado por cuestiones climáticas.
Sin embargo, muchos municipios están solicitando que la instalación de fibra óptica sea subterránea. Bianchi detalló que pidió presupuesto a una empresa que se dedica a esto y que, si el tendido con postes cuesta un dólar por metro lineal, el por debajo del suelo supera los 60 dólares. Por eso, considera que demandar que el cableado sea subterráneo eleva considerablemente el precio del servicio y provocará que sean pocos lo que puedan acceder.
El directivo de Cappi añadió que hay otra problemática adicional y es que no hay buenos registros de los tendidos subterráneos. De hecho, en Mendoza, un proveedor utilizó una tunelera, para no levantar la vereda, y rompieron un caño de cloaca y otro de gas y, como resultado, empezó a salir gas por los baños de algunas viviendas. En Buenos Aires, otra empresa le pegó a un troncal de electricidad y dejó innumerables familias sin luz por tres días. Con esto, se arriesgan a demandas que los pueden dejar fuera del negocio.
En este sentido, planteó que, en los grandes centros urbanos del mundo, cuando se hace una remodelación de una arteria, el mismo municipio instala los ductos y entonces luego los alquila a los proveedores. Pero si se aguarda a que las comunas realicen estas obras para avanzar en los tendidos soterrados, podría tomar años. Además, en otras ciudades, sólo se utilizan los ductos bajo tierra en el microcentro y en el resto de los lugares se habilitan tendidos aéreos.
La alternativa, entonces, es utilizar los postes. En Colombia, señala, se colocan los cables de alta tensión muy arriba, los de electricidad domiciliaria más abajo y en un tercer nivel los de telefonía, fibra óptica, cámara de video vigilancia. Pero en la provincia aún no se ha regulado y Bianchi señaló que esta problemática se da en otras partes del país, en mayor o menor medida, y llega a extremos como en un pueblo de Córdoba, en donde el gobierno autorizó a un proveedor un tendido de fibra óptica pero la cooperativa eléctrica se lo levantó porque no querían un competidor. Es que quienes son concesionarios de los postes y también brindan el servicio de Internet, se encuentran en una posición monopólica.
En su opinión, el modelo más favorable para incentivar la competencia entre prestadores –y el beneficio que esto significa para el usuario, de poder elegir entre diversas prestaciones y valores- se vincula al uso compartido, no sólo de los postes, sino de los mismos tendidos de fibra óptica y de las unidades centrales. Esto permitiría, además, implementar algunas herramientas de ciudades inteligentes, como las cámaras de videovigilancia y la red semafórica. Bianchi resaltó que los proveedores no perderían clientes, porque cada uno encontraría su nicho.
Regulación
El vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet señaló que existe un proyecto para mejorar la conectividad en la provincia, vinculado a un crédito internacional, pero manifestó que no se necesita dinero sino adaptar la legislación vigente -nacional, provincial y municipal- a la realidad actual, porque el Enacom ya cuenta con una línea de aportes no reembolsables para nuevos tendidos. En cambio, si no se resuelven las dificultades para utilizar los postes, con este financiamiento se beneficiaría sólo a los que ya los están utilizando.
Una de las alternativas es que los postes de alumbrado sean declarados de interés público, pero esto podría traer problemas legales. La otra, es que los municipios permitan la instalación de nuevos postes, de uso compartido. Juan Correa, subdirector de Evaluación y Sustentabilidad Ambiental de Guaymallén, comentó que, ante la solicitud de un posteo, realizan una evaluación de impacto ambiental, que incluye consideraciones como que se coloquen entre dos casas y que no obstruyan puertas ni ventanas. Se ha buscado, acotó, el equilibrio entre la accesibilidad a Internet y el impacto en la vía pública.
Correa consideró fundamental que se discuta también, a nivel metropolitano, cuál sería un precio razonable para el alquiler de los postes –acorde al mercado internacional- y la modalidad para permitir el particionado, como se realiza en zonas rurales o periurbanas. Esto, para evitar la proliferación de estos elementos en la vía pública y entendiendo que el tendido subterráneo es más caro y demanda romper las veredas de las casas, lo que también tiene un impacto visual.
Pese a eso, reconoció que no cuentan con una ordenanza que regule esto e insistió en la importancia de que la normativa sea homogénea en toda la provincia o, al menos, en el área metropolitana.
Esto, para favorecer la competencia entre proveedores del servicio, de manera que los clientes puedan acceder a una prestación de calidad a buen precio.
Marcelo Guiñazú, subsecretario de Informática y Comunicaciones de Capital, expresó que consideran prioritario mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad en toda la ciudad -no sólo en el microcentro, sino en los barrios, incluidos los del oeste- y que llevan varios meses trabajando en el tema.
Para esto, detalló, han analizado las reglamentaciones del Enacom, como también las provinciales, para determinar qué herramientas administrativas debería fijar el municipio para permitir a pequeñas, medianas y grandes empresas proveedoras de Internet, realizar nuevos tendidos. Guiñazú sumó que han mantenido más de 20 reuniones con técnicos y representantes legales del Enacom y Arsat, y con la cámara de proveedores de Internet, para resolver esta problemática.
El funcionario expresó que el desarrollo económico e inclusión van ligados necesariamente a la conectividad. Añadió que, hasta ahora, el municipio no se había involucrado en esta problemática, pero que apuntan a que se pueda instalar más de una empresa, para no tener un monopolio, y que el vecino cuente, en la puerta de su casa, con tres, cuatro o cinco proveedores de Internet, que le brinden un servicio de calidad a un buen precio. Además, que en ese esquema participen los pequeños proveedores.
En cuanto a la reglamentación, adelantó que pretenden que el uso de los postes esté regulado –ya sea los existentes o nuevos-, que cada empresa tenga que tramitar las habilitaciones correspondientes y que realicen una inversión en tecnología superior a la existente. También buscan promover el uso de fibra óptica, que da mayor velocidad a un precio inferior. Añadió que, en ciertas arterias, como Arístides Villanueva y San Martín, ya hay tubos soterrados para hacer un cableado por debajo de la vereda.
Desde Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia, señalaron que, por una cuestión de seguridad, la empresa realiza un control de quiénes utilizan los postes; que, además, tienen un cupo de cables, para que toleren el peso y el viento.
De ahí que, en ciertas zonas, particularmente las céntricas, a veces no se autorice el uso. Añadieron que se aplica una tarifa por la utilización del poste, que fija la misma compañía de electricidad.
Así como están planteadas las cosas, el problema sigue sin resolución.
