Con el objetivo de pasar del déficit al superávit en el presupuesto 2024, el ministro de Economía, Sergio Massa, envió a la Cámara de Diputados, para que lo analicen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una “separata”, que propone la eliminación de exenciones y beneficios impositivos, que, en conjunto, rozan el 5% del PBI. La mirada de economistas y empresarios va desde compartir la necesidad de que el ajuste sea equitativo hasta el rechazo de que el recorte se enfoque en el sector privado.
Apenas unas horas después de resultar ganador en la primera vuelta -aunque resta ver qué sucederá en el balotaje-, Massa abrió la discusión sobre la posibilidad de quitar tratamientos diferenciales, que generan una pérdida de recaudación anual de alrededor del 4,72% del PIB ($16,5 billones). De prosperar la propuesta, en lugar de cerrar 2024 con un déficit fiscal del 0,9% del PBI, se podría terminar con un superávit en las cuentas públicas del 1%.
Los beneficios que se recortarían, entre otros, incluyen las alícuotas del IVA reducidas para la comercialización de carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas (hoy con el 10,5%, en lugar del 21%), la construcción de viviendas, la medicina prepaga, la venta de productos de panadería y obras de arte. También, el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, que se implementó hace cuatro décadas.
Hay exenciones que se eliminarían, como la del impuesto a los Bienes Personales sobre los depósitos en entidades financieras, y sobre las propiedades rurales; o del impuesto a las Ganancias a asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, y al Poder Judicial. También se dejaría sin efecto la reducción en las contribuciones a la seguridad social, que tuvo como objetivo favorecer la generación de puestos de trabajo.
El economista José Vargas indicó que esta adenda apunta a lograr una reducción del déficit fiscal para el año próximo, que, según estimaciones privadas, podría estar en torno al 2% del PBI. El Ejecutivo busca eliminar una serie de exenciones, para lograr un equilibrio en las cuentas fiscales, ya que tienen un peso bastante importante en relación con el PBI.
Advirtió que con la implementación de la devolución del IVA y la modificación del impuesto a las Ganancias se redujo de modo considerable el nivel de recaudación y que esto es complejo, por lo que el Gobierno debe ajustar por el lado del gasto. De todos modos, señaló que hay sectores más sensibles que otros, dentro de las modificaciones propuestas, y que habrá que ver si se genera una puja de poderes, en particular en el caso del Poder Judicial. “El próximo Gobierno está prácticamente obligado a equilibrar las cuentas públicas”, indicó el titular de Evaluecon.
Federico Pagano, miembro del Consejo Empresario Mendocino (CEM), indicó que, si el Gobierno pretende que el ajuste, para reducir el déficit fiscal, se aplique una vez más a la población general y los privados, está destinado al fracaso, ya que lo que debe haber es una muy fuerte reducción del costo político. “Lo razonable sería que, si el 65% de la población votó por propuestas más racionales, de ir a un Estado más chico, más eficiente, menos intrusivo, que la coalición que resulte ganadora en el balotaje vaya en esa línea”, expresó.
Asimismo, resaltó que no se ha hablado de eliminar las retenciones, por ejemplo, con lo que no entiende cómo se pretende generar un rebote en la producción y la inversión, si no se ajusta la presión del sector público sobre el privado. En esta línea, el también gerente general de Montemar señaló que el equipo de Massa no ha propuesto simplificar el esquema tributario, cuando se sabe que la gran cantidad de impuestos y regulaciones facilita la corrupción.
Recordó que hace unos días se votó una ley de mayor proteccionismo para la industria del calzado, que es una de las más protegidas, mientras que los argentinos pagan tres veces más caro un par de zapatillas en el país que en otras partes del mundo. “La Argentina necesita un cambio y ojalá que quien gane entienda esto”, planteó.
En cambio, el economista Nicolás Aroma, del Centro de Economía y Finanzas Mendoza, consideró que es positivo transparentar que los recursos que se asignan desde el Estado no sólo se destinan a planes sociales y otras medidas de contención de las personas de ingresos bajos, sino que hay una gran proporción -casi equivalente al 5% del PBI- que está beneficiando a otros sectores e incentivando la actividad industrial y el empleo.
El también asesor del PJ opinó que el objetivo de esta iniciativa podría ser visibilizar que el superávit no se puede alcanzar únicamente a través del recorte del gasto en salud, educación, jubilación, sino que se puede lograr por otras vías.
En cuanto a las propuestas, señaló que es interesante discutir sobre el impuesto a las Ganancias de los jueces, que se lleva una porción sustancial; o los beneficios impositivos a sectores que están muy protegidos por el Estado, mientras no parece que esa ayuda se traduzca en mejores salarios ni en mayor producción. La industria textil, ilustró, tiene subsidio y es una de las que viene aumentando los precios muy encima de la inflación promedio.
Sumó que hay que llegar a un sistema fiscal más simplificado, pero también más progresivo. Por eso, resaltó, se habla del impuesto a los Bienes Personales, que en el mundo es importante porque grava el patrimonio pasado, mientras en Argentina es casi imperceptible y eso da lugar a tributos muy regresivos, como el IVA. Pero los inmuebles rurales, indicó, donde se evidencia la concentración de la riqueza, no pagan este tributo (y también se ha puesto en análisis).
El titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto, detalló que el lunes se reunieron con presidentes de cámaras de comercio, industria, servicios y empresarios, y están siguiendo de cerca a los dos candidatos al balotaje; y que ahora volverán a reunirse para analizar estas últimas propuestas.
Pese a eso, mencionó que se están anunciando medidas que entienden que son electoralistas, pero que tienen un efecto y que, ahora, están hablando de un sistema impositivo diferente, que desde la UCIM quieren analizar en detalle, porque son reducciones que se proponen en un momento crucial. Añadió que no están a favor de los planes “platita”, porque no son gratuitos, sino que demandan una inversión importante y el déficit fiscal hay que abordarlo “con un programa económico que sea factible, para no sumir a más personas en la pobreza ni a más pymes en el riesgo de perderse”.
