Varias entidades colaboran para enfrentar la precariedad laboral en el agro. Esto incluye al sector público y al privado, con organismos como el consulado de Bolivia y asociaciones privadas como Amfori que respaldan cómo se produce un cultivo. Para el especial multimedia “Grito en el Campo”, estas organizaciones contaron sobre su trabajo.
A poco de conocerse en abril el atropello con un tractor que sufrió la familia Lamas por parte de la familia Sánchez (propietarios de la finca donde trabajaban), muchas organizaciones campesinas protestaron para dar fuerza al caso. Para Aldo Ballejos, presidente de la colectividad boliviana en Guaymallén, esto fue “un hecho de xenofobia, de atropello, amenazas verbales, de discriminación”.
“Este tipo de cosas tal vez no son visibles, pero creo que siguen pasando. Uno migra con la idea de progresar, vivir mejor. Uno llega a Mendoza y no sabe a dónde ir y siempre hay un vivo que dice ‘te doy casa y trabajo’, y pagan miserias o no pagan”, afirma Ballejos. Espera que el caso sirva de ejemplo y quiere transmitir a la gente de la comunidad boliviana que “no está sola y siempre tiene nuestro apoyo y del consulado también”.
Por su parte, Cynthia Vicente Vallejos, cónsul de Bolivia con jurisdicción en Mendoza, San Juan y San Luis, comenta que se contactaron con la familia y ya contaban con acompañamiento legal. En el consulado, ubicado en la esquina de Martínez de Rosas y Sobremonte (Ciudad de Mendoza), reciben denuncias y asesoran a los damnificados.
En este caso, el consulado también tomó contacto con Atajo (Dirección General de Acceso a la Justicia), el Poder Judicial, INADI y Ministerio de Trabajo. “Trabajamos con distintas instituciones como Uatre o Renatre para hacer el seguimiento y el acompañamiento que corresponda”, afirma Vicente Valencia.
Gonzalo Navarro es el responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la nación y explica que en las inspecciones, cuando advierten que pueden estar frente a situación de explotación laboral o infantil, redactan un acta y trabajan con la justicia. Si es trabajo infantil, se trabaja con la justicia provincial. Si es trata de personas con fines de explotación laboral, con la justicia federal.
“En el año 2020-2021 en total, en el contexto de pandemia, hemos hecho 289 inspecciones. De ese total algunas se derivan a trabajo infantil, explotación infantil, y algunas otras a esto que venimos hablando que es explotación laboral”, agrega Navarro. En concreto, durante ese período redactaron 18 actas de explotación laboral.
La cónsul de Bolivia aclara es que esto no solo afecta a trabajadores bolivianos. En una inspección que acompañó, organizada por el Ministerio de Trabajo, identificaron a 50 personas cosechando sin ningún registro en una finca ubicada en el Valle de Uco. De esos cosechadores, cinco eran de nacionalidad boliviana, y notaron varias personas del norte argentino y del Valle de Uco.
Desde el lado privado
Varios empresarios desarrollan negocios agrícolas con ética y responsabilidad social, ya sea por convicción o para llegar a mercados que demandan conocer cuáles fueron las condiciones laborales de quienes elaboraron los productos.
Jimena Sánchez, representante para Latinoamérica de Amfori, detalla que es una organización basada en Bélgica, con unos 2.500 miembros en todo el mundo: retailers, mayoristas, distribuidores e importadores. Los socios buscan poder asegurarse de que quienes les proveen de los productos que comercializan tienen condiciones de trabajo adecuadas.
Siguen un código de conducta con principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Organización Internacional del Trabajo, y de Negocios Éticos y Transparentes de la OCDE. Sirve para certificar que no hay situaciones de trabajo infantil ni esclavo, como tampoco explotación, discriminación u otros abusos. Los miembros y sus proveedores reciben auditorías periódicas para verificar el compromiso.
En Mendoza, más de 60 bodegas adhirieron a este código. Entre otros aspectos, se verifican las condiciones de las instalaciones de trabajo, liquidación de sueldos, pago de las horas extras, elementos adecuados de protección personal, etc.
Sánchez subraya que el programa promueve un “efecto cascada”, es decir, que esos proveedores trasladen el código a quienes les venden insumos. Es que cuanto más se “baja” en la cadena de abastecimiento, mayor precariedad laboral se encuentra.
Para denuncias, se puede llamar a los teléfonos 145 (trata de personas con fines de explotación laboral) y 0800 666 4100 (ministerio de trabajo de la nación). Para coordinar acciones de capacitación y prevención se puede escribir a at-mendoza@trabajo.gob.ar
*Producción periodística: Sandra Conte, Soledad González y Mauricio Manini
*Fotografía y videos: Ignacio Blanco - Claudio Gutiérrez
