La construcción es uno de los sectores que más dinamiza la economía. De hecho, los Gobiernos suelen invertir en obra pública no sólo porque permite contar con mejor infraestructura, sino por el impacto que tiene en la actividad económica. Sin embargo, las obras que tienen financiamiento nacional están paralizadas desde diciembre de 2023 y estiman que recién se retomarían algunas entre septiembre y diciembre de 2024. Las empresas constructoras están renegociando los contratos para ver cómo se puede reanudar la ejecución de estos proyectos.
Esta semana, el Gobierno nacional emitió un decreto que lo habilita a realizar cambios en el régimen de contratos de la obra pública y le permitirá rescindir o renegociar los que fueron firmados antes del 10 de diciembre de 2023. Desde el Gobierno provincial sostienen que ya han definido cómo se avanzará en los proyectos en ejecución con financiamiento nacional, pero desde el sector de la construcción plantean que aún no se han retomado los trabajos y que hay dudas sobre los pagos.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia, Natalio Mema, explicó que a Mendoza no le transfieren ninguna obra, sino que Nación continuará las que estaba realizando. Las del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) las seguirá ejecutando el organismo, salvo algunas que se están resolviendo en forma directa con el ente.
En cuanto a las obras de construcción de viviendas, Mema recordó que se acordó que las pagarán prácticamente a medias entre Nación y provincia, pero que lo tienen que resolver con la Secretaría de Vivienda -sin depender de un decreto- y que se está terminando de definir el convenio definitivo. Esto excluye, por supuesto, los proyectos habitacionales que se desarrollan en ciertos municipios con financiamiento directo del Gobierno nacional.
Se debe recordar que este acuerdo se terminó de sellar en junio, con la visita del jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos. Sin embargo, desde la provincia reconocieron que no hay fecha clara para que se retomen estos proyectos y que se irá reactivando cada obra a medida que el Ejecutivo nacional cuente con presupuesto.
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), indicó que en Mendoza hay pocas obras financiadas por Nación, porque fue una de las provincias más “castigadas” en este sentido. Sumó que se ha dicho que algunas se van a completar con financiamiento nacional y otras van a ser cedidas, pero aún no hay avances en este sentido.
Planteó que, así como cuando empezó la nueva gestión no se cumplieron los contratos vigentes, ahora tampoco se han transferido las obras a las provincias, más allá de los anuncios y de que ya se acordó con 20 (aún no lo han hecho la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Formosa).
Por otra parte, detalló que lo que existe es un acuerdo macro de la Nación con las provincias, para que éstas se hagan cargo de las obras, pero que después se tienen que ir suscribiendo convenios particulares por cada proyecto y que, en la práctica, los documentos van y vienen, pero “no hay una sola obra que haya sido traspasada y esté en ejecución”.
Asimismo, Fernández manifestó que Nación está en la postura de que se debe pagar el valor histórico. Es decir, el monto que se facturó en octubre o noviembre. Esto implica que el ente ejecutor, ya sea la provincia o el municipio, deberá pagar la diferencia o no será posible ejecutar la obra. Esto, porque la inflación en el sector de la construcción, de noviembre a la fecha, supera el 100%.
“Lo que tenías facturado en $100 millones, hoy son $200 millones. No existe una empresa, por más sólida que sea, que pueda afrontar ese quebranto”, sostuvo. Y añadió que, si bien la provincia ha manifestado que quiere continuar las obras, también está negociando empresa por empresa para tratar de reducir el monto adeudado.
Por su parte, Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, indicó que el gobernador Alfredo Cornejo renegoció contratos de obras nacionales a las que el Gobierno nacional les había cortado el financiamiento y que lo mismo ocurrió con las viviendas que se licitaron con fondos nacionales.
“Existe el compromiso de que esos fondos que no mandan desde diciembre empiecen a llegar a partir de septiembre u octubre”, detalló. Esto implica que, en la práctica, los trabajos recién se reanudarían en el último cuatrimestre del año o principios de 2025, mientras que la obra pública ha estado paralizada -por completo en el caso de la nacional y ralentizada aquella que depende de la provincia- en lo que va de 2024.
Barbeito señaló que, en cambio, no hay novedades sobre las obras que tenían financiamiento del BID y planteó que no ha visto nunca algo parecido: que el Gobierno nacional “distraiga” fondos internacionales y no pague obras comprometidas, con certificado de avance. Explicó que la actual gestión se demoró mucho en nombrar los nuevos funcionarios ligados al área y que recién ahora se está analizando en las subsecretarías qué proyectos se van a continuar.
Barbeito detalló que, en teoría, la provincia va a pagar los certificados, pero que las empresas están renegociando los contratos y las deudas, porque cuando una obra se paraliza, hay costos relacionados, como el deterioro, el pago de seguros, de custodia y gastos generales. Indicó que se pagaría el valor de noviembre, pero con los intereses por pago fuera de término establecidos por contrato.
“Todas las empresas constructoras queremos renegociar las obras para poder terminarlas”, lanzó. Y sostuvo que la provincia ha tenido mucho mejor comportamiento con los contratistas que la Nación, que lleva siete meses sin pagar certificados de obra. Añadió que, desde la cámara, están haciendo todo lo posible para que los nuevos acuerdos se cierren entre septiembre y diciembre, para que la actividad comience a reactivarse.
Pedido de emergencia
La Cámara Argentina de la Construcción envió hace unos días un pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, de que se declare la emergencia en el sector y se apliquen medidas urgentes que permitan a las empresas “sobrellevar este periodo de transición, hasta tanto se generen los mecanismos necesarios para que vuelva a tomar ritmo la actividad”.
En el documento plantean que “no sólo no se han lanzado nuevas obras, sino que se ha suspendido la mayoría de las que se encontraban en ejecución; incluso las que contaban con financiamiento de organismos de crédito internacional y, en muchos casos, se interrumpieron además los pagos de los certificados atrasados”. Esto ha llevado a que muchas empresas “estén en gravísimos problemas, tornándose prácticamente inviable su continuidad”.
Y recordaron que el sector es uno de los grandes generadores de empleo de la economía y que, según datos de la propia cámara, en los últimos meses se han perdido casi 110.000 puestos de trabajo directo. Asimismo, detallaron que se estima que, por cada puesto de trabajo directo, se genera a su vez uno indirecto.
