A medida que avanza el debate de la Ley de Bases en el Senado Nacional se intensifican las discusiones sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El mecanismo que busca atraer proyectos productivos al país tuvo poca repercusión tanto en las fallidas deliberaciones de enero como en su paso por la Cámara de Diputados, pero ahora que está a punto de ser transformado en ley generó profundas divisiones entre quienes adhieren al sistema y quienes lo rechazan.
En una primera mirada se percibe que están a favor las grandes empresas y especialmente las multinacionales que encuentran en el régimen ventajas impositivas importantes, mientras que aquellas pymes y compañías dedicadas al mercado interno o regional se pronuncian en contra por considerar que generará una competencia desleal que las dejará al borde de la desaparición.
Cuáles son las características del RIGI
Está abierto para inversiones con un piso mínimo de U$S 200 millones.
1. Beneficios impositivos:
- Impuesto a las Ganancias:
- Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).
- Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.
- Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA):
- Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.
- Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.
- Otros impuestos:
- Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
2. Beneficios aduaneros:
- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.
- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
3. Beneficios cambiarios:
- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:
- 20% el primer año.
- 40% el segundo año.
- 100% a partir del tercer año.
- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
4. Estabilidad normativa:
- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.
- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.
Requisitos para adherirse al RIGI
Para aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:
A. Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU):
- Sociedades Anónimas (incluidas unipersonales) y Sociedades de Responsabilidad Limitada.
- Sucursales de sociedades extranjeras.
- Uniones transitorias de empresas.
B. Monto de Inversión Mínima:
- Proyectos con una inversión superior a 200 millones de dólares.
C. Sectores incluidos:
- Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.
D. Detalle del plan de inversión:
- Cronograma estimado de inversión.
- Empleo directo e indirecto estimado.
- Balance comercial y de flujos de divisas proyectado para cinco años.
Los rechazos a la norma se basan en las ventajas que obtienen las empresas que puedan ingresar al régimen y aquellas ya radicadas en el país.
En una reciente declaración la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró que se avanza en iniciativas de fomento productivo pero advirtió que el RIGI “podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales”.
En el mismo sentido se pronunció ADIMRA (Asociación de Metalúrgicos) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que coincidieron en el perjuicio que este proyecto puede generar en el sector.
Ambos sostuvieron que “los beneficios fiscales y normativos otorgados no van acompañados de obligaciones en términos de transferencia tecnológica y compras locales”, lo que atentaría contra el entramado productivo local.
Al ser un régimen para proyectos de inversión superiores a los U$S 200 millones, quedan afuera un buen número de empresas que también a través de inversiones pueden generar desarrollo y puestos de trabajo pero que no serán competitivas contra aquellas que entren al RIGI.
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un trabajo en el que describió el impacto negativo de la propuesta.
Entre los puntos más cuestionados señala que “no presenta en ninguno de sus artículos iniciativas de protección del tejido productivo local y tampoco contempla las disparidades estructurales en la industria”.
Según CEPA la norma “incluye importantes beneficios impositivos, fiscales y exenciones arancelarias para bienes y equipos que compiten directamente con la producción nacional”.
En la misma línea remarcó que “tampoco presenta la prohibición explícita para la importación de bienes industriales usados” y advirtió que “sin esta restricción, la industria nacional se vería seriamente desprotegida ante la imposibilidad de competir en materia de precios con estos bienes”.
A su vez resaltó que “los beneficios impositivos y exenciones de aranceles de importación que se otorgan a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) no se extienden a los fabricantes nacionales de bienes relacionados con las cadenas de valor incluidas en el RIGI por lo que los proveedores locales tendrán mayores costos de producción y tendrán menor competitividad”.
El informe da una serie de ejemplos de la pérdida de competitividad que sufrirán las empresas locales versus las que entren al RIGI si se aprueba este régimen. En el caso de la producción de cables eléctricos para la producción de energía sería de 22%, en transformadores 16%, en equipos de acero inoxidable para petróleo y gas 36%.
Otro punto que cuestiona el informe de CEPA es la generación de puestos de trabajo.
“Los sectores a los que implícitamente apunta el régimen son el de gas y petróleo, minería y sector agropecuario. Como es posible observar en el gráfico siguiente, estos sectores hace quince años que no generan un número significativo de puestos de trabajo de manera directa (sólo 17 mil puestos) y solo representan el 6,1% del empleo total”, indicó el trabajo.
CEPA también señala que el RIGI va en contra de las políticas proteccionistas que se están expandiendo en las principales economías del mundo. Al respecto señala las leyes sancionadas por Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos, y el impulso al “Pacto Verde” que prima en Europa que busca sostener la industria manufacturera y los puestos de trabajo.
En un sentido similar FUNDAR expresó una serie de objeciones al proyecto.
En ese sentido señaló que en el tema “aranceles y producción local” el régimen permite importar insumos con arancel cero, mientras que los productores locales enfrentan aranceles del 15%, creando una desventaja competitiva y favoreciendo la importación sobre la producción local.
También cuestiona que el régimen ofrece una excepción de 30 años para atraer inversiones extranjeras directas, garantizando beneficios impositivos y la eliminación de restricciones en la exportación e importación. “Este largo periodo es excesivamente generoso y potencialmente limita la capacidad del gobierno para disponer del recurso en situaciones de crisis como puede ser una ola de frío muy fuerte o una sequía”, afirmó la fuindación.
A su vez criticó el otorgarles a las empresas el derecho a acudir directamente al CIADI para arbitraje, evitando la jurisdicción nacional, lo que es una renuncia a la soberanía legal.
Asimismo, sugirió que reducir el plazo de vigencia entre 5 a 10 años.
“En resumen, aunque el régimen busca atraer inversiones mediante condiciones favorables, su diseño puede ser contraproducente, limitando severamente las capacidades regulatorias del Estado y comprometiendo el desarrollo sostenible y autónomo del país”, concluyó FUNDAR ante la consulta de este medio.
Durante la discusión reciente en la Cámara de Senadores varios de ellos expresaron su disconformidad sobre los alcances del RIGI e incluso señalaron que ofrece facilidades que no se otorgan en ninguna parte del mundo. De allí que se descuenta que sufrirá cambios y volverá a la Cámara de Diputados para la sanción definitiva.
En la vereda de los que apoyan se ubican las grandes empresas, especialmente las orientadas al sector energético que ven este régimen una posibilidad de potenciar sus inversiones.
Actores del sector consideran que el RIGI es una versión superadora de los proyectos que había impulsado Sergio Massa para fomentar inversiones en Gas Natural Licuado. Para dar una dimensión de su alcance, lo consideran fundamental para el proyecto que llevan adelante YPF y Petronas para levantar una planta de LNG en Bahía Blanca para exportar el gas extraído en Vaca Muerta.
“Sin RIGI, no habrá GNL. Si hacemos la obra va a ser la inversión en infraestructura más grande de la historia del país”, afirmó Marín durante su presentación en el VI Foro Nacional de Energía, Libertad & Seguridad Energética de LIDE. De la misma forma se pronunció en recientes declaraciones a la prensa Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint.
La última palabra oficial sobre el tema fue la del vocero Manuel Adorni quien en conferencia de prensa aseguró que “el RIG es una herramienta sensacional para generar puestos de trabajo, inversión y crecimiento”.
El perfil de los actores que han quedado a cada lado de la discusión da un poco la dimensión de lo que se está discutiendo con este régimen, que en caso de no ser debidamente legislado puede generar un fuerte impacto negativo en un sector del aparato productivo nacional.
