“La situación es alarmante e insostenible. Han robado una bodega de una cooperativa tres veces y el daño patrimonial supera los 10 millones de pesos. Pero resulta que no han autorizado un allanamiento”, planteó Nicolás Vicchi, subgerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. Acovi es una de las entidades que viene señalando desde hace varios meses que los robos en las zonas rurales están complicando la producción, además de poner en riesgo la vida de quienes se dedican al agro.
A la lista de preocupaciones del sector productivo -altos costos, inflación, bajos precios, crisis hídrica, heladas tardías y tormentas graniceras que causan daños en los cultivos-, se ha sumado la de los robos rurales que, si bien no son una novedad, se tomaron un “descanso” durante los meses del aislamiento y retornaron con fuerza.
Vicchi detalló que se llevan desde herramientas y maquinarias, hasta tractores; materiales que son muy costosos y, con la difícil situación económica, un hurto de este tipo puede dejar fuera de juego a un productor. Además, planteó que los robos se han incrementado y no solamente se pone en riesgo el capital de las personas o empresas, sino también la vida. Es que ya no sólo roban de noche, sino también de día y cuando hay gente trabajando.
Un problema constante
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, comentó que han continuado los robos de transformadores y también a las propiedades rurales en San Martín, Rivadavia y Junín, e, incluso, los asaltos se están extendiendo a las zonas urbanas. En las fincas, detalló, llegan a robarse la malla antigranizo y el sistema de riego por goteo. Y esta semana, acotó, se llevaron varios tachos de uva de una bodega, con un quintal de producción (porque no alcanzaron a llevarse más).
Sosa recordó que, en diciembre del año pasado, tuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal, además de jefes municipales y representantes de una cooperativa eléctrica –a la que le sustraen los transformadores- para analizar la situación e intentar llegar a una solución. Si bien habían acordado volver a reunirse en quince días, hasta ahora no hay fecha para una nueva cita. En cambio, esta semana se encontrarán con el jefe de fiscales, quien les ha adelantado que les quiere comentar las acciones que ha implementado para contar con más recursos humanos, informáticos y de investigación.
Mario Bustos Carra, titular de la Federación Olivícola, comentó que todavía faltan unos 20 días para que empiece la cosecha de aceituna, por lo que los productores olivícolas están en alerta. Es que, con otras producciones, como la ciruela, ya tan tenido pérdidas por sustracción y reconoció que “los robos están a la orden del día”.
Bustos Carra indicó que vive en San Martín y, cada vez que va a tomar un café, se entera de un nuevo afectado. “Hay mucha preocupación en las zonas rurales y la gente está cansada, y, en algunos casos, vende las fincas”, planteó. Es que no sólo se llevan la fruta, sino también los palos de las viñas, los alambres, las bombas de los pozos, las pertenencias personales y algunos viven situaciones violentas.
Sosa sumó que los robos han continuado, pese a que, hace unas semanas, autoridades policiales habían asegurado que ya tenían cercado a un grupo comando que está asaltando en la zona Este y al que se conoce como la “Banda de los Cinco”. Ellos serían los responsables de asaltos a mano armada, que tuvieron como damnificados a viñateros, empresarios de distintos rubros y hasta al conocido dirigente político del Partido Demócrata y ex candidato a gobernador, Marcos Niven. De hecho, en enero se anunció que, luego de ocho meses de investigaciones, se había detenido a uno de ellos.
Por si fuera poco, los productores se encuentran temerosos ante una posible “ola de robos” que podría llegar en las próximas semanas, como consecuencias de las potenciales subas de precios. Es que el granizo del miércoles pasado generó pérdidas en varias fincas y la merma fue tan fuerte que el precio de algunos productos podría aumentar, volviendo más atractivo el robo de la fruta, lo que no sólo causa pérdidas económicas, sino también, en ocasiones, daños en las plantas. También plantearon que, si hay quien roba, es porque hay quien compra y que eso lleva a preguntarse quién acepta una producción que no sabe de dónde proviene.
Sin respuestas
Vicchi señaló que ya se han reunido con la cúpula de la policía, con las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y con otras entidades, para poder abordar la problemática en conjunto. También para demandar la aplicación de la ley 6721, que establece las bases institucionales y jurídicas para definir un plan de seguridad, con la participación del sector privado, a través de foros vecinales, entre otras instancias.
“Ver que no hay acción por parte de las autoridades genera impotencia”, expresó y sumó que la policía y las fiscalías se van pasando la responsabilidad unos a otros, cuando lo que se necesita es una buena articulación porque, además, los elementos sustraídos suelen pasar de un departamento a otro.
En tanto, Sosa indicó que, mientras los habitantes de la zona Este están preocupados porque este grupo comando embosca a las personas cuando llegan a sus fincas o propiedades urbanas, el domingo pasado había uniformados poniendo multas por mal estacionamiento en Palmira. “La gente está molesta porque es una cuestión de prioridades”, manifestó.
“Tiene que haber un replanteo de la estrategia de control del delito, con inteligencia y seguimiento”, consideró el gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Para ilustrar lo complejo del problema, señaló que, a la reunión de diciembre, hubo productores que llegaron con 17 o 18 carpetas de denuncias. Pero también advirtió que hay quienes ya no hacen la denuncia, porque no hay resultados y la víctima pierde medio día de trabajo en el proceso.
Por esta razón, desde Acovi están impulsando que los productores denuncien y los asesoran en el proceso. “Hay que denunciar porque necesitamos datos”, planteó Vicchi. Y sumó que han pedido que las fiscalías que no actúan los fines de semana tengan personal disponible, que se dote de vehículos a la policía para que pueda patullar, ya que se necesita del monitoreo policial para disuadir a los delincuentes; pero que también es necesario que se los atrape y condene.
