La construcción del gasoducto que permitirá inyectar más gas natural entre los departamentos de San Rafael y General Alvear ingresó en una batalla judicial.
La obra, que quedó en suspenso en 2023 en el 87% de avance, ahora está completamente paralizada y sin financiamiento certero. Ante esta situación el municipio que conduce el justicialista Omar Félix presentó una medida cautelar ante el Juzgado Federal de San Rafael para que el Estado Nacional garantice la preservación de la obra y los fondos necesarios para finalizarla.
Desde la comuna indicaron que llegaron a esta instancia luego de agotar las instancias de diálogo y los infructuosos intentos de comunicación directa con la máxima autoridad de la Secretaría de Energía de la Nación.
La medida cautelar que interpuso la comuna es solo el comienzo. Mientras está a la espera de la resolución judicial, el equipo legal del Municipio está ultimando los detalles para presentar una demanda contra el Estado Nacional por “incumplimiento de contrato”.
Según trascendió, el año pasado se necesitaban alrededor de $4.500 millones para concluir los trabajos y dejar operativo el gasoducto pero con la inflación acumulada y la redeterminación de precios, el monto que se requiere rondaría los $9.000 millones.
La espera por el gas continúa
La falta de gas natural en el sur mendocino es una problemática que se fue agravando con el correr de los años al punto tal que no hay factibilidad para nuevas conexiones desde 2016, aunque la red pase por la puerta de la casa.
En la actualidad, la única instancia para acceder al servicio es la renuncia o caída de algún usuario. En San Rafael había unos 37.000 usuarios conectados al sistema mientras que en General Alvear rondaban los 11.000 medidores de gas natural.
La obra para inyectar gas natural al sistema San Rafael – General Alvear y subsanar la provisión por los próximos 12 a 15 años es la interconexión del gasoducto de GasAndes con San Rafael lo que permite aliviar un sistema colapsado por la demanda y habilitar el ingreso de 26.600 nuevos usuarios (residenciales o industriales) entre ambos departamentos.
En 2019, cuando todo estaba previsto para comenzar, los recortes presupuestarios que aplicó el entonces presidente Mauricio Macri tiraron abajo la obra.
En noviembre de 2020 el intendente sanrafaelino Emir Félix, firmó un acuerdo con la Secretaría de Energía de la Nación y hacia mitad de 2021 se hizo oficial el inicio de obra con la licitación para comprar los materiales. Los trabajo en el terreno comenzaron en 2022 y el plazo de ejecución previsto inicialmente era de 18 meses.
En octubre de 2023 la obra ya estaba completamente ralentizada y en su paso por el departamento sureño, el ministro y candidato a la presidencia, Sergio Massa, comprometió los más de $4.000 millones que se necesitaban para concluir las tareas y hasta anticipó que en 90 días iba a estar finalizada. Sin embargo aquel rimbombante anuncio no se concretó nunca.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, la obra pública quedó totalmente paralizada y es cuando la comuna sanrafaelina inició las gestiones para tratar de recuperarla.
Uno de los inconvenientes y también temores que había en San Rafael es que si el Estado nacional se atenía estrictamente a lo pactado y solo enviaba los fondos comprometidos ($4.500 millones) la obra llegaría al 95% de ejecución.
Es por eso que buscaron por todos los medios posibles negociar el desembolso del dinero, pero a valores actualizados, que rondan los $9.000 millones.
Entre dimes y diretes, nunca se llegó a buen puerto y ahora la concreción del gasoducto ingresó en la vía judicial.
La demanda
La Municipalidad sanrafaelina recurrió a la Justicia para que le ordene al Estado Nacional la conservación de los materiales empleados para la construcción del gasoducto, como así también evite que los fondos que corresponden a dicha obra, no se reasignen para otros fines.
En las fojas que componen la cautelar, hay detalles técnicos de los trabajos ejecutados hasta la actualidad, un informe de Ecogas que indica las consecuencias de la paralización de este tipo de obras, los graves perjuicios económicos que eso genera en las arcas públicas, el daño patrimonial que enfrentan particulares que iniciaron el proceso de conexión y la inminente retirada de la empresa constructora, entre otros datos de interés.
Mientras esperan que el juez Federal de San Rafael resuelva la medida cautelar, en la comuna están preparando lo que será la acción de fondo e implica ir directamente contra el Estado Nacional. La demanda será por el perjuicio que ocasionará el incumplimiento de contrato por parte de la Casa Rosada.
Según indicaron desde el Municipio, la iniciativa judicial cuenta con el respaldo de los concejales oficialistas pero en particular de los opositores.
