Sin dudas, el decreto Ley Nº 70/2023, que derogo la Ley de Alquileres 27551 y su sucesora, la Ley Nº 27737, produjo un efecto instantáneo de reposición de propiedades con destino locativo, luego de casi cuatro años en los cuales los propietarios retiraron sus inmuebles de la oferta, lo que a su vez causo resultados negativos sobre todo el mercado, incluyendo ventas urbanas y rurales.
Resulta sorprendente la decisión de la gran mayoría de los legisladores, cuando sin razón alguna que lo justifique, derogaron la Ley 23091, sancionada en 1984, que estuvo vigente sin causar inconvenientes a locadores ni locatarios, sino todo lo contrario.
Con argumentos demagógicos y promoción política, se presentó con una intensa campaña publicitaria a los inquilinos como víctimas del régimen de locación vigente, promoviendo a la nueva ley, pese a las advertencias de los profesionales inmobiliarios que vaticinaban su fracaso.
Al haber quedado sin efecto esas leyes nefastas, que perjudicaron a propietarios e inquilinos la negociación de un alquiler se realiza con la libertad de las partes, y por ello la oferta de propiedades en locación se multiplicó y ahora los inquilinos tienen el verdadero beneficio, fundamentalmente en que los precios de inicio de los contratos está bajando ya que el locatario tiene posibilidades de elegir la vivienda que más se adapte a sus necesidades y presupuesto, o sea la plena vigencia de la ley de oferta y demanda, en la cual el Estado no tiene interferencia alguna, respetándose por fin la voluntad autónoma de las partes.
El autor es delegado de CAPRA Mendoza
